Durante los dos últimos trimestres del año pasado, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) sólo logró cinco y seis por ciento de sus metas en la venta de inmuebles ofrecidos al público, lo que significó una caída de más de 90 por ciento a lo alcanzado de enero a junio de ese año, de acuerdo con los indicadores de resultados de la institución, con la que el Gobierno federal prometió se iban a recuperar los recursos y bienes decomisados sobre todo al crimen organizado para transferir los recursos a los más pobres.
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La justificación del Indep para no llegar a su meta de colocar al menos 20 por ciento de inmuebles ofrecidos entre julio y diciembre pasado, lo atribuye a la pandemia que “provocó una afectación económica al país, la cual se sigue viendo reflejado en una baja considerable en las ventas”.
Además, destaca que ya se tiene un universo de bienes inmuebles limitado, lo que hace una oferta restringida, causando poco interés entre los compradores. Según el catálogo electrónico, el Indep tiene 238 inmuebles, 48 de tipo comercial, 75 habitacionales, 15 mixtos y 100 terrenos, cuyo valor total asciende a mil 662 millones de pesos con 86 centavos.
El costo por terreno oscila entre los 150 mil y los 900 mil pesos, mientras que el de casas se ofrece entre los 300 mil y hasta los 196 millones 895 mil 414 pesos por una propiedad ubicada en Coyoacán 318.
La situación jurídica en la que se encuentran los inmuebles, según el Indep también los hace difíciles de vender, pues el organismo teme se repita lo sucedido con la venta de siete autos de lujo que fueron subastados en diciembre de 2019 sin haber tenido un fallo judicial, lo que provocó una demanda contra el organismo.
De acuerdo con el organismo público, la caída más prolongada de ventas se registró entre julio y septiembre pasado, cuando sólo se alcanzó 5.8 por ciento de una meta de 20 por ciento de lo ofertado, mientras que para el siguiente trimestre, entre octubre y diciembre del 2022, sólo se registró una recuperación de 0.5 por ciento para llegar a 6.3 por ciento de la meta.
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Incluso, el Instituto reconoce en su informe de resultados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que dadas las condiciones antes mencionadas, el porcentaje de la meta de ventas se tuvo que ajustar a partir del segundo trimestre del año pasado a 23 por ciento, de 75 por ciento que se fijó de enero a marzo, y hasta 20 por ciento a partir del tercer trimestre, y aún así, no se cumplió.
El Indep se creó en enero de 2020 y tres años después el gobierno no ha logrado consolidarlo como estandarte de su política social. De acuerdo con sus datos, en sus dos primeros años de operación, apenas sumó 113.2 millones de pesos en venta de bienes , cifra que representa sólo el 4.2 por ciento del presupuesto que se le asignó (mil 400 millones de pesos en 2020 y mil siete millones en 2021).
Aunque el instituto se presume como autónomo, es administrado por el Gabinete Social de la Presidencia, pues este es el encargado de decidir en qué se gasta el dinero.
Dicho gabinete se conforma por el presidente, así como por los titulares de la Secretaría de Bienestar, Gobernación, Hacienda, Educación, Salud, del Indep, el IMSS, ISSSTE, DIF y de la Comisión Nacional contra las Adicciones.
Subcontratación
Para mejorar las valuaciones de bienes, inmuebles, obras y otros encargos, el Indep firmó un contrato para contar con servicios especializados por un monto superior a los 260 millones de pesos con vigencia hasta 2024.
De acuerdo con Compranet, se trata de una licitación adjudicada a Corporativo SAG, en conjunto con otras cuatro empresas, las cuales deberán proporcionar al Instituto al menos 324 personas para desempeñar dichas funciones, y serán las encargadas de otorgarles prestaciones sociales, como IMSS e Infonavit.
Entre el talento solicitado destacan personas con experiencia en servicios jurídicos relacionados con fideicomisos y contratos análogos; especialistas en enajenación y control de bienes, al igual que en pagos de seguros y bienes asegurados.
Además, el Indep estableció que requiere de servicios especializados en regulación fiscal, contable, cobranza y cartera, así como expertos en concursos mercantiles y liquidaciones de bienes. El documento, con clave de expediente LPNE-0005-2023, agrega que en caso de que se requiera más personal, se deberá“respetar” el presupuesto autorizado por el INDEP al momento de la firma del contrato.
“En efecto, es una subcontratación; el proveedor, en este caso, va a aportar un número de personas, una plantilla laboral, para que entonces cumpla con ciertas actividades del INDEP”, señaló Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La experta comentó a El Sol de México que si bien se trata de una subcontratación permitida por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, existe el riesgo de que el personal previsto por Corporativo SAG carezca de buenas condiciones laborales.
Para Verónica Zepeda, académica de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), la formalización de este contrato puede estar asociada a los principios de austeridad republicana de la actual administración.
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“Dependiendo de la carga de trabajo, podrán contratar más o menos personas para poder sacar en tiempo lo que se esté acordando. Por ejemplo, si yo contrato a un valuador de obras de arte como parte de mi plantilla, a lo mejor no siempre estará desempeñando sus funciones”, precisó la especialista de la EBC.
En el contrato, que comenzó a correr a partir del 1 de febrero pasado y vencerá hasta el 31 de diciembre de 2024, se puntualizó que las empresas también serán las encargadas de proveer uniformes, herramientas y equipo de protección necesario al personal para desempeñar las funciones necesarias dentro del Indep.
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