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La reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada el jueves y la Ley de la Industria Eléctrica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo, violan la Constitución y atentan contra la propiedad privada, el empleo y el desarrollo futuro de México, protestó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El Consejo que preside Carlos Salazar Lomelín y que agrupa a 12 organismos cúpula con más de dos mil asociaciones y que representan 80 por ciento de la economía nacional, indicó que ambas iniciativas cambian sorpresivamente las reglas para los inversionistas La Ley de Hidrocarburos aprobada el jueves en el Senado faculta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para suspender y revocar permisos en toda la cadena de valor de esta industria, así como ocupar locaciones privadas de forma temporal en caso de prever un riesgo a la seguridad nacional, energética y a la economía nacional. La reforma sólo espera su publicación para entrar en vigor.
La Ley de la Industria Eléctrica modifica el orden de despacho de la energía eléctrica, en beneficio de la generación de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), propiedad del Estado, y relegaba la que producen plantas eólicas, solares y de ciclo combinado privadas. La reforma fue suspendida de forma definitiva por un juez federal y suma una serie de amparos, acciones de inconstitucionalidad por parte del Senado y de controversias como la de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Ayer, horas después de que su presidente, Salazar Lomelín acudió a la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el CCE emitió un comunicado para señalar el impacto de la nueva política energética.
“Ya se ha reflejado con una caída de 75 por ciento en la inversión en el sector de energía entre el 2018 y el 2020. Con ello, se perdió la oportunidad de crear más de 200 mil empleos, que habrían contribuido, de manera importante, a enfrentar la actual crisis económica derivada de la pandemia”.
Por ello, exigió al Gobierno federal “entablar una conversación productiva, y anteponer el bien de México frente a las posturas ideológicas”.
Con las reformas a los sectores eléctrico y de hidrocarburos, los mexicanos sufrirán consecuencias por la caída en la inversión, escasez de energía, mayores deudas de las empresas del Estado, mala calidad del aire y problemas de salud derivados de la contaminación, alertó.
