Después de la inhabilitación del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, se hará una revisión de sus cuentas bancarias y la investigación se agudizará en el caso Odebrecht, admitió el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo.
Entrevistado en el marco del seminario "Corrupción y Lavado de Dinero", el funcionario reconoció el trabajo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que ayer dio a conocer la inhabilitación durante 10 y 15 años a dos altos funcionarios de Pemex, pertenecientes a la administración anterior, en uno de los casos (extitular de la petrolera) por dar información falsa en la declaración patrimonial y en el otro debido a irregularidades en la adquisición del Grupo Fertinal.
Sobre Emilio Lozoya, el responsable de la UIF recalcó que siguen las investigaciones en el ámbito penal y destacó que "nosotros desarrollaremos nuestra competencia en el tema financiero".
Respecto al asunto Odebrecht, comentó que durante una buena etapa, México y Venezuela eran los únicos países que no habían sancionado a nadie por el caso Odebrecht, pero "México ha dejado esta lista en razón de esta importante resolución que ha dado la Secretaría de la Función Pública".
Actualmente, existen investigaciones abiertas en ese tema, indicó al admitir que se piensa ir a fondo.
Se acabó la fiesta
Por su parte, el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, dijo que "ya se acabó" la fiesta para los lavadores de dinero o "factureros" que son delincuentes organizados de cuello blanco, con un alto estatus social que juegan golf, viajan en helicóptero y se mueven en altos círculos.
De hecho ese delito, ya se convirtió en "deporte nacional" y suma dos billones de pesos anuales en México, expuso durante el foro efectuado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El Auditor Superior de la Federación, Rogelio Colmenares Páramo, dijo que no puede decir los nombres de los funcionarios implicados en la compra de la empresa Fertinal por parte de Pemex, donde según la SFP se hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos.
El auditor aclaró que el asunto de los nombres "está en la parte jurídica".
