/ jueves 17 de diciembre de 2020

Sugieren a Biden mandar recursos a empleados mexicanos y mejorar su organización

Un panel de expertos en EU advierte que la 4T no ha implementado todos los cambios prometidos en el TMEC

Un panel de expertos creado por el gobierno de Estados Unidos determinó que en México no se han cumplido los compromisos laborales suscritos en el TMEC, por lo que sugirió destinar 100 millones de dólares durante los primeros seis meses de la administración de Joe Biden para fortalecer la capacidad de organización y negociación de los trabajadores mexicanos.

Este grupo de especialistas fue designado por el Congreso estadounidense y el Comité Laboral del gobierno de ese país para monitorear el avance de la reforma laboral y el cumplimiento de las obligaciones que México adquirió a partir de la renegociación del acuerdo internacional.

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El primer informe de evaluación que el panel presentó al Congreso y al Comité Laboral que presiden el representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario de Trabajo, aconseja generar un mayor apoyo a los trabajadores de México.

Los expertos del panel sugieren que en los primeros seis meses de la administración entrante, que desde el 20 de enero encabezará Joe Biden, se destinen 100 millones de dólares del financiamiento asignado al TMEC para ayudar a que los trabajadores en México ejerzan sus derechos de organización y negociación en el marco de la reforma laboral.

Este financiamiento provendrá de la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB, por sus siglas en inglés) y será distribuido en la creación de proyectos, así como en la conformación de talleres para desarrollar la capacidad de los empleados para organizarse y negociar, incluyendo apoyo legal y de investigación laboral.

"La mayoría de los trabajadores sindicalizados aún no pueden elegir democráticamente a sus líderes ni ratificar sus convenios colectivos. El sistema de contratos de protección, sostenido por pagos patronales a líderes sindicales permanece intacto en este momento. La Covid-19 ha causado miles de muertes y millones de empleos perdidos. Los trabajadores que intentan desafiar estas condiciones exigiendo democracia sindical, salarios más altos o incluso equipo de protección han sido despedidos, encarcelados y, en demasiados casos, asesinados", concluye ese informe.

El documento reconoce los avances que ha alcanzado el país en la implementación del cambio en el sector laboral, que fue aprobado el 1 de mayo del año pasado, “especialmente teniendo en cuenta el impacto de la pandemia Covid-19”.

“Al mismo tiempo, hay que reconocer que muchos de los cambios prometidos para mejorar la vida de los trabajadores, en términos de democracia sindical, libertad sindical y negociación colectiva, quedan por implementar”.

El informe señala que en México sólo 4.4 millones de trabajadores, de los 23 millones insertos en empleos formales, están afiliados a un sindicato.

A esto se suman los “contratos de protección”, “convenios colectivos” firmados entre empleadores y sindicatos de “protección” dominados por empleadores sin la participación o incluso el conocimiento de los trabajadores que el sindicato pretende representar.

A mediados del mes pasado, en un acto en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la implementación de la primera etapa de la reforma laboral en ocho de las 32 entidades.

TEMA RÍSPIDO

Previo a la entrada en vigor del nuevo tratado comercial, el gobierno federal rechazó la instalación de agregados laborales estadounidenses para supervisar la implementación y ejecución de la Reforma Laboral, uno de los puntos clave que exigió el presidente de EU, Donald Trump, para firmar el nuevo acuerdo comercial.

En su momento, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Cancillería mexicana, y principal negociador del T-MEC, acusó que esto no sólo estaba prohibido en México, sino que violaba la soberanía nacional.

“Evidentemente eso no es aceptable ni se va a aceptar, y en eso hay consenso de todos quienes hoy hemos conversado. México en cambio, ve con muy buenos ojos los paneles, que en los últimos años nos han funcionado para resolver controversias entre México y Estados Unidos", dijo el funcionario a principios de diciembre de 2019.

Estos señalamientos fueron hechos durante la recta final de negociación del T-MEC y a cambio del sistema de supervisión, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la creación de paneles de trabajo tripartitos para supervisar el desempeño laboral y cumplimiento de una nueva legislación en este ámbito.

