David Colmenares Páramo auditor Superior de la Federación, presentó el informe de la auditoría correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, en la que da a conocer que existe un monto por aclarar al gasto federalizado programable por 4 mil millones de pesos.
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En las principales observaciones, dijo que el monto observado en las auditorías realizadas al gasto federalizado programable, para la segunda entrega de los informes individuales de auditoría de la Cuenta Pública 2020, el monto observado ascendió a 4 mil 241.1 millones de pesos (mdp), este, se integra de un monto por aclarar de 4,004.9 millones de pesos y 236.2 millones de pesos de recuperaciones operadas.
Del monto por aclarar de 4,004.9 millones de pesos, se emitieron 201 pliegos de observaciones por 3,721.9 mdp (92.9%) y 23 solicitudes de aclaración por 283.0 mdp (7.1%).
Señala, que "este importe está sujeto a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para tal fin o, en su caso, a la recuperación de los montos".
Para la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 se tenían previstas mil 523 auditorías, pero en agosto de este año añadieron 100 revisiones, es decir, la programación vigente consta de mil 623 auditorías.
Del total de auditorías programadas, dijo que hoy presentaron 625 revisiones concluidas que se suman a las 125 presentadas el 30 de junio, con lo cual se totalizan 750 auditorías, que equivalen a más de 46% con respecto al total incluido en el Programa Anual, del cual se dará cuenta en su totalidad en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior en febrero próximo.
Estas 625 auditorías están distribuidas entre las de Gasto Federalizado, que incluye a los Estados y municipios, las de Cumplimiento Financiero y las de Desempeño.
Se practicaron 143 revisiones a instancias federales, de las cuales una corresponde al Poder Judicial, 135 al Poder Ejecutivo, tres a Órganos Autónomos y cuatro a universidades autónomas.
Por su parte las revisiones a instancias locales suman 482, distribuidas de la siguiente forma: 230 a entidades federativas; 101 a municipios y alcaldías de la Ciudad de México; 67 a Universidades Estatales (Tecnológicas y Politécnicas) y 84 a otras entidades locales (32 a Congresos Estatales; 12 a Poderes Judiciales Locales; 27 a los Colegios de Bachilleres Estatales,12 a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia Estatales y una al Organismo Público Descentralizado local denominado Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México).
Hay 4 auditorías a entes que no habían sido revisados en más de cinco años, referemtes a las auditorías a la Casa de la Moneda, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y a los municipios de Sonora y Zinacantán, Chiapas.
En el caso de la estrategia de fiscalización del gasto federalizado, por primera vez se auditaron a las universidades tecnológicas y politécnicas, así como a los colegios de bachilleres locales, que reciben recursos del subsidio U006.
El auditor señaló que el fin institucional es salvaguardar la correcta ejecución de los recursos públicos y ello tiene repercusiones positivas directas en el buen funcionamiento de los entes públicos y, por ende, en la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, y en la calidad de los bienes y servicios que se proveen en los tres órdenes de gobierno.
"Cuando se subraya el carácter técnico de la fiscalización, podría interpretarse que se trata de un ejercicio paralelo o tecnocrático a la realidad cotidiana de las y los ciudadanos. No es así, porque los efectos de la fiscalización superior inciden positivamente en el correcto uso de los recursos públicos".
El auditor llamó a los legisladores para que tengan más evidentemente para la aplicación de sanciones y el combate a la impunidad porque para la ASF es prioritario el fortalecimiento de las capacidades y la coordinación con las instancias responsables de la procuración e impartición de justicia.
"Justamente aprovecho este espacio para presentarles la más reciente innovación en materia tecnológica de la ASF. Se trata del 'laboratorio de análisis de resultados del gasto federalizado', que consiste en un sistema orientado a simplificar el acceso de los resultados de la fiscalización superior al gasto federalizado.
Esto, a través de la cual, de manera paulatina, se podrán consultar, comparar y obtener datos estadísticos respecto a la asignación, ministración y ejecución de los recursos de origen federal en los entes que conforman el sistema subnacional de gobierno.
El gasto federalizado se refiere a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. En 2020, su importe ascendió a 1 millón 955 mil 684.0 millones de pesos, de los cuales 1 millón 112 mil 138.7 pesos (el 56.9%) correspondieron a su componente programable y 843 mil 545.3 pesos (el 43.1%) a las participaciones federales, es decir, el gasto federalizado no programable.
Sobre la evolución del gasto federalizado, el auditor explicó que en el periodo 2000-2020, el gasto federalizado creció, en términos reales, a una tasa media anual de 3.1%; su componente programable o transferencias condicionadas lo hizo a una tasa del 3.2% y las participaciones federales, a una tasa del 3.0%.
Sin embargo, dijo que, en el lapso 2012-2020, la tasa de crecimiento media anual, en términos reales, fue de 0.6% para el gasto federalizado, producto de un comportamiento inverso de sus componentes, ya que para las transferencias condicionadas esta tasa fue de -0.7% y del 2.7% para las participaciones federales.
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Mencionó que hay dos componentes del gasto federalizado representan la principal fuente de ingresos de los gobiernos locales, lo cual destaca su relevancia para las entidades federativas y los municipios, así como la significativa dependencia de esos órdenes de gobierno respecto de los recursos de origen federal.
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