En lo que va del 2023, el gobierno federal ha desembolsado más de 306 mil 254 millones de pesos para vales de combustibles de vehículos públicos o al servicio de funcionarios, de acuerdo con información del portal de Compranet.
Este monto representa poco más de 80 por ciento de todo lo que dejó de recaudar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el año pasado para evitar los gasolinazos en el país y que representó un total de 373 mil 18 millones de pesos.
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Los 373 mil 18 millones de pesos se dejaron de recaudar porque se dejó de cobrar la cuota del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que se paga en cada litro de gasolina, y también por el estímulo fiscal complementario que dejaron de pagar los proveedores el pasado 4 de marzo.
Los organismos que concentran el mayor número de vales son el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y el Conacyt.
De igual forma figuran las secretarías de Economía (SE), de la Defensa Nacional (Sedena), de Salud (Ssa), Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), de Gobernación (Segob), de Relaciones Exteriores (SRE), y de Educación Pública (SEP).
Hay algunos organismos, como en el caso del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que solicitaron la compra consolidada de estos vales y combustible para desarrollar sus actividades en el interior del país. Por ejemplo, el año pasado la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) justificó que sus gastos de transportación eran necesarios para llevar a cabo las acciones de verificación de precios en diversas épocas del año, conforme a los programas implementados.
En su momento, el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) también aclaró que estos servicios se necesitaban para cumplir con sus tareas de logística, pues en ocasiones también se recibe correspondencia de dependencias o documentación importante.
El principal distribuidor de gasolinas para el servicio público será Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras que los vales correrán a cargo del emisor Edenred, que recientemente también fue autorizada para operar con una división fintech en el país, de acuerdo con Compranet.
GANA EDENRED MÁS DE 2,583 MDP EN CONTRATOS
Aunque en los contratos figuran otros emisores de vales y tarjetas como Efectivale, Edenred será la más beneficiada al acumular acuerdos por un monto de más de dosmil 583 millones de pesos en 2023, según el portal de compras de Compranet.
Esta compañía será la encargada de suministrar tarjetas o monederos electrónicos para que las dependencias o usuarios de los vehículos puedan cargar combustibles en las diferentes gasolineras a nivel nacional.
Dichos plásticos deberán estar fabricados con un material duradero y resistente, al igual que con la impresión de un número de referencia para identificar las transacciones que se realicen y un logo o leyenda que señale que solamente puede utilizarse para la adquisición de gasolina o diésel, según los contratos.
En octubre del año pasado, Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda, aseguró que sin los estímulos fiscales a las gasolinas, la inflación en México sería de 13 por ciento y la tasa de interés referencial rebasaría un nivel del nueve por ciento.
“Estimamos que se evitó una inflación de 13 por ciento, tomando sólo los efectos directos, solo por contener el precio de la gasolina, que incluso pudo llegar a venderse hasta en 35 pesos por litros y no en 22 pesos como actualmente está, dependiendo la gasolina y región”, dijo el funcionario en conferencia de prensa.
Aunque no se trata de un gasto superfluo, las partidas dedicadas a servicios y operaciones de la administración pública federal deben “cuidarse” en medio de las actuales políticas de austeridad republicana, aseguró Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
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El experto dijo a El Sol de México que en la actual administración estas partidas han sido las más afectadas por los recortes presupuestales, algunos de ellos dedicados a contar con recursos para la crisis sanitaria, afectando la operación de algunas dependencias o empleados.
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