/ domingo 17 de mayo de 2020

Sener violentó la ley, acusan empresarios

El organismo afirma que la Secretaría de Energía "usurpa” facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) usará los recursos jurídicos que ofrece la Constitución mexicana y los instrumentos internacionales en contra de la Secretaría de Energía, que publicó una nueva política que limita de manera permanente los proyectos de energía renovable para generar electricidad.

En un pronunciamiento conjunto con la American Chamber México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, el CCE acusó a la dependencia a cargo de Rocío Nahle de usurpar funciones y emprender una "destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa".

El sector privado, advirtió el CCE, agotará los recursos jurídicos que ofrece el orden constitucional mexicano, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, para salvaguardar la integridad del Estado de Derecho en México y defender al sector energético como motor de desarrollo del país.

Como publicó El Sol de México, la Sener publicó el viernes en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) su política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, operado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que sustituye los lineamientos emitidos en febrero del 2017, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Con la nueva nueva política, el Cenace está facultado para limitar el despacho eléctrico de energías renovables, a cargo principalmente de empresas privadas, para dar prioridad a las centrales eléctricas fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El nueva política faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado, señaló el CCE.

La publicación del acuerdo, acusó el organismo empresarial, es una violación al marco constitucional y legal mexicano. La Sener, señaló, usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia que provocará pérdida de empleos, la confianza de inversionistas, y afectaciones a proyectos eléctricos de todas las tecnologías en al menos 18 estados de la República, que representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares.

"Hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a investigar y esclarecer las circunstancias irregulares en las que se publicó el acuerdo", demandó el organismo empresarial que encabeza Carlos Salazar Lomelín.

La Secretaría de Energía intentó publicar el acuerdo la semana pasada, pero la Secretaría de Gobernación, responsable del Diario Oficial de la Federación, rechazó esa solicitud bajo el argumento de que los lineamientos carecían de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR).

La dependencia pidió entonces a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) -que depende de la Secretaría de Economía- que dispensara el trámite de la MIR debido a la contingencia sanitaria para acelerar la publicación de la nueva política. Al obviar el procedimiento se evitó una consulta pública en la que los involucrados habrían expresado sus opiniones. La tarde del viernes, cuando se publicó el acuerdo en el DOF, el titular de la Conamer, César Hernández, notificó su renuncia al cargo.

En el mismo sentido que las protestas diplomáticas del viernes por parte de Canadá y la Unión Europea, la American Chamber México -que representa 20 por ciento de la inversión privada en el paísacusó este domingo que el acuerdo fue publicado incumpliendo el tiempo de consulta pública que establece la normatividad, lo que va en contra de la legalidad. "Solicitamos al Gobierno de México rectificar la citada Política y demás acciones que vulneran al sector energético".

El sábado, la Sener justificó el acuerdo publicado al señalar que el servicio público de transmisión y distribución son áreas estratégicas del gobierno de México y es condición necesaria para mantener la seguridad e independencia energética.

ALERTA EN INDUSTRIA FOTOVOLTÁICA

La Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltáica (AMIF), que agrupa a más de tres mil 500 empresas del sector solar, criticó este domingo la publicación por parte de la Sener de una nueva política para el sector eléctrico en tiempo récord y sin mesas de diálogo con el sector.

"Consideramos lamentable la incertidumbre jurídica que genera el que el Acuerdo no cuente con un riguroso análisis de impacto regulatorio de parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), pues aunque no describe cambios sustanciales, deja en un panorama de ambigüedad a todos los participantes en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) permitiendo de facto una erogación a modo de la Ley de la Industria Eléctrica".

La industria cuestionó que la decisión se tomara durante una situación extraordinaria y temporal como la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, pero que el acuerdo sea permanente.

Además de generar incertidumbre para las inversiones en el sector, la medida pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos internacionales de México para reducir emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), como es el caso del Acuerdo de París, además de ir en dirección contraria a su meta de generar 35 por ciento de su energía de fuentes renovables para 2024, señaló la AMIF.


