El Estado mexicano ofreció una disculpa pública este viernes a las hermanas González Pérez, las tres indígenas tzetzales detenidas ilegalmente y violadas por militares en 1994, en cumplimiento de una recomendación emitida en 1996 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un acto público en Ocosingo, municipio del estado de Chiapas, la titular de la Secretaría de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, presentó las disculpas del Estado mexicano a Ana, Beatriz y a Celia González Pérez, que las rechazaron al considerar que tras 25 años "de impunidad" el Ejército no presentó a los responsables de la agresión que sufrieron el 4 de junio de 1994 en un retén militar.
“A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por haber sido detenidas ilegalmente, violadas y torturadas sexualmente", dijo Sánchez Cordero a las mujeres indígenas en cumplimiento de la recomendación que hizo la CIDH sobre el caso de las hermanas González Pérez.
Las hermanas Ana, Beatriz y Celia, entonces menor de edad, fueron detenidas junto a su madre el 4 de junio de 1994 en un retén militar en Altamirano, Chiapas. "Se les retuvo ilegalmente, además, fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas", según la resolución emitida por la CIDH en 1996 en la que concluyó violaciones a los derechos humanos de estas mujeres.
Sánchez Cordero calificó esta disculpa pública como un "acto de justicia" y aseguró que después de muchos años finalmente se suscribe un compromiso del Gobierno por el que da acceso a la justicia, a la verdad y se hace una reparación del daño con la garantía de no repetición.
“Nunca más ni una niña ni una mujer más, sobre todo si son indígenas. Esta violencia que vivieron no puede repetirse”, declaró la ministra mexicana al subrayar que la disculpa pública obedece "a la falta de investigación y de búsqueda de justicia, así como por la falta de reparación a las víctimas".
Celia González agradeció el acto del Gobierno pero dejó claro que esta disculpa no está concluida por la ausencia de la Fuerza Armada de México en el acto.
"Nosotras las mujeres estamos aquí enojadas, venimos con mucho coraje hacia las autoridades, hoy estamos aquí en esta supuesta disculpa pública de buena fe, desde hace muchos años queremos justicia verdadera y que se castigue a los militares”, declaró.
Este acto "no lo podemos tomar como una disculpa porque faltó la comisión de los militares, es por eso que no estamos de acuerdo con esta disculpa, agradecemos la presencia”, dijo Beatriz González.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, reiteró que el Estado mexicano reconoce la violación de los derechos humanos a estas mujeres.
"De estos indignantes hechos han transcurrido 25 años de impunidad, incluyendo 18 años desde que la CIDH emitió sus conclusiones y recomendaciones sobre este caso”, puntualizó.
El caso de las hermanas González Pérez fue denunciado a las autoridades mexicanas el 30 de junio de 1994 con base en un examen médico ginecológico, el cual fue corroborado y ratificado por la declaración de Ana y Beatriz (las dos hermanas mayores).
No obstante que las víctimas eran civiles, el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar en septiembre de 1994, donde fue archivado bajo el argumento de que “los representantes de las hermanas González Pérez no demostraron suficiente interés en el caso” y que no se configuran violaciones de los derechos humanos ante la falta de comparecencia de las hermanas a declarar nuevamente y a someterse a pericias ginecológicas.
El caso fue presentado el 16 de enero de 1996 ante la CIDH, que recomendó una investigación completa e imparcial en una jurisdicción penal para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de Ana, Beatriz y Celia González Pérez y su madre Delia Pérez de González.
Ante el expreso incumplimiento del Estado mexicano de investigar los hechos, castigar a los responsables y reparar las violaciones, la CIDH emitió un informe el 4 de abril de 2001 declarando la responsabilidad internacional del Estado por la violación a varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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