Jon Piechowski, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, pidió transparencia para los inversionistas de su país en el sector energético, ante la nueva reforma eléctrica aprobada el martes en México que prioriza la energía generada por la Comisión Federal de Electricidad.
En conferencia de prensa virtual para analizar los resultados del reciente encuentro entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, el funcionario estadounidense afirmó que el tema de la reforma a la industria eléctrica ha estado presente en las conversaciones de las autoridades de ambos países.
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“Hemos escuchado preocupaciones del sector privado y, aunque respetamos la soberanía de México y el proceso que atraviesa en estos momentos, consideramos que debe haber transparencia para los inversores privados en el sector energético”, subrayó.
Las declaraciones de Piechowski se dieron menos de 24 horas después de que el Senado mexicano aprobara la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la madrugada de este miércoles, para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Las reacciones a la aprobación de la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo han venido desde el exterior.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lamentó la decisión y aseguró que faltó tiempo para discutirla en un segundo parlamento abierto.
“No se nos ha permitido exponer nuestros puntos de vista, llevar argumentos sólidos que tengan ese criterio técnico y económico”, aseveró Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, en el foro virtual Electricidad para el Futuro de México.
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Desde octubre del año pasado, el presidente de la española Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, dijo que la empresa iba a detener todos sus proyectos de inversión nuevos si el gobierno de México no quería que la compañía siguiera invirtiendo en el país.
El Sol de México consultó a Iberdrola, la filial de Sempra Energy, IEnova, y la italiana Enel Green Power, quienes declinaron hacer comentarios sobre la aprobación de la reforma eléctrica.
Durante su conferencia matutina de ayer, López Obrador dijo que los privados que generan energía deberán renegociar sus contratos ante el cambio legislativo. "Básicamente son Iberdrola y unas 10 más, porque está bien concentrado el manejo del mercado eléctrico".
Sin embargo, de acuerdo con cifras del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, hay al menos 28 empresas privadas involucradas en la proveeduría de electricidad.
Tras la aprobación de la reforma, el peso cerró ayer con una depreciación en el tipo de cambio de 1.64 por ciento o 33.9 centavos, para cotizar en 20.99 pesos por dólar en el mercado interbancario, su nivel más alto desde noviembre del año pasado. Además, la moneda nacional se ubicó como la divisa más depreciada en la canasta de principales cruces.
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Una de las razones de esta caída es la elevada percepción de riesgo sobre México, debido a la aprobación de la reforma que representa un riesgo a la baja para la inversión y el crecimiento económico, señaló Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.
Reanuden abasto a Braskem
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Por otro lado, Pemex reactivó el abasto de gas a la empresa Braskem Idesa, que opera la planta Etileno XXI, tras renegociar el contrato entre ambas compañías, lo que permitirá ahorros a la petrolera estatal por 13 mil 749 millones de pesos, informó Octavio Romero, director general de Pemex.
El lunes, Braskem Idesa informó que había firmado un memorando de entendimiento con Pemex en relación con posibles adiciones a un contrato de suministro de etano.
La renegociación del contrato fue realizada después de que el Centro Nacional de Control de Gas Natural suspendió el abasto de la materia prima a Braskem Idesa el 2 de diciembre del año pasado.
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Este lunes, el director general de Pemex dio a conocer que entre los cambios al contrato está que Braskem pague cien por ciento del precio de referencia internacional del gas etano, cuando antes sólo estaba obligada a pagar 70 por ciento.
La empresa privada se hará cargo de los costos de transporte, que antes eran absorbidos por Pemex, y se suprimió una cláusula que obligaba a la empresa del Estado a pagar cinco mil 200 millones de dólares de penalización en caso de terminación anticipada del contrato.
Con información de Juan Luis Ramos