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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) usará los recursos jurídicos que ofrece la Constitución mexicana y los instrumentos internacionales en contra de la Secretaría de Energía, que publicó una nueva política que limita de manera permanente los proyectos de energía renovable para generar electricidad.

En un pronunciamiento conjunto con la American Chamber México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, el CCE acusó a la dependencia a cargo de Rocío Nahle de usurpar funciones y emprender una "destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa".

El sector privado, advirtió el CCE, agotará los recursos jurídicos que ofrece el orden constitucional mexicano, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, para salvaguardar la integridad del Estado de Derecho en México y defender al sector energético como motor de desarrollo del país.

Como publicó El Sol de México, la Sener publicó el viernes en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) su política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, operado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que sustituye los lineamientos emitidos en febrero del 2017, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Con la nueva nueva política, el Cenace está facultado para limitar el despacho eléctrico de energías renovables, a cargo principalmente de empresas privadas, para dar prioridad a las centrales eléctricas fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El nueva política faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado, señaló el CCE.

La publicación del acuerdo, acusó el organismo empresarial, es una violación al marco constitucional y legal mexicano. La Sener, señaló, usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia que provocará pérdida de empleos, la confianza de inversionistas, y afectaciones a proyectos eléctricos de todas las tecnologías en al menos 18 estados de la República, que representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares.

"Hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a investigar y esclarecer las circunstancias irregulares en las que se publicó el acuerdo", demandó el organismo empresarial que encabeza Carlos Salazar Lomelín.

La Secretaría de Energía intentó publicar el acuerdo la semana pasada, pero la Secretaría de Gobernación, responsable del Diario Oficial de la Federación, rechazó esa solicitud bajo el argumento de que los lineamientos carecían de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR).

La dependencia pidió entonces a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) -que depende de la Secretaría de Economía- que dispensara el trámite de la MIR debido a la contingencia sanitaria para acelerar la publicación de la nueva política. Al obviar el procedimiento se evitó una consulta pública en la que los involucrados habrían expresado sus opiniones. La tarde del viernes, cuando se publicó el acuerdo en el DOF, el titular de la Conamer, César Hernández, notificó su renuncia al cargo.

En el mismo sentido que las protestas diplomáticas del viernes por parte de Canadá y la Unión Europea, la American Chamber México -que representa 20 por ciento de la inversión privada en el paísacusó este domingo que el acuerdo fue publicado incumpliendo el tiempo de consulta pública que establece la normatividad, lo que va en contra de la legalidad. "Solicitamos al Gobierno de México rectificar la citada Política y demás acciones que vulneran al sector energético".

El sábado, la Sener justificó el acuerdo publicado al señalar que el servicio público de transmisión y distribución son áreas estratégicas del gobierno de México y es condición necesaria para mantener la seguridad e independencia energética.

ALERTA EN INDUSTRIA FOTOVOLTÁICA

La Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltáica (AMIF), que agrupa a más de tres mil 500 empresas del sector solar, criticó este domingo la publicación por parte de la Sener de una nueva política para el sector eléctrico en tiempo récord y sin mesas de diálogo con el sector.

"Consideramos lamentable la incertidumbre jurídica que genera el que el Acuerdo no cuente con un riguroso análisis de impacto regulatorio de parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), pues aunque no describe cambios sustanciales, deja en un panorama de ambigüedad a todos los participantes en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) permitiendo de facto una erogación a modo de la Ley de la Industria Eléctrica".

La industria cuestionó que la decisión se tomara durante una situación extraordinaria y temporal como la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, pero que el acuerdo sea permanente.

Además de generar incertidumbre para las inversiones en el sector, la medida pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos internacionales de México para reducir emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), como es el caso del Acuerdo de París, además de ir en dirección contraria a su meta de generar 35 por ciento de su energía de fuentes renovables para 2024, señaló la AMIF.


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