La próxima reforma fiscal que se presente para el país debe estar pensada en fomentar la liquidez y formalidad de las empresas, así como la inversión en proyectos de impacto económico y social, aseguró la Confederación Patronal de México (Coparmex).
El lunes pasado, la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, anunció que se presentará una reforma fiscal que no toque a los asalariados, así como aseguró que no aumentarán los impuestos en términos reales.
“Se está buscando justicia fiscal y que todo mundo pague lo que tiene que pagar, ni más ni menos, lo que es justo de acuerdo a ingresos”, adelantó la jefa del SAT.
El organismo patronal a cargo de José Medina Mora señaló que la solución no son más ni mayores impuestos, sino una mejor recaudación y reducción de la informalidad, por lo que urgió a ampliar la base de contribuyentes, con mecanismos sencillos y amigables para los microempresarios, con cálculos muy simples para que entren a la formalidad sin mayores costos.
“No se requiere aumentar los impuestos, pero sí facilitar la declaración de las contribuciones. Nos preocupa que en los negocios informales, los trabajadores no cuentan con seguridad social; resulta importante que se incorporen a la formalidad. Con ello se mejora la calidad de vida y se amplía la base de contribuyentes. Hoy, el 56 por ciento de la población ocupada es informal”, señaló la Coparmex.
La Coparmex señaló que los empresarios están a favor de la austeridad cuando significa gastar e invertir en lo que se requiere y evitar gastos superfluos y no cuando se ejecuta de forma imprecisa, ya que se podría convertir en un freno.
“Es momento de impulsar la inversión pública diversificada y productiva. Planteamos que la inversión pública que hoy es menor al 3 por ciento como proporción del PIB crezca en los próximos años y se enfoque a proyectos de impacto económico y social”, apuntó.
El organismo empresarial destacó que aunque se incrementó en el gasto en inversión pública en 5.2 por ciento con respecto a 2020, “preocupa que el enfoque siga siendo en proyectos no rentables del sector energético y en los proyectos emblemáticos de la administración actual”, mientras que hay reducciones en diversos rubros del gasto y asignaciones por 544 mil millones de pesos a Pemex, que perdió 480 mil millones de pesos en 2020.
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“Los tiempos exigen un replanteamiento de la estrategia energética actual. Requerimos incentivar proyectos de infraestructura con participación pública y privada, priorizando proyectos de energías renovables.
Además, debemos de repensar a Pemex para dotarla de viabilidad. Requerimos de una inversión pública diversificada en sectores como agua, transporte, salud, educación y seguridad. Son sectores que podrían convertirse en un vehículo para detonar inversión privada”, señaló.
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