/ jueves 13 de junio de 2019

Hereda gobierno actual demanda de Oro Negro

La Secretaría de Economía dará seguimiento al reclamo por la cancelación de contratos que hizo Pemex en la pasada administración

El nuevo gobierno heredó una demanda de la empresa Oro Negro contra México por más de 700 millones de dólares, que presentó al amparo del Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La Secretaría de Economía (SE) confrmó a El Sol de México que está vigente el reclamo a un año de que la empresa notificó el proceso de arbitraje, y a pesar de que la dependencia aún no recibe el escrito de demanda por parte de 31 presuntos inversionistas de la empresa, lo cual, de acuerdo con la dependencia deberá darse "en próximas fechas".

El 19 de junio de 2018, accionistas de la empresa Oro Negro interpusieron la denuncia por 700 millones, más intereses y cualquier costo o gasto asociado, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial con sede en Washington.

A un año de interponer la denuncia, la empresa fundada por Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, hijo y sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, alega que Pemex la indujo en 2015 a aceptar la reducción de las tarifas de arrendamiento en los contratos que le había asignado y a suspender temporalmente algunos de ellos, debido a la caída internacional de los precios del crudo.

Los demandantes, entre los que se encuentran fideicomisos de pensiones, empresas petroleras y firmas inversoras, tanto nacionales como extranjeras, acusaron que en 2017 Pemex canceló los contratos de manera ilegal y anticipada.

Durante los primeros años del sexenio pasado, la compañía rentó plataformas a Pemex (cuando Emilio Lozoya era su director), mediante contratos millonarios.

Foto: EFE

Tras la crisis de los precios internacionales del petróleo, Pemex pidió a sus contratistas renegociar sus precios a cambio de extender contratos, pero al no llegar a un acuerdo con la empresa de Gil White se dio la terminación anticipada de cuatro contratos durante 2017 y desde entonces la empresa se ha enfrascado en demandas contra la petrolera estatal y el gobierno.

La más reciente la interpuso hace unos días en una corte de EU en contra de tenedores de bonos, a quienes les exige mil millones de dólares como indemnización por pérdidas que, acusó, resultaron de su colusión con Pemex para quedarse con el control de cinco plataformas.

La SE señala que Oro Negro inició procedimientos "supuestamente para proteger a sus empleados y acreedores".

A principios de año, Oro Negro fue declarada en concurso mercantil por el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil, y en mayo, se ordenó a la empresa entregar las plataformas. Ese mismo mes, la Corte avaló el concurso con el que la empresa busca reestructurar pasivos, contrario al deseo de los tenedores de bonos.

En el primer trimestre del año un juez federal declaró ilegal la terminación de contratos de Oro Negro por parte de Pemex, aunque la petrolera interpuso recursos de apelación que serán revisados por un tribunal unitario de circuito.

Mientras esto ocurre, Oro Negro tiene pendiente la demanda arbitral internacional contra México, cuya defensa corresponderá a la SE.

La dependencia recordó que ya está constituido el Tribunal Arbitral que llevará el caso, por lo que resta recibir la denuncia escrita por parte de los inversionistas para dar comienzo con los periodos de alegatos y presentación de pruebas.

El nuevo gobierno heredó una demanda de la empresa Oro Negro contra México por más de 700 millones de dólares, que presentó al amparo del Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La Secretaría de Economía (SE) confrmó a El Sol de México que está vigente el reclamo a un año de que la empresa notificó el proceso de arbitraje, y a pesar de que la dependencia aún no recibe el escrito de demanda por parte de 31 presuntos inversionistas de la empresa, lo cual, de acuerdo con la dependencia deberá darse "en próximas fechas".

El 19 de junio de 2018, accionistas de la empresa Oro Negro interpusieron la denuncia por 700 millones, más intereses y cualquier costo o gasto asociado, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial con sede en Washington.

A un año de interponer la denuncia, la empresa fundada por Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, hijo y sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, alega que Pemex la indujo en 2015 a aceptar la reducción de las tarifas de arrendamiento en los contratos que le había asignado y a suspender temporalmente algunos de ellos, debido a la caída internacional de los precios del crudo.

Los demandantes, entre los que se encuentran fideicomisos de pensiones, empresas petroleras y firmas inversoras, tanto nacionales como extranjeras, acusaron que en 2017 Pemex canceló los contratos de manera ilegal y anticipada.

Durante los primeros años del sexenio pasado, la compañía rentó plataformas a Pemex (cuando Emilio Lozoya era su director), mediante contratos millonarios.

Foto: EFE

Tras la crisis de los precios internacionales del petróleo, Pemex pidió a sus contratistas renegociar sus precios a cambio de extender contratos, pero al no llegar a un acuerdo con la empresa de Gil White se dio la terminación anticipada de cuatro contratos durante 2017 y desde entonces la empresa se ha enfrascado en demandas contra la petrolera estatal y el gobierno.

La más reciente la interpuso hace unos días en una corte de EU en contra de tenedores de bonos, a quienes les exige mil millones de dólares como indemnización por pérdidas que, acusó, resultaron de su colusión con Pemex para quedarse con el control de cinco plataformas.

La SE señala que Oro Negro inició procedimientos "supuestamente para proteger a sus empleados y acreedores".

A principios de año, Oro Negro fue declarada en concurso mercantil por el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil, y en mayo, se ordenó a la empresa entregar las plataformas. Ese mismo mes, la Corte avaló el concurso con el que la empresa busca reestructurar pasivos, contrario al deseo de los tenedores de bonos.

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