/ martes 2 de febrero de 2021

Propuesta de reforma a Ley de la Industria Eléctrica es una expropiación indirecta, acusan empresarios

El Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación de Cámaras Industriales aseveraron que la iniciativa del Ejecutivo federal busca impedir arbitrariamente la competencia en el sector eléctrico nacional

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de Industria Eléctrica (LIE) abre las puertas a una “expropiación indirecta” de inversiones privadas, acusó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad. Además de un potencial de violar lo establecido en la Constitución”, dijo el organismo.

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De acuerdo con la cúpula de la iniciativa privada, la propuesta viola el artículo 28 de la Constitución que se refiere a libre competencia y concurrencia, así como el derecho a la no retroactividad de la ley estipulada en el artículo 14, dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular.

La Ley de Transición Energética creó los Certificados de Energías Limpias (CEL) para incentivar a las centrales limpias que iniciaron operaciones después de agosto de 2014, pero como apuntó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) esta iniciativa pretende favorecer a la CFE, al asignarle este tipo de certificados a la energía producida en centrales existentes antes de esa fecha.

Estos certificados son expedidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y garantizan que una planta de energía genera una determinada cantidad de electricidad sin emisiones de gases de efecto invernadero. Su objetivo es llevar una contabilidad de la participación de las energías renovables en el país para darles prioridad a la hora de comprar la electricidad que consume el país, según la CRE.

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“Esto tendrá un alto impacto en inversiones ya realizadas por empresas nacionales y extranjeras, por lo que implicará indemnizaciones del Estado a dichas empresas”, dijo el CCE.

Junto con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) aseveró que, de aprobarse, esta reforma resultará en electricidad más cara y contaminante.

Ambos organismos apuntaron que la iniciativa del Ejecutivo federal busca impedir arbitrariamente la competencia en el sector eléctrico nacional.

“La iniciativa codificaría en ley ventajas artificiales e indebidas para la CFE, permitiéndole desplazar a sus competidores aun cuando su energía producida sea más cara y contaminante. Además, les da a las autoridades facultades para revocar permisos de forma arbitraria y forzar la renegociación arbitraria o terminación anticipada de contratos energéticos”, indicó la Concamin.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía (Sener), las energías limpias han ganado terreno en el país en los últimos cuatro años, al pasar de una participación 21.6 por ciento de la energía producida a 27.6 por ciento, en gran parte debido a la participación de privados.

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Los organismos empresariales advirtieron que, además, esta iniciativa condenará a México a vivir en litigios nacionales e internacionales, ante posibles procesos de paneles, arbitrajes internacionales y denuncias ante diversos tratados como el Acuerdo de París o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El CCE argumentó que la propuesta presidencial va en contra de lo resuelto por el propio Poder Judicial, ya que retoma prioridades que han sido suspendidas definitivamente, al considerar que podrían violar derechos constitucionales de forma irreversible.

En mayo de 2020, la Sener emitió la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional para beneficiar la generación de electricidad que general las plantas de la CFE por encima de la generación intermitente renovable.

Para el siguiente mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la razón a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que interpuso una controversia constitucional a esta política, y determinó que beneficiar a la CFE violenta la competencia y la libre concurrencia.

“El primer mensaje es que han agotado todo lo posible hasta antes de llegar a la reforma de ley y no han podido hacer lo que esperan”, consideró Paul Alejandro Sánchez, especialista del sector energético.

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La suspensión confirma que el contenido de esta política inscrita en la iniciativa presidencial es contraria a los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, ya que elimina la posibilidad de que el sector de electricidad opere en condiciones de competencia y eficiencia.

“La política impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista; asimismo, otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica”, apuntó la Cofece.

La Concamin añadió que esta iniciativa quebranta la promesa del presidente López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración.

Perdonan deuda

Los tabasqueños que están en cartera vencida con la CFE ya no pagarán los saldos acumulados a enero de 2021, lo que incluye a más de medio millón de usuarios que debían alrededor de 11 mil millones de pesos desde 1995, cuando el entonces candidato a gobernador, Andrés Manuel López Obrador, inició un movimiento de resistencia civil en contra de la empresa.

