/ miércoles 5 de mayo de 2021

Pese a pandemia, no se disparó deuda de estados y municipios

Al cierre de 2020, la deuda de las entidades federativas y municipios ascendió únicamente 2 por ciento a tasa anual, de acuerdo con el Imco

Al cierre de 2020, la deuda de estados y municipios aumentó dos por ciento a tasa anual. Esto fue menor a lo registrado en los años de las crisis económicas de 1994 y de 2009, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

“A pesar de la profunda crisis económica, la deuda en los estados y municipios aumentó únicamente dos por ciento en términos reales en comparación con 2019. Este es un escenario atípico en comparación con otras crisis registradas en México como la de 1994 y 2009, en donde la deuda creció 45 por ciento y 20 por ciento, respectivamente”, enfatizó el organismo liderado por Valeria Moy.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la deuda pública de los estados, municipios y sus organismos ascendió a 637 mil 275 millones de pesos, es decir, 33 mil 467 millones de pesos más que en 2019.

En entrevista con El Sol de México, Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del Imco, detalló que la deuda subnacional, es decir, las obligaciones de pago que tienen los estados y municipios, creció más de cuatro veces en términos reales desde que inició el registro, en 1993.

Explicó que la deuda se ha incrementado a distintos ritmos con el paso del tiempo. Entre 1993 y 2006, detalló, el incremento promedio de la deuda local fue de seis por ciento cada año, mientras que entre 2006 y 2011 se ubicó en 15 por ciento.

Entre 2012 y 2019, añade, el promedio se redujo a seis por ciento anual.

El también fundador de Bloomsbury Policy Group explicó que la desaceleración en la contratación de la deuda es consecuencia de una mayor conciencia por parte de los gobiernos locales y estatales, así como por la correcta aplicación de la Ley de Disciplina Financiera, el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a lo que se suma la información recopilada en el Registro Público Único que fija topes de endeudamientos para los estados.

Por separado, Christopher Cernichiaro, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), recordó que desde 2016 se creó la Ley de Disciplina Financiera para establecer techos e indicadores de alerta, que a través de un semáforo permite observar la evolución de los préstamos y si las entidades o municipios están poniendo en riesgo sus finanzas.

El especialista recordó que entre 2008 y 2016, la deuda pública como porcentaje de las economías estatales pasó de 1.5 por ciento a 3.2 por ciento.

Cernichiaro Reyna consideró que será hasta el cierre de este año cuando se pueda medir el impacto en el endeudamiento de los estados, ya que durante 2020 las entidades recibieron menos recursos para pedir préstamos y hubo factores como las elecciones que no permitieron a los gobiernos contratar deuda a corto plazo.

"Que entren las nuevas administraciones y a ver qué hacen, será decisión de cada estado si agarro o no agarro (deuda)", comentó.

Para Lía Álvarez, investigadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, “sería muy irresponsable por parte de las entidades y municipios” adquirir deuda tras ganar las elecciones de 2021, “considerando que aún no sabemos cuál va a ser la recuperación que vamos a tener al finalizar el año, aunque Hacienda estima un rebote superior a cinco por ciento”.

Añadió que los estados y municipios no incrementaron su nivel de deuda porque los recursos que reciben vía transferencias de la Federación disminuyeron 7.7 por ciento y normalmente se utilizan para adquirir estos financiamientos.

En el primer trimestre de 2021, estas transferencias se redujeron 3.3 por ciento. Lía Álvarez también mencionó que un punto central será conocer a qué se destinaron los recursos, ya que actualmente “se conocen los montos, pero no el destino”.

En este sentido, expresó que existe una oportunidad para legislar en materia de transparencia para obligar a los gobiernos a hacer público en qué se gasta la deuda y no sólo las cantidades.

La especialista añadió que más allá de la capacidad de endeudamiento de los estados y municipios es necesario mejorar su recaudación de impuestos para incrementar los recursos que tienen disponibles para gastar, con el objetivo de reducir su dependencia al endeudamiento y a las transferencias federales.

“Porque además, confiadas a sus transferencias (las entidades y municipios) no hacen el esfuerzo que deben en incrementar los ingresos propios para tener un menor endeudamiento como es mejorar el cobro de tenencia o de predial”.

¿Cómo se reparte la deuda?

En su análisis, el Imco detalla que el incremento de la deuda subnacional se debe a los estados y no a los municipios, toda vez que éstos son los que representan 87 por ciento del total, seguidos de 6.5 por ciento de sus entes públicos estatales, y el resto corresponde a los municipios.

También da cuenta que los bancos privados son la principal fuente de financiamiento, al aportar 63 por ciento del total, seguida de la banca de desarrollo que prestó una tercera parte y algunas emisiones bursátiles, que fueron hechas principalmente por la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Chihuahua y Chiapas. euda pública debe permanecer como un instrumento de financiamiento que, bien utilizado, mejoraría las condiciones de vida de las personas”, refirió.

