Graciela comenzó a sospechar que era víctima de un fraude luego de que ella y su familia depositaron 90 mil pesos a una supuesta empresa que gestiona trámites para adquirir un inmueble a precios accesibles por medio de un presunto remate bancario.
Ella es una de las miles de personas defraudadas por dos empresas que se constituyen día a día para realizar este tipo de operaciones, con la promesa de entregar una propiedad en una zona inmejorable a un precio accesible y por el que pierden su patrimonio debido a la impunidad para castigar estos ilícitos.
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Graciela relató a El Sol de México cómo ella y sus hermanos Esther y Manuel, decidieron juntar sus ahorros a raíz de la herencia que les dejó su madre tras su fallecimiento.
Luego, su padre y líder de la familia, Manuel Casoluengo Mendez, sufrió un accidente de trabajo, por lo que fue indemnizado con 832 mil 468.96 pesos.
Manuel, su hermano, la convenció para que invirtiera ese dinero en un patrimonio. “No, para qué quieres el dinero en el banco, se te va a hacer porquería, y va a ganar Peña Nieto y nos van a quitar las cuentas”.
“Me empezó a mover y a mover, me dio miedo”, comentó Graciela.
Recordó que a su hermano Manuel, un amigo del trabajo le contó de Integra, una empresa que estaba ahí en Polanco, cerca de Mariano Escobedo”. El conocido aseguró que le entregaron un departamento, a través de un remate bancario por lo que les recomendó invertir su dinero en ese “negocio”.
Movido por la curiosidad, Manuel invirtió con sus recursos en una propiedad para comprobarlo y al ver que también le habían adjudicado la propiedad volvió a intentar convencer a su hermana Graciela.
El 1 de abril del 2015, Graciela decidió contratar los servicios de una empresa llamada "Comercio e Industria Polanco México S.A de C.V" con nombre comercial Integra, representada por María Elizabeth Vargas Martínez, ubicada en ese entonces en la calle de Euler, número 152, piso 5, col. Chapultepec Morales, C.P. 11570, en la delegación Miguel Hidalgo, que se promovía a través de internet como una empresa inmobiliaria que fungía como intermediaria en la cesión y adjudicación de derechos litigiosos de inmuebles y los promocionaba como remates financieros.
El 3 de abril de 2015, Manuel contactó vía telefónica a la empresa Integra para poder hacer el trato por la cesión de derechos litigiosos y adjudicatarios por el inmueble ubicado en la calle Agustín Melgar número 26, departamento 4, planta baja, en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.
Convencida, Graciela accedió a invertir con esta compañía, y tras el primer contacto, empleados de Integra le comunicaron: “Danos los 900 (mil pesos). El inmueble está en Condesa y ya está listo para que lancemos a la persona ya”.
“Mi hermano acudió y les dio una parte para invertir, porque se supone que tienes que poner un depósito en el juzgado quinto de cuantía menor. Les da un adelanto y les va dando más dinero”, detalló Graciela. Ese fue el procedimiento que la empresa les fijó para seguir con el procedimiento.
El 10 de abril de 2015 Graciela se presentó en las oficinas gestoras para realizar el trato por la cantidad de 900 mil pesos y efectuar la cesión de derechos litigiosos y adjudicatarios por el inmueble ubicado en la calle Agustín Melgar 26, departamento 4 planta baja en la colonia Condesa.
En presencia de la abogada Alejandra Rodríguez, una de las empleadas de la empresa Integra, la víctima realizó en las oficinas una transferencia mediante Banamex por la cantidad de 90 mil pesos por concepto de anticipo de la cesión y adjudicación del inmueble a favor de "Comercio e Industria Polanco México S.A de C.V".
Por más de tres meses Graciela realizó visitas y trámites ante notarios y en las mismas oficinas de gestión para poder acceder a la vivienda prometida, sin resultados.
