El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), próximamente Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, subastará los bienes de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, pero hasta que la Fiscalía General de la República se los transfiera.
El organismo dijo a El Sol de México que en este momento no tiene bajo su resguardo propiedades o artículos que hayan pertenecido al capo.
"Una vez que la Fiscalía nos los transfiera se subastarán conforme a los procesos correspondientes", indicó el organismo.
Esta mañana, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que se formará una comisión integrada por la cancillería, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, para revisar el tema del decomiso de los bienes del narcotraficante. Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el canciller señaló que en la reunión de ayer con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, concluyeron que se deben revisar a detalle los activos del capo de Sinaloa.
De acuerdo con cálculos del gobierno estadounidense la fortuna de El Chapo estaría entre 12 y 15 mil millones de dólares.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la semana pasada que México no aceptará que Estados Unidos se quede con todos los bienes, si no existe un fundamento legal, por lo que solicitará a la Casa Blanca que le entregue los bienes. Según señaló, los recursos que se obtengan serán para fortalecer al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
Este lunes se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas a las Políticas, Bases y Lineamientos para la venta de los bienes muebles, inmuebles, activos financieros y empresas que realice el SAE.
Como lo adelantó El Sol de México, este cambio permitirá al SAE acelerar la venta de los bienes vinculados a procesos judiciales.
De acuerdo con la normativa, el organismo podrá vender los bienes muebles e inmuebles, activos financieros y hasta empresas que hayan sido asegurados en procesos, sin tener que esperar a que un Ministerio Público determine su estatus jurídico.
Esta misma semana, en periodo extraordinario, se discute en la Cámara de Diputados la ley de extinción de dominio, que permitirá al Estado tomar posesión de los bienes y activos vinculados a casos de corrupción, y otros delitos, como el robo de combustibles.
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