El gobierno federal mantendrá los contratos con las calificadoras Moody’s, Fitch Ratings y Standard & Poor’s, porque no quiere que se piense que las están castigando por sus pronósticos, sobretodo después de que bajaron la calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Nosotros tenemos contratos con tres, ósea que pudiéramos ahorrarnos lo que pudiera pagarle a una, pero no lo hacemos ni lo vamos a hacer, porque no queremos que se piense que estamos castigando o tomando represalias contra calificadoras”, aseveró durante la conferencia mañanera.
Al inicio de esta semana, El Sol de México dio a conocer que en los últimos diez años, la Secretaría de Hacienda (SHCP) firmó a dichas empresas contratos por 6.6 millones de dólares para que calificaran la posibilidad del gobierno mexicano de incumplir sus obligaciones financieras.
Estas fueron autorizados por personajes como Alejandro Díaz de León, actual gobernador del Banco de México, y Gerardo Rodríguez Regordosa, director de Inversiones de Mercados Emergentes de Black Rock.
El primer mandatario explicó que este es un servicio contratado por la SHCP para evaluar el desempeño del gobierno federal y consideró que no ha sido mucho el gasto, puesto que de acuerdo con las copias de los contratos obtenidos por este diario mediante una solicitud de transparencia, desde 2009, México ha pagado a Fitch Ratings 1.7 millones de dólares, a Standard & Poor’s, 1.9 millones y a Moody’s, 2.8 millones.
Aunque podría contratarse a una sola empresa para ahorrarse gastos, López Obrador afirmó que no lo hará porque no quiere que se malinterprete y serán respetuosos de sus recomendaciones.
“Sería muy mal mensaje, de que podríamos no estar de acuerdo con lo que dicen las calificadoras. Cuando bajaron la calificación petrolera y les reclamamos amablemente que no habían actuado con profesionalismo en el tiempo en que prevalecía la corrupción en Pemex y se cayó la corrupción petrolera solo el año pasado”, comentó.
Anteriormente, el mandatario ha acusado a estas agencias de no ser profesionales y por aplicar la misma métrica desde hace tres décadas.
"Las calificadoras han cometido errores como el hecho de dar notas de AAA (las más altas) a los bonos hipotecarios de Estados Unidos hace más de una década, los cuales quebraron y causaron la recesión mundial de 2008-2009".
Además de que, así como lo mencionó Joel Martínez, director de Visor Financiero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y otras instancias, indican que cualquier emisor de deuda, público o privado, debe tener al menos dos calificadoras.
“Lo ideal, si eres gobierno, es que tengas a las tres calificadoras, que puede no gustarte lo que te digan y puede ser hasta cuestionable, pero finamente son las que califican y que siguen los accionistas que compran papeles o deuda”, refirió.
Cabe recordar que aunque hoy prometió dar a conocer el monto que les paga el gobierno federal a las calificadoras por los servicios que ofrecen, durante su conferencia del 16 de agosto, reveló que “estamos pagando a las calificadoras como 250, 300 millones de dólares al año, a tres, podríamos tener dos, que es lo que se pide en el mundo de las finanzas, no tres; sin embargo, decidimos mantener las tres y se paga un servicio”.
El contrato anual de Fitch Ratings vencido el 24 de abril de 2019 , al cual tuvo acceso El Sol de México ,revela que “usted garantiza que toda la información que usted o sus agentes proporcionen a Fitch, a partir de la fecha en que se proporciona dicha información, no contiene una declaración falsa de hechos”.
Así como el de Moody’s para los años 2018, 2019 y 2020 que dice “No estaremos obligados a verificar, auditar o validar independientemente dicha información. Usted garantiza que ha llevado a cabo todas las diligencias debidas razonables con respecto a dicha información y que toda la información es verdadera, precisa, completa y no engañosa”.
Es de mencionar que por el primer contrato, el gobierno invirtió 280 mil dólares, mientras que de los otros pagó 300 mil dólares por cada uno.
Luego de que S&P bajara de estable a negativa la perspectiva de la nota de Pemex, senadores de Morena advirtieron de presentar una iniciativa para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) esté obligada a decretar la revocación a las agencias cuando sus evaluaciones atenten, de manera deliberada, contra la estabilidad financiera.
El 5 de junio, Fitch Ratings degradó la nota de México de 'BBB+' a' BBB' con perspectiva estable, para dejarla así a dos escalones de caer en grado especulativo; ese mismo día, Moody´s modificó la perspectiva de la nota a negativa desde estable, pero dejó la calificación en A3.
Los ajustes resultaron de una combinación de factores que incluyeron el incremento de riesgo en las finanzas públicas derivado del deterioro financiero en Pemex y una creciente debilidad económica ante las amenazas y tensiones en materia de comercio exterior.
|| Con información de Juan Luis Ramos ||
