El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ganó cuatro de cada 10 juicios interpuestos por los contribuyentes durante 2022, los cuales representaron un monto aproximado de 120 mil 719.3 millones de pesos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el año pasado se reportaron 19 mil 214 juicios. De estos, 44 por ciento los ganó el fisco, 42 por ciento los perdió y 14 por ciento se anularon.
Los juicios se fallaron a favor del SAT en instancias definitivas, que es la última parte de un proceso penal, en este caso llevado ante las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
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Así, los juicios son promovidos ante un juez, cuyo proceso puede resolverse en una primera instancia, que concluye una vez que se tiene una resolución, o en una segunda instancia, que es cuando el caso vuelve a ser sometido a una revisión para obtener un segundo fallo.
Según los datos de la SHCP, el año pasado el SAT solamente ganó 11 mil 445 y tres mil 386 casos en primera y segunda instancia, cuyos monto conjunto alcanzó los 206 mil 325.6 millones de pesos.
Si al finalizar estas etapas no hay algún acuerdo entre el SAT o el contribuyente, se puede promover un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De acuerdo con Juvenal Lobato Díaz, profesor de Derecho Fiscal de la Facultad de Derecho de la UNAM, los juicios contra el SAT pueden presentarse por supuestos adeudos fiscales, por omisiones de impuestos, entre otras cuestiones.
“Los juicios también son iniciados por una discrepancia de los contribuyentes, porque no coincide el dinero ganado y declarado, o hasta porque las deducciones de impuestos fueron mal hechas. Por ejemplo, que una persona quiso deducir la compra de un automóvil, pero no lo justificó de manera correcta”, comentó el experto a El Sol de México.
El especialista agregó que incluso cuando ya existe una resolución emitida por el TFJA, el SAT puede conservar sus facultades para volver a auditar a un contribuyente. Sin embargo, esto no garantiza que pueda cobrar los adeudos o ganar otro proceso, al cual también se le conoce como juicio de nulidad.
Al respecto, el SAT, que dirige Antonio Martínez Dagnino, reportó que hasta finales de 2022 había dos mil 676 juicios en este ámbito, los cuales representaron nueve mil 324.4 millones de pesos.
"Para el SAT es malo (el juicio de nulidad), porque ya le dijeron que lo que hizo fue algo equivocado. Sin embargo, conserva las facultades para volver a auditar a un contribuyente, pero eso no significa que exista una mayor recaudación”, añadió Juvenal Lobato Díaz.
Por otro lado, los datos reportados por la SHCP, que encabeza Rogelio Ramírez de la O, también dan cuenta que hasta el cierre del año pasado, el SAT perdió de manera definitiva alrededor de ocho mil 104 juicios. Estos casos representaron un monto total de 40 mil 236.1 millones de pesos, el equivalente al 23.6 por ciento de todos los recursos demandados por la autoridad en 2022.
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“La autoridad siempre estará pendiente de que las empresas se encuentren en orden con respecto al pago de los impuestos correspondientes, en caso de controversia surge la necesidad de la presentación de una fianza fiscal”, aseguró Dulce Amigón, directora de Fianzas, Seguro de Crédito y Caución en Lockton México.
En 2022, destacaron los juicios que el SAT sostuvo ante empresas como BBVA México, Grupo Elektra y el club de fútbol Atlas; los dos primeros ganados por la autoridad, y el otro se falló a favor del equipo deportivo, según las resolusiones.
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De acuerdo con analistas, fue durante la dirección del SAT con Raquel Buenrostro cuando hubo un mayor interés de los contribuyentes por estar al corriente en el pago de impuestos. Buenrostro, que actualmente encabeza la Secretaría de Economía (SE), ganó juicios ante grandes contribuyentes como Alsea, Walmart o Grupo Salinas, por lo cual se le adjudicó el mote de “La Dama de Hierro”.
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Al 31 de diciembre de 2022, Hacienda informó que el SAT registró 1.82 billones de pesos en créditos fiscales, de los cuales cerca del 83 por ciento fueron por adeudos de personas morales, mientras que el resto provinieron de personas físicas con y sin actividades empresariales.
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