/ martes 24 de noviembre de 2020

Política energética de AMLO cierra la puerta a IP: HR Ratings

El gobierno federal busca una soberanía energética mediante el fortalecimiento de la CFE y Pemex para que puedan operar sin necesidad de algún capital privado, nacional o extranjero

La política energética del gobierno federal, que pretende dar ventajas competitivas a Pemex, representa un obstáculo para la inversión del sector privado en esta rama, alertó la calificadora HR Ratings.

Una de las principales apuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador es lograr una soberanía energética mediante el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex para que puedan operar sin necesidad de algún capital privado, nacional o extranjero.

Durante esta enmienda se han presentado diversas trabas para compañías que buscan obtener permisos ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pues existe un retraso para contar con estas licencias o les requieren documentos adicionales para trabajar.

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En un análisis, HR Ratings destacó que las pérdidas financieras de Pemex en el tercer trimestre del año son resultado de los bajos niveles de ventas o el precio de energéticos, lo que a su vez refleja una aportación negativa al Estado.

Sobre los volúmenes de venta, subrayó que este retroceso está relacionado no únicamente al entorno macroeconómico actual, sino también a una pérdida de participación en el mercado nacional.

Foto: Especial

Agregó que, aun suponiendo que la demanda regrese a los niveles anteriores a la pandemia, una recuperación “relevante” para Pemex podría requerir que la empresa ya no pierda más terreno frente a los particulares.

“Si se considera que la prioridad de la administración actual es la refinación o procesamiento interno de crudo, y que Pemex necesita ser competitivo a nivel internacional frente a refinerías internacionales, se abre la posibilidad de políticas cada vez más agresivas cuyo objetivo final sería cerrar el mercado nacional a competidores privados”, sentenció HR Ratings.

Para Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el hecho de fortalecer a las empresas productivas del estado no significa que se tenga que desproteger o detener a la inversión privada.





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La política energética del gobierno federal, que pretende dar ventajas competitivas a Pemex, representa un obstáculo para la inversión del sector privado en esta rama, alertó la calificadora HR Ratings.

Una de las principales apuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador es lograr una soberanía energética mediante el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex para que puedan operar sin necesidad de algún capital privado, nacional o extranjero.

Durante esta enmienda se han presentado diversas trabas para compañías que buscan obtener permisos ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pues existe un retraso para contar con estas licencias o les requieren documentos adicionales para trabajar.

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En un análisis, HR Ratings destacó que las pérdidas financieras de Pemex en el tercer trimestre del año son resultado de los bajos niveles de ventas o el precio de energéticos, lo que a su vez refleja una aportación negativa al Estado.

Sobre los volúmenes de venta, subrayó que este retroceso está relacionado no únicamente al entorno macroeconómico actual, sino también a una pérdida de participación en el mercado nacional.

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Agregó que, aun suponiendo que la demanda regrese a los niveles anteriores a la pandemia, una recuperación “relevante” para Pemex podría requerir que la empresa ya no pierda más terreno frente a los particulares.

“Si se considera que la prioridad de la administración actual es la refinación o procesamiento interno de crudo, y que Pemex necesita ser competitivo a nivel internacional frente a refinerías internacionales, se abre la posibilidad de políticas cada vez más agresivas cuyo objetivo final sería cerrar el mercado nacional a competidores privados”, sentenció HR Ratings.

Para Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el hecho de fortalecer a las empresas productivas del estado no significa que se tenga que desproteger o detener a la inversión privada.





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