Estados Unidos dio un respiro a la pesca mexicana, luego de que el gobierno del presidente Joe Biden rechazó temporalmente imponer sanciones comerciales a México por la falta de combate a la pesca ilegal y propuso una vía de colaboración para encontrar soluciones a la problemática que se vive en el Alto Golfo de California.
Así lo consideró Oceana, organización internacional que se dedica a la protección de los océanos, cuyas ejecutivas puntualizaron que México tendrá un año para demostrar que se toman las acciones necesarias para detener la pesca ilegal de totoaba y proteger a la vaquita marina.
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De lo contrario, Estados Unidos podría imponer sanciones que perjudicarían especialmente a las y los pescadores legales.
Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana en México, dijo que Estados Unidos tomó la decisión correcta al no imponer sanciones comerciales. Esta es una buena noticia para el sector pesquero y para los mares mexicanos.
Refirió que hace unas semanas integrantes de Oceana se reunieron con autoridades estadounidenses a quienes expresaron que los embargos no son medidas óptimas para combatir la pesca ilegal.
En cambio, presentaron propuestas que contribuyen a reducirla y evitar el impacto social negativo de las sanciones comerciales que sólo perjudican a quienes sí cumplen con las reglas.
“Atender la problemática de pesca ilegal en México es un reto colectivo y requiere de un compromiso firme por parte de la autoridad mexicana, así como de la apertura y disposición de trabajar de la mano con la sociedad civil y con el sector pesquero legal”, dijo Terrazas.
En este sentido, dijo que muchos de los pescadores de este sector ya desarrollan alternativas para seguir en esta actividad.
Y Mariana Aziz, directora de Transparencia de Oceana en México, señaló que el plazo de un año que dio el gobierno de Estados Unidos a México para demostrar avances en el combate a la pesca ilegal “debe servir para que la autoridad restablezca y expanda el sistema de monitoreo satelital de embarcaciones que está en pausa desde enero”.
Además, que se apruebe la Norma Oficial Mexicana de Trazabilidad, que lleva más de dos años detenida.
Consideró impostergable que se tomen estas medidas que otorgan certeza y transparencia sobre quién pesca, en dónde y cómo. “Esto permite saber quién respeta las normas y quién no”.
Además, ayudarían a que las y los pescadores legales trabajen en condiciones justas y tengan acceso a los mercados internacionales que cada vez más exigen que se demuestre el origen legal de los productos pesqueros, dijo Mariana Aziz.
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