/ jueves 30 de julio de 2020

Pasarán a la pobreza 49.5 millones de personas en México al terminar 2020: CEPAL

Alicia Bárcena, secretaria general de la CEPAL señaló que el país tendrá una pérdida de un millón de empleos por la pandemia

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que la pobreza en México incrementará en 7.6 por ciento en este año al pasar de 41.9 millones de personas en 2019 a 49.5 millones de personas en 2020, mientras que la pobreza extrema crecerá 6.3 por ciento, al crecer de 11.6 millones a 17.4 millones y esto va a estar relacionado con la pérdida del empleo.

“El empleo es un efecto muy fuerte en México y vamos a tener una pérdida de un millón de empleos y esto representan 4.9 por ciento respecto del inicio del año y el mes más crítico fue en abril. Anticipamos un cambio en la tendencia en el empleo formal”, dijo Alicia Bárcena, secretaria general de la CEPAL.

En video conferencia de prensa desde Washington, donde se presentó el informe conjunto de "Salud Economía: una convergencia necesaria para enfrentar el Covid-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe", Alicia Bárcena indicó que se crearon 37 mil empleos en el sector salud debido a que “este gobierno recibió con un déficit muy alto en el sector salud amplificar y ampliar nuevas contrataciones a la plantilla del sector salud”.

“Esto es muy importante porque amplió la capacidad del IMSS, del ISSSTE, del Insabi, hospitales privados y de las fuerzas armadas. La expectativa es que si se pueda revertir con la creación de empleos”, señaló la funcionaria

Cinco medidas para garantizar un ingreso básico

A fin de enfrentar la mayor crisis económica y social en un siglo en América Latina y el Caribe por Covid-19, donde el retroceso en los niveles de pobreza será de 14 años y una década en el ingreso per capita, la CEPAL y la Organización Panamericana de la Salud propusieron a los gobiernos impulsar cinco medidas para garantizar un ingreso básico de 143 dólares por seis meses para los más pobres, un bono adicional contra el hambre para los que están en extrema pobreza de 67 dólares, un programa de apoyo de emergencia a las mipymes y políticas fiscales y acceso a financiamiento.

Esta crisis “exigirá nuevos pactos sociales y fiscales”, dijo Alicia Bárcena.

Bárcena y Carissa Etienne, directora de la OPS coincidieron en que lo más importante es reconocer el impacto de la crisis.

“No hay dilema entre economía y salud, primero es la salud”, en la reapertura de las actividades en medio de la pandemia por el nuevo virus de SARS CoV2, afirmó Alicia Bárcena.

En su exposición dijo que en medio de la pandemia las familias incrementaron su gasto en salud y los datos muestran que 95 millones de personas invierten en gasto catastrófico y de ellos 12 millones están en riesgo de empobrecer.

Mientras que se prevé que habrá 44 millones de desempleados y aumenta el riesgo del cierre de 2.7 millones de empresas formales.

Recordó que en la región 158 millones de trabajadores informales se han podido registrar que representan 54 por cierto de los formales lo que los expone aún más al despido o reducción salarial, en particular a las mujeres y a los trabajadores domésticas.

Los riesgos de crisis alimentaria es para más de 96 millones de personas en situación de pobreza extrema, 11.8 por ciento ubicados en las zonas urbanas y 29 por ciento en áreas rurales.

Al presentar las cinco propuestas dijo que se requiere garantizar un ingreso básico de emergencia por seis meses a toda la población en pobreza complementando con un bono contra el hambre a toda la población en extrema pobreza.

La segunda es generar una política social universal, “progresiva y distributiva”.

Ampliar plazos y períodos de gracia en los créditos a Mipymes, especialmente las que producen alimentos, y crear acciones para el cofinanciamiento parcial de la nómina salarial.

“Políticas fiscales y monetarias expansivas que sostengan un periodo más largo, que será estructural, con instrumentos no convencionales”, y acceso a financiamiento en condiciones favorables para países de renta media.

Indicó que sólo 26 por ciento de los trabajadores en la región tienen posibilidades de hacer teletrabajo desde casa por las dificultades de acceso a internet.

Carissa Etienne, directora de la OPS insistió en que “si no controlamos la pandemia la recuperación es inconcebible”.

