/ sábado 27 de abril de 2019

Gobierno prohíbe a dependencias negocios con Odebrecht

La SFP informa que está inhabilitada por tres años, aunque la medida es temporal y no retroactiva

La Secretaría de la Función Pública (SFP) prohibió a las dependencias y a las empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) celebrar contratos con la empresa brasileña Odebrecht por los próximos tres años. “Se comunica a la Fiscalía General de la República, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas productivas del estado y sus empresas productivas subsidiarias, así como a las entidades federativas, el impedimento para participar en contrataciones públicas de carácter federal de la empresa Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México”, señala la SFP en una circular publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación.

En el documento, la SFP señaló que a partir de hoy, la compañía dedicada a la construcción y manufactura de productos químicos y petroquímicos queda inhabilitada por tres años, aunque “los contratos que actualmente se tengan formalizados con la mencionada infractora, no quedarán comprendidos en la aplicación de la presente Circular”. En una circular alterna, la dependencia abundó que el sector público tampoco podrá contratar los servicios de Norberto Odebrecht, empresa vinculada, que también quedó inhabilitada por el mismo periodo.

La compañía es investigada en México y otros 11 países en el mundo por repartir sobornos entre funcionarios para obtener contratos del sector público.

En el país, la investigación se centra en la presunta entrega de sobornos de entre ocho y 10 millones de dólares al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, a través de empresas que presuntamente son de su propiedad para obtener un trato privilegiado en diversas licitaciones tanto de la petrolera como de CFE, según reveló Luiz Antonio Mameri, exdirectivo de Odebrecht y quien presuntamente autorizó los pagos al exfuncionario mexicano.

La compañía brasileña pagó en 2014 este monto para recibir ventaja en la licitación el gasoducto Los Ramones II, que quedó en manos de su filial TAG Pipelines.

Esta obra de infraestructura atraviesa los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas y el monto del contrato ascendió a 935 millones de dólares.

En 2011, Odebrecht, a través de Braskem, que entonces era filial, obtuvo el contrato para desarrollar el Complejo Petroquímico Etileno XXI, en Coatzacoalcos, Veracruz, la planta más grande de su tipo en América Latina.

Emilio Lozoya, quien está bajo investigación judicial, buscó frenar la elaboración de versiones públicas de las averiguaciones previas alrededor del caso Odebrecht, con el argumento de que violaba su derecho a la presunción de inocencia.

Sin embargo, el Tribunal Federal encargado de revisar el caso le negó la solicitud de amparo a Lozoya Austin, pues consideró que el caso es un asunto de interés nacional en el que se investiga un presunto caso de corrupción en gran escala.

Pese a la resolución del Tribunal Federal, la Fiscalía General de la República promovió demandas de amparo que fueron aceptadas y que consiguieron suspensiones temporales para no abrir los expedientes.

Además, la Fiscalía consiguió una suspensión para no publicar la lista de personas vinculadas con la investigación. Los casos de corrupción de Odebrecht trascienden fronteras, pues la empresa también es investigada por cohecho en naciones como Estados Unidos, Perú, Colombia, México, Ecuador, Angola, Mozambique, Panamá, entre otros.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) prohibió a las dependencias y a las empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) celebrar contratos con la empresa brasileña Odebrecht por los próximos tres años. “Se comunica a la Fiscalía General de la República, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas productivas del estado y sus empresas productivas subsidiarias, así como a las entidades federativas, el impedimento para participar en contrataciones públicas de carácter federal de la empresa Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México”, señala la SFP en una circular publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación.

En el documento, la SFP señaló que a partir de hoy, la compañía dedicada a la construcción y manufactura de productos químicos y petroquímicos queda inhabilitada por tres años, aunque “los contratos que actualmente se tengan formalizados con la mencionada infractora, no quedarán comprendidos en la aplicación de la presente Circular”. En una circular alterna, la dependencia abundó que el sector público tampoco podrá contratar los servicios de Norberto Odebrecht, empresa vinculada, que también quedó inhabilitada por el mismo periodo.

La compañía es investigada en México y otros 11 países en el mundo por repartir sobornos entre funcionarios para obtener contratos del sector público.

En el país, la investigación se centra en la presunta entrega de sobornos de entre ocho y 10 millones de dólares al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, a través de empresas que presuntamente son de su propiedad para obtener un trato privilegiado en diversas licitaciones tanto de la petrolera como de CFE, según reveló Luiz Antonio Mameri, exdirectivo de Odebrecht y quien presuntamente autorizó los pagos al exfuncionario mexicano.

La compañía brasileña pagó en 2014 este monto para recibir ventaja en la licitación el gasoducto Los Ramones II, que quedó en manos de su filial TAG Pipelines.

Esta obra de infraestructura atraviesa los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas y el monto del contrato ascendió a 935 millones de dólares.

En 2011, Odebrecht, a través de Braskem, que entonces era filial, obtuvo el contrato para desarrollar el Complejo Petroquímico Etileno XXI, en Coatzacoalcos, Veracruz, la planta más grande de su tipo en América Latina.

Emilio Lozoya, quien está bajo investigación judicial, buscó frenar la elaboración de versiones públicas de las averiguaciones previas alrededor del caso Odebrecht, con el argumento de que violaba su derecho a la presunción de inocencia.

Sin embargo, el Tribunal Federal encargado de revisar el caso le negó la solicitud de amparo a Lozoya Austin, pues consideró que el caso es un asunto de interés nacional en el que se investiga un presunto caso de corrupción en gran escala.

Pese a la resolución del Tribunal Federal, la Fiscalía General de la República promovió demandas de amparo que fueron aceptadas y que consiguieron suspensiones temporales para no abrir los expedientes.

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