/ viernes 1 de octubre de 2021

Reforma eléctrica supone una expropiación indirecta, señalan expertos

Con la entrada en vigor de este proyecto de ley se cancelarán todos los permisos que se han otorgado a todos los privados en la industria eléctrica

La reforma constitucional al sector eléctrico abre la puerta a discrecionalidades y la expropiación indirecta de las centrales de generación privadas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), coincidieron especialistas consultados por El Sol de México.

De acuerdo con la reforma enviada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la entrada en vigor de este proyecto de ley se cancelarán todos los permisos que se han otorgado a todos los privados en la industria eléctrica, en todos los subsectores.

Gonzalo Monroy, director de la consultora energética GMEC, señaló que la CFE no podrá cubrir la demanda que haga falta con la supresión de los contratos y permisos por los cuales los privados inyectaban electricidad a las redes nacionales de distribución, y por ello, permiten a la empresa del Estado “adoptar las medidas que sean necesarias para la instrumentación de lo dispuesto en el presente Decreto”, según su artículo segundo transitorio, ya que buscan asegurar la continuidad del sistema.

“Eso es justamente lo que abre espacio para una expropiación indirecta, una redistribución administrativa, conforme al objetivo que sería, en este caso, la continuidad del sistema y obviamente lo que estarían haciendo es: ‘yo puedo hacerme cargo de tu planta, yo operó tu planta en lo que esto se normaliza y eso de normalizar es una definición que no te pone plazos, no te pone tiempos, no te dice si te van a pagar o no. Ahí se abre un espacio de expropiación indirecta que totalmente es violatorio al Tratado de Libre Comercio”, enfatizó.

Entrevistado aparte, Óscar Ocampo coordinador de Energía en el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), señaló que esto generará una nueva oleada de amparos por parte de las empresas privadas nacionales y extranjeras, quienes ya han invertido más de 26 mil millones de pesos en su infraestructura energética.

“En el fondo estamos hablando de una expropiación indirecta, se está volviendo inviable la operación de ciertos activos y los inversionistas están en todo su derecho de defenderse de usar las herramientas legales que les otorga el marco legal mexicano y los tratados comerciales internacionales para defender sus derechos”, expresó.

La reforma constitucional al sector eléctrico abre la puerta a discrecionalidades y la expropiación indirecta de las centrales de generación privadas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), coincidieron especialistas consultados por El Sol de México.

De acuerdo con la reforma enviada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la entrada en vigor de este proyecto de ley se cancelarán todos los permisos que se han otorgado a todos los privados en la industria eléctrica, en todos los subsectores.

Gonzalo Monroy, director de la consultora energética GMEC, señaló que la CFE no podrá cubrir la demanda que haga falta con la supresión de los contratos y permisos por los cuales los privados inyectaban electricidad a las redes nacionales de distribución, y por ello, permiten a la empresa del Estado “adoptar las medidas que sean necesarias para la instrumentación de lo dispuesto en el presente Decreto”, según su artículo segundo transitorio, ya que buscan asegurar la continuidad del sistema.

“Eso es justamente lo que abre espacio para una expropiación indirecta, una redistribución administrativa, conforme al objetivo que sería, en este caso, la continuidad del sistema y obviamente lo que estarían haciendo es: ‘yo puedo hacerme cargo de tu planta, yo operó tu planta en lo que esto se normaliza y eso de normalizar es una definición que no te pone plazos, no te pone tiempos, no te dice si te van a pagar o no. Ahí se abre un espacio de expropiación indirecta que totalmente es violatorio al Tratado de Libre Comercio”, enfatizó.

Entrevistado aparte, Óscar Ocampo coordinador de Energía en el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), señaló que esto generará una nueva oleada de amparos por parte de las empresas privadas nacionales y extranjeras, quienes ya han invertido más de 26 mil millones de pesos en su infraestructura energética.

“En el fondo estamos hablando de una expropiación indirecta, se está volviendo inviable la operación de ciertos activos y los inversionistas están en todo su derecho de defenderse de usar las herramientas legales que les otorga el marco legal mexicano y los tratados comerciales internacionales para defender sus derechos”, expresó.

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