La secretaria de Planeación y Finanzas de Puebla, María Teresa Castro, aseguró que la inversión que hizo el estado por 600 millones de pesos en Accendo Banco se debió porque era una institución acreditada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ofrecía mejores tasas que otros bancos y contaba con la mejor calificación.
Por ello, dijo que fue sorpresivo cuando el regulador financiero anunció su liquidación el pasado 28 de septiembre de 202 y aclaró que los recursos invertidos en Accendo Banco eran ingresos excedentes, por lo que no se comprometieron los recursos etiquetados de fondos federales.
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"Durante el período en el que se llevaron a cabo las operaciones con Accendo, la CNBV le otorgó una calificación de grado uno. Por lo tanto, es completamente legal invertir recursos públicos en cualquiera de las instituciones bancarias incluidas en la lista publicada por la autoridad competente. Este banco era una de las opciones más rentables", dijo la funcionaria al presentar su informe al Congreso del estado.
De acuerdo con un comunicado de la CNBV, el Índice de Capitalización (ICAP) de Accendo Banco se ubicó por debajo de los niveles mínimos normativos, lo que permitió al regulador revocar su permiso para operar como institución de banca múltiple.
“La liquidación de Accendo Banco no implica un rescate financiero a una institución privada o sus accionistas”, expuso en su momento la CNBV.
La CNBV indicó que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) actuaría como liquidador de Accendo Banco y realizaría el pago de los depósitos y demás operaciones del público que constituyen obligaciones garantizadas.
La secretaria puntualizó que el monto invertido nunca superó los 600 millones de pesos.
Accendo formaba parte del grupo de instituciones financieras en las que la Secretaría realiza inversiones como BBVA, Banamex, Santander y HSBC.
Estas inversiones en instrumentos financieros eran necesarias para hacer frente a los pagos de deudas heredadas de administraciones anteriores, como el crédito fiscal derivado de la gestión de Rafael Moreno Valle, expuso la funcionaria.
En 2015, se efectuó un pago indebido de más de 160 millones de pesos a la consultora Sistemas Lac para supuestamente recuperar beneficios fiscales de años anteriores, que posteriormente se determinó que no eran procedentes.
En abril pasado, Puebla tuvo que pagar un crédito fiscal debido a una interpretación errónea de la ley realizada por la Secretaría de Finanzas durante la administración de Moreno Valle.
Esta interpretación irregular llevó a una compensación de impuestos por más de 700 millones de pesos, que, debido a multas y recargos, ascendieron a 2 mil 600 millones de pesos en 2023.
Sin embargo, la Secretaría de Planeación y Finanzas logró recuperar el 75 por ciento del crédito fiscal, lo que finalmente resultó en un pago de solo 650 millones de pesos.
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En relación con este tema, Castro Corro anunció que se presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control, a través de la Procuraduría Fiscal, por posibles conductas que podrían constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos.
Además, señaló que, una vez que se tuvo conocimiento de la suspensión de actividades de Accendo en octubre de 2021, se informó a la autoridad fiscalizadora, a quien se proporciona información trimestralmente sobre la situación del caso.
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