Dijo que si bien cada país deberá responder en su contexto, enfrentar la emergencia económica y social “exige liderazgo y reconocer la crisis”.

Sugirió que crear un sistema universal de salud y protección social será la forma de protección social más adecuada para los más pobres y quienes están en la informalidad.



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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que la pobreza en México incrementará en 7.6 por ciento en este año al pasar de 41.9 millones de personas en 2019 a 49.5 millones de personas en 2020, mientras que la pobreza extrema crecerá 6.3 por ciento, al crecer de 11.6 millones a 17.4 millones y esto va a estar relacionado con la pérdida del empleo.

“El empleo es un efecto muy fuerte en México y vamos a tener una pérdida de un millón de empleos y esto representan 4.9 por ciento respecto del inicio del año y el mes más crítico fue en abril. Anticipamos un cambio en la tendencia en el empleo formal”, dijo Alicia Bárcena, secretaria general de la CEPAL.

En video conferencia de prensa desde Washington, donde se presentó el informe conjunto de "Salud Economía: una convergencia necesaria para enfrentar el Covid-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe", Alicia Bárcena indicó que se crearon 37 mil empleos en el sector salud debido a que “este gobierno recibió con un déficit muy alto en el sector salud amplificar y ampliar nuevas contrataciones a la plantilla del sector salud”.

“Esto es muy importante porque amplió la capacidad del IMSS, del ISSSTE, del Insabi, hospitales privados y de las fuerzas armadas. La expectativa es que si se pueda revertir con la creación de empleos”, señaló la funcionaria

Cinco medidas para garantizar un ingreso básico

A fin de enfrentar la mayor crisis económica y social en un siglo en América Latina y el Caribe por Covid-19, donde el retroceso en los niveles de pobreza será de 14 años y una década en el ingreso per capita, la CEPAL y la Organización Panamericana de la Salud propusieron a los gobiernos impulsar cinco medidas para garantizar un ingreso básico de 143 dólares por seis meses para los más pobres, un bono adicional contra el hambre para los que están en extrema pobreza de 67 dólares, un programa de apoyo de emergencia a las mipymes y políticas fiscales y acceso a financiamiento.

Esta crisis “exigirá nuevos pactos sociales y fiscales”, dijo Alicia Bárcena.

Bárcena y Carissa Etienne, directora de la OPS coincidieron en que lo más importante es reconocer el impacto de la crisis.

“No hay dilema entre economía y salud, primero es la salud”, en la reapertura de las actividades en medio de la pandemia por el nuevo virus de SARS CoV2, afirmó Alicia Bárcena.

En su exposición dijo que en medio de la pandemia las familias incrementaron su gasto en salud y los datos muestran que 95 millones de personas invierten en gasto catastrófico y de ellos 12 millones están en riesgo de empobrecer.

Mientras que se prevé que habrá 44 millones de desempleados y aumenta el riesgo del cierre de 2.7 millones de empresas formales.

Recordó que en la región 158 millones de trabajadores informales se han podido registrar que representan 54 por cierto de los formales lo que los expone aún más al despido o reducción salarial, en particular a las mujeres y a los trabajadores domésticas.

Los riesgos de crisis alimentaria es para más de 96 millones de personas en situación de pobreza extrema, 11.8 por ciento ubicados en las zonas urbanas y 29 por ciento en áreas rurales.

Al presentar las cinco propuestas dijo que se requiere garantizar un ingreso básico de emergencia por seis meses a toda la población en pobreza complementando con un bono contra el hambre a toda la población en extrema pobreza.

La segunda es generar una política social universal, “progresiva y distributiva”.

Ampliar plazos y períodos de gracia en los créditos a Mipymes, especialmente las que producen alimentos, y crear acciones para el cofinanciamiento parcial de la nómina salarial.

“Políticas fiscales y monetarias expansivas que sostengan un periodo más largo, que será estructural, con instrumentos no convencionales”, y acceso a financiamiento en condiciones favorables para países de renta media.

Indicó que sólo 26 por ciento de los trabajadores en la región tienen posibilidades de hacer teletrabajo desde casa por las dificultades de acceso a internet.

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