Este 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentará el Paquete Económico 2023 al Congreso de la Unión, el cual contiene las proyecciones de gastos e ingresos que tendrá el gobierno durante el próximo año.
Este documento, elaborado por la propia dependencia, también incluye las principales variables macroeconómicas del país, como crecimiento económico, inflación, tasa de interés, al igual que el precio de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) y estimado de producción petrolera nacional.
Previo a su presentación, la SHCP estima estas variables en los Precriterios Generales de Política Económica, los cuales son presentados en abril y ofrecen un panorama actual sobre la economía nacional.
De acuerdo con este documento, el crecimiento previsto para 2022 es de 3.4 por ciento y para 2023 se proyecta una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 3.5 por ciento, derivado de las obras de infraestructura implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y una mejora del mercado laboral.
Para el próximo año se prevén ingresos por seis billones 501 mil millones de pesos, un incremento de 21.9 por ciento frente a lo aprobado para 2022, así como un gasto de siete billones 384 mil millones de pesos, mayor en 25.1 por ciento respecto a lo autorizado para 2022.
Estos recursos provendrán del cobro de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, ingresos derivados de financiamientos, así como por la venta de bienes y prestación de servicios, de acuerdo con la SHCP.
En materia energética, el costo de la MME se proyectó en 92.9 dólares por barril para 2022, con una plataforma de producción de 1,820 millones de barriles por día, y en 2023 de 61.1 dólares por barril, con 1,851 millones de barriles diarios.
Una vez presentado el Paquete Económico 2023, las Cámaras de Diputados y Senadores tendrán hasta el 20 y 31 de octubre, respectivamente, para analizarlo, discutirlo y aprobarlo.
Durante este proceso se pueden proponer aumentos o reducciones en gastos de las dependencias, programas sociales o algunos proyectos de infraestructura o desarrollo.
Posteriormente, la Cámara de Diputados tendrá hasta el 15 de noviembre para dar el visto bueno al documento final y eventualmente hacer pública su aprobación.
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