Quien fue subdirector de Generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Eduardo Arriola, podría convertirse en el primer funcionario de la actual administración en ser investigado por violar la Ley Federal de Austeridad Republicana, que duplica de 5 a 10 años el tiempo que un exfuncionario público de alto nivel puede trabajar en empresas privadas luego de dejar su cargo.
Arriola se empleó como experto en energía de Vitol de México, una empresa comercializadora de energía que tuvo relación comercial con la Subdirección de Negocios no Regulados de la CFE.
Vitol se encuentra bajo el nombre de “México Eléctrico”, Proceso de Procura de Largo Plazo, es la encargada de organizar dicho concurso, en el cual Eduardo Arriola se desempeña como “experto en energía”.
Al interior de CFE, el exfuncionario se desempeñó como Subdirector de Generación de la CFE y fue responsable de habilitar que las seis Empresas Productivas Subsidiarias de Generación de la Comisión estuvieran preparadas para participar en el nuevo Mercado Eléctrico Mayorista, así como de negociar en su representación los términos y condiciones bajo los que se comprometió su capacidad con el Suministrador de Servicios Básicos (es decir, conoce el portafolio de generación disponible de la CFE y sus costos).
Al poco tiempo Eduardo Arriola ingresó a trabajar con un competidor internacional, tal y como marca la ley, sin siquiera haber dejado pasar un año de su salida de la CFE.
Recientemente Vitol se vio beneficiada en la compra de energía por la Subdirección de Negocios no Regulados de la CFE, en la cual labora Pablo Álvarez Watkins, cercano excolaborador y operador de Arriola.
Cabe destacar que esta semana el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, la Ley de Austeridad Republicana, y ahora pasa al Ejecutivo.
La votación en lo general registró 321 votos a favor, 124 en contra y una abstención, mientras que en lo particular recibió 272, 154 y 3, respectivamente.
Esta ley, entre otras medidas, duplica de 5 a 10 años el tiempo que un exfuncionario público de alto nivel puede trabajar en empresas privadas luego de dejar su cargo.
Señala que funcionarios del más alto nivel no podrán trabajar en alguna empresa en la que puedan utilizar la información privilegiada que manejaron como servidores públicos.
Para ello, también se incluyen reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