Como parte de estas actividades, surgió la Junta Independiente de Expertos Laborales de México (IMLEB, por sus siglas en inglés), quien elaboró un reporte laboral a cinco meses de la entrada en vigor de este nuevo acuerdo trinacional para vigilar el avance de la implementación de la Reforma Laboral.




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Un panel de expertos creado por el gobierno de Estados Unidos determinó que en México no se han cumplido los compromisos laborales suscritos en el TMEC, por lo que sugirió destinar 100 millones de dólares durante los primeros seis meses de la administración de Joe Biden para fortalecer la capacidad de organización y negociación de los trabajadores mexicanos.

Este grupo de especialistas fue designado por el Congreso estadounidense y el Comité Laboral del gobierno de ese país para monitorear el avance de la reforma laboral y el cumplimiento de las obligaciones que México adquirió a partir de la renegociación del acuerdo internacional.

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El primer informe de evaluación que el panel presentó al Congreso y al Comité Laboral que presiden el representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario de Trabajo, aconseja generar un mayor apoyo a los trabajadores de México.

Los expertos del panel sugieren que en los primeros seis meses de la administración entrante, que desde el 20 de enero encabezará Joe Biden, se destinen 100 millones de dólares del financiamiento asignado al TMEC para ayudar a que los trabajadores en México ejerzan sus derechos de organización y negociación en el marco de la reforma laboral.

Este financiamiento provendrá de la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB, por sus siglas en inglés) y será distribuido en la creación de proyectos, así como en la conformación de talleres para desarrollar la capacidad de los empleados para organizarse y negociar, incluyendo apoyo legal y de investigación laboral.

"La mayoría de los trabajadores sindicalizados aún no pueden elegir democráticamente a sus líderes ni ratificar sus convenios colectivos. El sistema de contratos de protección, sostenido por pagos patronales a líderes sindicales permanece intacto en este momento. La Covid-19 ha causado miles de muertes y millones de empleos perdidos. Los trabajadores que intentan desafiar estas condiciones exigiendo democracia sindical, salarios más altos o incluso equipo de protección han sido despedidos, encarcelados y, en demasiados casos, asesinados", concluye ese informe.

El documento reconoce los avances que ha alcanzado el país en la implementación del cambio en el sector laboral, que fue aprobado el 1 de mayo del año pasado, “especialmente teniendo en cuenta el impacto de la pandemia Covid-19”.

“Al mismo tiempo, hay que reconocer que muchos de los cambios prometidos para mejorar la vida de los trabajadores, en términos de democracia sindical, libertad sindical y negociación colectiva, quedan por implementar”.

El informe señala que en México sólo 4.4 millones de trabajadores, de los 23 millones insertos en empleos formales, están afiliados a un sindicato.

A esto se suman los “contratos de protección”, “convenios colectivos” firmados entre empleadores y sindicatos de “protección” dominados por empleadores sin la participación o incluso el conocimiento de los trabajadores que el sindicato pretende representar.

A mediados del mes pasado, en un acto en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la implementación de la primera etapa de la reforma laboral en ocho de las 32 entidades.

TEMA RÍSPIDO

Previo a la entrada en vigor del nuevo tratado comercial, el gobierno federal rechazó la instalación de agregados laborales estadounidenses para supervisar la implementación y ejecución de la Reforma Laboral, uno de los puntos clave que exigió el presidente de EU, Donald Trump, para firmar el nuevo acuerdo comercial.

En su momento, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Cancillería mexicana, y principal negociador del T-MEC, acusó que esto no sólo estaba prohibido en México, sino que violaba la soberanía nacional.

“Evidentemente eso no es aceptable ni se va a aceptar, y en eso hay consenso de todos quienes hoy hemos conversado. México en cambio, ve con muy buenos ojos los paneles, que en los últimos años nos han funcionado para resolver controversias entre México y Estados Unidos", dijo el funcionario a principios de diciembre de 2019.

Estos señalamientos fueron hechos durante la recta final de negociación del T-MEC y a cambio del sistema de supervisión, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la creación de paneles de trabajo tripartitos para supervisar el desempeño laboral y cumplimiento de una nueva legislación en este ámbito.

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