A nombre de los 82 sindicatos que integran la Central FSTSE –donde se agrupan 1.8 millones agremiados–, Joel Ayala Almeida solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) una prórroga con el gobierno Federal y de la Ciudad de México para extender el límite de los trabajadores al Servicio del Estado para presentar su declaración patrimonial hasta el 31 de diciembre de este año.
Se buscará acordar con la SFP, el gobierno de la Ciudad de México y todos los organismos gremiales que conforman la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la impartición de cursos de capacitación para todos los trabajadores.
Con esto, se busca clarificar todos los procesos y tecnicismos que implica dicha declaración, que, inicialmente, el gobierno federal solicitó se rindiera a más tardar el 31 de mayo.
En entrevista, Ayala Almeida comentó que realiza las gestiones ante la Secretaría de la Función Pública para una prórroga y extender hasta el 31 de diciembre de 2021 la fecha límite para la declaración.
Hizo énfasis en señalar que la gran mayoría de los trabajadores al Servicio del Estado “reciben salarios limitados y precarios”.
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Comentó que aunque por ley están obligados a cumplir con la declaración patrimonial, "la base de ello se encuentra en contar con las herramientas necesarias para su cumplimiento", y subrayó: “Garantizamos una defensa total del empleo. No habrá sanciones en este proceso hoy obligatorio”.
“Buscamos alcanzar un convenio de colaboración con los gobiernos federal y de la Ciudad de México. Existe la voluntad de trabajar para cumplir con lo que obliga la ley, pero se requiere orientación, ampliación del año fiscal hasta el 31 de diciembre próximo y el otorgamiento de los implementos tecnológicos necesarios”.
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En otro tema, Ayala Almeida adelantó que en junio venidero presentarán ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una petición de incremento salarial, de las prestaciones sociales, así como el otorgamiento de bases a plazas para miles de trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.
“Esto último porque alrededor del 60% de las personas empleadas en servicios en la capital de la República carece de seguridad social. Por ahora sólo existe una Caja de Ahorro para brindarles seguridad social integral”, enfatizó.
