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La solicitud sin precedentes del presidente Donald Trump de que Estados Unidos obtenga parte de los ingresos de la venta forzada de la aplicación de videos cortos TikTok, propiedad del gigante chino de internet ByteDance, se basa en una interpretación de la ley que, según abogados, puede estar abierta a desafíos legales.
El Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS), un panel del Gobierno que revisa los acuerdos empresariales en busca de posibles riesgos a la seguridad nacional, dio a ByteDance hasta el 15 de septiembre para negociar la venta de TikTok a Microsoft Corp, en medio de la inquietud sobre los datos personales que gestiona la aplicación.
Microsoft está buscando comprar los activos de TikTok en América del Norte, Australia y Nueva Zelanda. Si bien no ha revelado cuánto está dispuesto a pagar, fuentes dijeron previamente a Reuters que los ejecutivos de ByteDance valoran todo TikTok en más de 50 mil millones de dólares.
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"Una parte muy sustancial de ese precio tendrá que ingresar al Tesoro de Estados Unidos porque estamos haciendo posible que este acuerdo suceda", dijo Trump a periodistas el lunes.
Las leyes del CFIUS le otorgan al Gobierno de Estados Unidos una amplia autoridad para buscar mitigar los riesgos de las empresas que pongan en peligro la seguridad nacional, dijeron expertos legales.
Si bien el CFIUS nunca antes había buscado una porción de los ingresos por una desinversión que haya ordenado, la Casa Blanca podría argumentar que imponer una tarifa a Bytedance la privaría de recursos que de otro modo apoyarían al Gobierno de China en iniciativas tecnológicas que podrían dañar los intereses de Estados Unidos, de acuerdo a algunos expertos legales.
"Ciertamente es inconsistente con la intención del Congreso... y con la larga preocupación del CFIUS de mantener una reputación de actuar de manera apolítica y únicamente por razones de seguridad nacional, pero no está claro que esté fuera de la autoridad legal del presidente", dijo Paul Marquardt, un abogado regulador en Cleary Gottlieb.
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La Casa Blanca, el Departamento del Tesoro, Bytedance y Microsoft no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
La ley de Estados Unidos establece que las decisiones presidenciales para bloquear acuerdos entre empresas por motivos de seguridad nacional no están sujetas a revisiones judiciales.
Sin embargo, un desafío legal es posible en virtud de la quinta enmienda de la Constitución, que prohíbe al Gobierno incautar bienes sin una compensación justa, dijeron expertos legales.
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