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El convenio Adiós a tu deuda, que inició en mayo y terminaría en agosto de 2019, pretendía condonar las deudas de los usuarios del servicio eléctrico siempre y cuando comenzaran a pagar sus consumos, pero sólo 183 mil se adhirieron y alrededor de 40 por ciento cayó nuevamente en deuda por las altas tarifas que denunciaron que aplicaba la CFE.

El gobierno de Adán Augusto López extendió el plazo del convenio, el cual se prorrogó hasta septiembre de 2020; sin embargo, la cifra de inscritos sólo llegó a 200 mil. Los efectos de la pandemia de Covid-19 y de las inundaciones de octubre provocaron que más usuarios incumplieran con el pago de sus recibos.

El anuncio señala que “a partir de hoy desaparece el adeudo histórico de manera total, sin condiciones de los consumidores domésticos tabasqueños” con la empresa productiva del estado, es decir, los 11 mil mdp acumulados entre 1995 y mayo de 2019, y el pago de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 para 200 mil personas afectadas por las inundaciones.

Además las deudas acumuladas por el servicio eléctrico del 1 junio de 2019 al 31 enero de 2021 serán cubiertas por el gobierno del estado, con lo cual ningún tabasqueño debe al día de hoy un solo peso a la CFE.

Aunado a esto, en un plazo de 72 horas contando a partir de ayer, la tarifa aplicable al estado durante todo el año será la 1F, la más baja que tiene la CFE y el gobierno de Tabasco subsidiará el bimestre febrero-marzo.

La negociación para eliminar esta deuda se dio a pesar de las disputas entre el gobernador de Tabasco y el director general de la CFE, Manuel Bartlett, a quien el primero responsabilizó de las inundaciones del finales del año pasado por el mal manejo de las presas hidroeléctricas y que afectaron alrededor de 600 mil personas.

IP pide el mismo beneficio

El presidente de la Canaco-Servytur en Villahermosa, Manuel Miranda Hernández, señaló que también los empresarios merecen gozar de este tipo de beneficios, en este caso contar con una tarifa eléctrica comercial justa pues el principal problema que tienen los comerciantes son precisamente las altas facturas que tienen que pagar.

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“Por la situación de la pandemia que prevalece en Tabasco, requerimos de que haya algún estímulo, porque durante años hemos pedido que se tome en cuenta a la actividad comercial para que paguemos lo justo”, dijo el líder empresarial

Hizo hincapié en que las más de mil 500 empresas afiliadas a la cámara en el estado representan más de 9 mil empleos directos. "Lo primordial es que los negocios se mantengan abiertos y vamos a quedar a la espera de que el gobernador suscriba también un acuerdo para ayudar al sector empresarial", abundó.

Con información de Jacob Sánchez y Fernando Hernández /El Heraldo de Tabasco

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de Industria Eléctrica (LIE) abre las puertas a una “expropiación indirecta” de inversiones privadas, acusó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad. Además de un potencial de violar lo establecido en la Constitución”, dijo el organismo.

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De acuerdo con la cúpula de la iniciativa privada, la propuesta viola el artículo 28 de la Constitución que se refiere a libre competencia y concurrencia, así como el derecho a la no retroactividad de la ley estipulada en el artículo 14, dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular.

La Ley de Transición Energética creó los Certificados de Energías Limpias (CEL) para incentivar a las centrales limpias que iniciaron operaciones después de agosto de 2014, pero como apuntó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) esta iniciativa pretende favorecer a la CFE, al asignarle este tipo de certificados a la energía producida en centrales existentes antes de esa fecha.

Estos certificados son expedidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y garantizan que una planta de energía genera una determinada cantidad de electricidad sin emisiones de gases de efecto invernadero. Su objetivo es llevar una contabilidad de la participación de las energías renovables en el país para darles prioridad a la hora de comprar la electricidad que consume el país, según la CRE.

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“Esto tendrá un alto impacto en inversiones ya realizadas por empresas nacionales y extranjeras, por lo que implicará indemnizaciones del Estado a dichas empresas”, dijo el CCE.

Junto con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) aseveró que, de aprobarse, esta reforma resultará en electricidad más cara y contaminante.

Ambos organismos apuntaron que la iniciativa del Ejecutivo federal busca impedir arbitrariamente la competencia en el sector eléctrico nacional.

