La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que interpuso un recurso de revisión a la decisión de un juez federal que ordenó descongelar por tiempo indefinido las cuentas de Libre Abordo, una de las dos empresas mexicanas que fueron sancionadas por Estados Unidos tras descubrirse que habían negociado la reventa de petróleo venezolano con el régimen de Nicolás Maduro.
Víctor Octavio Luna Escobedo, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva contra el bloqueo de sus activos al considerar que esta medida precautoria no cumple con los requisitos legales.
Sin embargo, la UIF aclaró que demostró al juzgado en Materia Administrativa que el bloqueo de cuentas se había realizado en razón de una solicitud de asistencia, cooperación y colaboración internacional recibida por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“Se realizó en cumplimiento a diversos compromisos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como en cumplimiento a las recomendaciones 4, 38 y 40 del GAFI”, aclaró la UIF.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, confirmó en junio pasado que se investigaba a Libre Abordo por haber recibido millones de barriles de crudo venezolano bajo un acuerdo de petróleo por alimentos, en una pesquisa coordinada con agencias de Estados Unidos.
La indagatoria se realizó a pedido de la Secretaría de Energía y "por otro lado ha sido de los temas que hemos trabajado de forma coordinada con las agencias norteamericanas (estadounidenses)", agregó el funcionario.
Libre Abordo es una de las empresas mexicanas que el FBI está investigando por estar involucrada en el comercio de petróleo venezolano, según dijeron a Reuters cuatro personas familiarizadas con el asunto. Las otras son Schlager Business Group y Grupo Jomadi Logistics & Cargo.
Autoridades estadounidenses aseguraron a fines de abril que el Departamento de Estado y el del Tesoro investigaron si varias firmas estaban violando las sanciones impuestas a la petrolera estatal venezolana PDVSA en 2019, una campaña de Washington para ahogar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Libre Abordo y su relacionada Schlager Business Group han negado repetidamente tales violaciones, diciendo que su acuerdo de petróleo por alimentos con Venezuela estaba permitido bajo exenciones humanitarias y que el contrato era con una entidad gubernamental que no estaba cubierta por las sanciones.
Desde que comenzaron los envíos de petróleo, Libre Abordo y Schlager recibieron unos 30 millones de barriles de petróleo venezolano, según los documentos de exportación de PDVSA, por lo que Estados Unidos las colocó en su lista negra.
Al confirmarse la investigación y el posterior bloqueo de las cuentas bancarias, Libre Abordo anunció el domingo 31 de mayo su bancarrota tras perder más de 90 millones de dólares.
La firma aseguró que en los últimos meses las dos compañías enfrentaron retos "desproporcionados" que fueron desde la caída de los precios de petróleo, pasando por "campañas de desprestigio" y hasta la presión que "el gobierno de Estados Unidos ha ejercido para detener nuestras operaciones".
Los acuerdos de Libre Abordo y Schlager han sido un salvavidas para Maduro, cuya administración lucha para pagar por importaciones desde alimentos hasta medicinas, en medio de una aguda crisis económica y el desplome del barril de crudo, su principal fuente de divisas.
Desde 2016, la administración de Maduro distribuye alimentos subsidiados, mayormente importados, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa creado para combatir la escasez de comida, que ha sido señalado por corrupción, una acusación negada desde Caracas.
Por ello, México también se encuentra investigando a 25 personas y empresas del país y Venezuela acusadas de especular con la venta de alimentos bajo este programa.
La UIF presentó tres denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y congeló las cuentas bancarias de 19 empresas "relacionadas con el lavado de dinero de Venezuela en México", dijo Santiago Niego, tras reabrir el caso luego de que, a fines de 2018, el gobierno saliente acordara una compensación con los señalados en el entramado.
||Con información de Reuters||
Te recomendamos el podcast ⬇️
