El Programa de Recompensas que ofrece la Fiscalía General de la República (FGR) para la captura de capos de la droga, secuestradores o tratantes de personas está al borde de la extinción.
Y es que el dinero para pagarlas sale del Mandato de Administración para Recompensas de la Fiscalía, uno de los instrumentos jurídicos eliminados por decreto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
El pasado 2 de abril, el titular del Ejecutivo publicó un decreto para extinguir todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que cualquier entidad o dependencia de la Administración Pública Federal funja como unidad responsable o mandante.
La disposición presidencial deja a salvo los instrumentos jurídicos constituidos por mandato de ley o decreto legislativo, los que sirven como mecanismos de deuda pública o los que tienen como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones. El Programa de Recompensas de la Fiscalía no entra en ninguno de los tres supuestos.
El fundamento jurídico de este programa es el artículo 19, fracción XIII, de la Ley Orgánica de la FGR, que establece que la dependencia tiene facultades para ofrecer y entregar recompensas; y el artículo 37 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que indica que “la autoridad podrá ofrecer recompensa” a quienes auxilien para la localización y aprehensión de los integrantes de dichas organizaciones, sin que esto sea una obligación.
Ninguna ley o decreto legislativo ordena explícitamente la constitución específica del Mandato de Administración para Recompensas de la Fiscalía, a través del cual se ofrecen las gratificaciones.
Al cierre del año pasado, la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero contaba con una bolsa de 287 millones 47 mil 464 pesos para repartir recompensas, indica el informe trimestral más actualizado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso de la Unión.
Actualmente, el Programa de Recompensas ofrece montos millonarios para quien aporte información para la captura de capos de la talla de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mecho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, o de Ismael El Mayo Zambada, del Cártel de Sinaloa. Por cada uno, la Fiscalía ofrece 30 millones de pesos.
A través de este programa, la dependencia también promete gratificaciones de millón y medio de pesos a quien brinde información para dar con la localización de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014, así como de otras víctimas privadas de la libertad.
Programa casi obsoleto
El Programa de Recompensas inició en febrero de 2006 con el fin de que la entonces Procuraduría General de la República se allegara de información relevante para integrar sus investigaciones y capturar a probables responsables de delitos graves.
Con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de México, y su guerra contra el narcotráfico, se establecieron acuerdos específicos de recompensa para ofrecer dinero a quien proporcionara información útil para detener a delincuentes de alta peligrosidad implicados en delitos contra la salud, secuestro, lavado de dinero y trata de personas.
Desde entonces, el Programa ha ofrecido recompensas económicas a quien aportara pistas para localizar a capos de la talla de Joaquín El Chapo Guzmán o incluso de políticos como el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Por el primero, la FGR llegó a ofrecer 60 millones de pesos tras su segunda fuga, mientras que por el segundó prometió 15 millones.
Sin embargo, el programa de recompensas parece no ser atractivo para los posibles informantes, quizá por temor a sufrir represalias. De acuerdo con la respuesta de la FGR a una solicitud de información, entre enero de 2012 y diciembre de 2018, la dependencia no desembolsó dinero en el pago de recompensas.
Para este año, el último informe trimestral entregado por la SHCP al Congreso revela que solo salieron 11.5 millones de pesos del Mandato de Administración para Recompensas de la Fiscalía.
FIDEICOMISOS AFECTADOS
Al cierre de 2019, el gobierno federal tenía un universo total de 338 fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y actos jurídicos análogos que representaban una bolsa de 740 mil 572.7 millones de pesos. De este monto, 88% de los recursos se concentraba en apenas 25 actos jurídicos.
Sin embargo, de acuerdo con López Obrador, su decreto solo aplicaría a 281 fondos con recursos de 250 mil a 300 mil millones de pesos. Este dinero pasaría a concentrarse en la Tesorería de la Federación.
El que el gobierno eche mano de este dinero tiene tres implicaciones, de acuerdo con el analista de riesgo político Carlos Ramírez.
En primer lugar, existe una implicación jurídica porque la extinción de cada uno de los fideicomisos descobijará a alguien o algo para lo cual fueron puntualmente creados.
Después existe un tema económico, porque “el gobierno se apropia de 300 mil millones de pesos de golpe para un objetivo supuestamente vinculado a la emergencia sanitaria pero que deja muchas dudas de si realmente ese dinero se va a utilizar para la emergencia”.
“O más bien, que es lo más probable, es para cubrir un hueco fiscal que tiene el gobierno federal a raíz de la caída de la recaudación y el desplome de los precios del petróleo”, considera el especialista.
Finalmente, Ramírez ve una implicación política. “Me temo que es una señal de un presidente que no tiene límites… y que toma decisiones que en el pasado nadie se había atrevido a hacer”.
Esta clase de decisiones, agrega el analista, minan la confianza de los inversionistas, que es justo lo que el país hoy más requiere. “Esto se llama falta de certeza jurídica, es un Presidente que gobierna a golpe de decretazo o de consultas ilegales”.
Con información de Elena Michel
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