Al cierre de 2020, la deuda de estados y municipios aumentó dos por ciento a tasa anual. Esto fue menor a lo registrado en los años de las crisis económicas de 1994 y de 2009, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

“A pesar de la profunda crisis económica, la deuda en los estados y municipios aumentó únicamente dos por ciento en términos reales en comparación con 2019. Este es un escenario atípico en comparación con otras crisis registradas en México como la de 1994 y 2009, en donde la deuda creció 45 por ciento y 20 por ciento, respectivamente”, enfatizó el organismo liderado por Valeria Moy.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la deuda pública de los estados, municipios y sus organismos ascendió a 637 mil 275 millones de pesos, es decir, 33 mil 467 millones de pesos más que en 2019.

En entrevista con El Sol de México, Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del Imco, detalló que la deuda subnacional, es decir, las obligaciones de pago que tienen los estados y municipios, creció más de cuatro veces en términos reales desde que inició el registro, en 1993.

Explicó que la deuda se ha incrementado a distintos ritmos con el paso del tiempo. Entre 1993 y 2006, detalló, el incremento promedio de la deuda local fue de seis por ciento cada año, mientras que entre 2006 y 2011 se ubicó en 15 por ciento.

Entre 2012 y 2019, añade, el promedio se redujo a seis por ciento anual.

El también fundador de Bloomsbury Policy Group explicó que la desaceleración en la contratación de la deuda es consecuencia de una mayor conciencia por parte de los gobiernos locales y estatales, así como por la correcta aplicación de la Ley de Disciplina Financiera, el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a lo que se suma la información recopilada en el Registro Público Único que fija topes de endeudamientos para los estados.

Por separado, Christopher Cernichiaro, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), recordó que desde 2016 se creó la Ley de Disciplina Financiera para establecer techos e indicadores de alerta, que a través de un semáforo permite observar la evolución de los préstamos y si las entidades o municipios están poniendo en riesgo sus finanzas.

El especialista recordó que entre 2008 y 2016, la deuda pública como porcentaje de las economías estatales pasó de 1.5 por ciento a 3.2 por ciento.

Cernichiaro Reyna consideró que será hasta el cierre de este año cuando se pueda medir el impacto en el endeudamiento de los estados, ya que durante 2020 las entidades recibieron menos recursos para pedir préstamos y hubo factores como las elecciones que no permitieron a los gobiernos contratar deuda a corto plazo.

"Que entren las nuevas administraciones y a ver qué hacen, será decisión de cada estado si agarro o no agarro (deuda)", comentó.

Para Lía Álvarez, investigadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, “sería muy irresponsable por parte de las entidades y municipios” adquirir deuda tras ganar las elecciones de 2021, “considerando que aún no sabemos cuál va a ser la recuperación que vamos a tener al finalizar el año, aunque Hacienda estima un rebote superior a cinco por ciento”.

Añadió que los estados y municipios no incrementaron su nivel de deuda porque los recursos que reciben vía transferencias de la Federación disminuyeron 7.7 por ciento y normalmente se utilizan para adquirir estos financiamientos.

En el primer trimestre de 2021, estas transferencias se redujeron 3.3 por ciento. Lía Álvarez también mencionó que un punto central será conocer a qué se destinaron los recursos, ya que actualmente “se conocen los montos, pero no el destino”.

En este sentido, expresó que existe una oportunidad para legislar en materia de transparencia para obligar a los gobiernos a hacer público en qué se gasta la deuda y no sólo las cantidades.

La especialista añadió que más allá de la capacidad de endeudamiento de los estados y municipios es necesario mejorar su recaudación de impuestos para incrementar los recursos que tienen disponibles para gastar, con el objetivo de reducir su dependencia al endeudamiento y a las transferencias federales.

“Porque además, confiadas a sus transferencias (las entidades y municipios) no hacen el esfuerzo que deben en incrementar los ingresos propios para tener un menor endeudamiento como es mejorar el cobro de tenencia o de predial”.

¿Cómo se reparte la deuda?

En su análisis, el Imco detalla que el incremento de la deuda subnacional se debe a los estados y no a los municipios, toda vez que éstos son los que representan 87 por ciento del total, seguidos de 6.5 por ciento de sus entes públicos estatales, y el resto corresponde a los municipios.

También da cuenta que los bancos privados son la principal fuente de financiamiento, al aportar 63 por ciento del total, seguida de la banca de desarrollo que prestó una tercera parte y algunas emisiones bursátiles, que fueron hechas principalmente por la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Chihuahua y Chiapas. euda pública debe permanecer como un instrumento de financiamiento que, bien utilizado, mejoraría las condiciones de vida de las personas”, refirió.

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