Cada mes, la mujer intentó contactar a la abogada Rodríguez para solicitar avances del proceso, la respuesta eran largas y justificaciones de que no contaban con los documentos del expediente y de que los abogados que llevaban el caso avanzaban conforme al litigio, era información falsa.
Algo similar, vivió su padre Manuel Casoluengo al confiar en otra empresa para poder adquirir una propiedad.
Casoluengo, padre, acudió en diversas ocasiones a las oficinas de la empresa Rabah Rabah con el plazo del contrato ya vencido y, tras entrevistarse con uno de los empleados del lugar identificado como Raúl González Contreras, tampoco ofrecieron respuestas concretas, solo recibos que reiteraban la cantidad dada por él, sin tener respuesta concreta para la fecha de la escrituración y entrega del inmueble.
Luego de intentos fallidos para obtener una vivienda, el papá de Graciela y su hermana, Esther acudieron a poner la denuncia penal contra las empresas Integra y Rabah Rabah ante la agencia del ministerio público y posteriormente los remitieron ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros de la Ciudad de México, donde enfrentaron otro vía crucis.
En esta dependencia, que estaba a cargo en ese momento de María de Lourdes Cardozo Rojas fueron amenazados por presunto lavado de dinero, porque según ella, no tenían bien establecido el origen de su dinero, “nos preguntaron que de dónde lo había sacado, ¿queremos saber de dónde salió ese dinero? o sea que te victimizan otra vez”, contó Graciela.
El Sol de México buscó a Cardozo Rojas, sin poder localizarla dentro de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.
Tras realizar la investigación por su parte y ante las negativas de los supuestos empleados de Integra, puesto que nadie les quería dar información sobre los integrantes de la sociedad, Graciela y su familia lograron dar con un nuevo domicilio donde se encontraban registrados los mismos socios de "Comercio e Industria Polanco México S.A de C.V.", ahora en la nueva dirección de la calle Andrés Bello número 45, Piso 26, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, con una empresa que en ese momento se hacía llamar "Comercializadora de Activos Patrimoniales" o C.A.P. y que continuaba ofreciendo la cesión y adjudicación de inmuebles como una empresa inmobiliaria.
El 20 de julio de 2016 informaron a Graciela que la empresa "Comercio e Industria Polanco México S.A de C.V", con nombre comercial Integra, se había cambiado de domicilio. Tras realizar varias llamadas telefónicas, descubrió que los teléfonos que les proporcionaron ya pertenecían a otra empresa y a otra persona.
Paralelamente, Manuel Casoluengo y su hijo acudieron en diversas ocasiones a las oficinas de Rabah Rabah, siendo atendidos por Raúl González Contreras, a quien se le reclamaba por haber incumplido con el contrato, mencionando éste que se necesitaba redactar una carta al consejo de la empresa para solicitar la devolución del dinero que por concepto de anticipo y liquidación le fue entregada, misma que asciende a la cantidad de 664 mil 667 pesos.
Su hija Esther también decidió realizar una denuncia penal el 9 de septiembre de 2016.
“A mi papá cuando iba al ministerio público a ver los avances, el ministerio público le dijo a unos matones que fueran a la casa, fueron y me dieron una tarjeta y me dijeron ‘vamos a llegar a un arreglo por favor’. Lo único que querían era amedrentar a mi papá para que dejara de chingar y le dijeron ‘si nos sigues chingando te vamos a chingar’”, expuso Graciela.
Luego de la serie de denuncias y procedimientos infructuosos, Graciela platicó que no puede dejar de pensar en todo lo que perdió.
“Tu confías, porque en la persona que te recomienda te dice: ‘yo tengo el departamento’, pero es su modus operandi, que si no se lo dieran a un suertudo es como una lotería, ese no te trae clientes, nadie va a confiar en ellos. Entonces entran como idiotas y más que se te hace una ganga, 900 mil pesos por un departamento en la Condesa, se te hace super barato y como nunca has tenido nada pues quieres poner tu patrimonio ahí”..
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