“La iniciativa codificaría en ley ventajas artificiales e indebidas para la CFE, permitiéndole desplazar a sus competidores aun cuando su energía producida sea más cara y contaminante. Además, les da a las autoridades facultades para revocar permisos de forma arbitraria y forzar la renegociación arbitraria o terminación anticipada de contratos energéticos”, indicó la Concamin.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía (Sener), las energías limpias han ganado terreno en el país en los últimos cuatro años, al pasar de una participación 21.6 por ciento de la energía producida a 27.6 por ciento, en gran parte debido a la participación de privados.

➡️AMLO celebra a CFE por aceptar que presentó documento falso del apagón

Los organismos empresariales advirtieron que, además, esta iniciativa condenará a México a vivir en litigios nacionales e internacionales, ante posibles procesos de paneles, arbitrajes internacionales y denuncias ante diversos tratados como el Acuerdo de París o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El CCE argumentó que la propuesta presidencial va en contra de lo resuelto por el propio Poder Judicial, ya que retoma prioridades que han sido suspendidas definitivamente, al considerar que podrían violar derechos constitucionales de forma irreversible.

En mayo de 2020, la Sener emitió la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional para beneficiar la generación de electricidad que general las plantas de la CFE por encima de la generación intermitente renovable.

Para el siguiente mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la razón a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que interpuso una controversia constitucional a esta política, y determinó que beneficiar a la CFE violenta la competencia y la libre concurrencia.

“El primer mensaje es que han agotado todo lo posible hasta antes de llegar a la reforma de ley y no han podido hacer lo que esperan”, consideró Paul Alejandro Sánchez, especialista del sector energético.

➡️CFE investiga a responsables de emitir documento falso sobre apagón

La suspensión confirma que el contenido de esta política inscrita en la iniciativa presidencial es contraria a los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, ya que elimina la posibilidad de que el sector de electricidad opere en condiciones de competencia y eficiencia.

“La política impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista; asimismo, otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica”, apuntó la Cofece.

La Concamin añadió que esta iniciativa quebranta la promesa del presidente López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración.

Perdonan deuda

Los tabasqueños que están en cartera vencida con la CFE ya no pagarán los saldos acumulados a enero de 2021, lo que incluye a más de medio millón de usuarios que debían alrededor de 11 mil millones de pesos desde 1995, cuando el entonces candidato a gobernador, Andrés Manuel López Obrador, inició un movimiento de resistencia civil en contra de la empresa.

➡️Alianza Federalista exige cuentas claras a CFE tras apagón en varios estados

El convenio Adiós a tu deuda, que inició en mayo y terminaría en agosto de 2019, pretendía condonar las deudas de los usuarios del servicio eléctrico siempre y cuando comenzaran a pagar sus consumos, pero sólo 183 mil se adhirieron y alrededor de 40 por ciento cayó nuevamente en deuda por las altas tarifas que denunciaron que aplicaba la CFE.

El gobierno de Adán Augusto López extendió el plazo del convenio, el cual se prorrogó hasta septiembre de 2020; sin embargo, la cifra de inscritos sólo llegó a 200 mil. Los efectos de la pandemia de Covid-19 y de las inundaciones de octubre provocaron que más usuarios incumplieran con el pago de sus recibos.

El anuncio señala que “a partir de hoy desaparece el adeudo histórico de manera total, sin condiciones de los consumidores domésticos tabasqueños” con la empresa productiva del estado, es decir, los 11 mil mdp acumulados entre 1995 y mayo de 2019, y el pago de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 para 200 mil personas afectadas por las inundaciones.

Además las deudas acumuladas por el servicio eléctrico del 1 junio de 2019 al 31 enero de 2021 serán cubiertas por el gobierno del estado, con lo cual ningún tabasqueño debe al día de hoy un solo peso a la CFE.

Aunado a esto, en un plazo de 72 horas contando a partir de ayer, la tarifa aplicable al estado durante todo el año será la 1F, la más baja que tiene la CFE y el gobierno de Tabasco subsidiará el bimestre febrero-marzo.

La negociación para eliminar esta deuda se dio a pesar de las disputas entre el gobernador de Tabasco y el director general de la CFE, Manuel Bartlett, a quien el primero responsabilizó de las inundaciones del finales del año pasado por el mal manejo de las presas hidroeléctricas y que afectaron alrededor de 600 mil personas.

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