/ sábado 12 de marzo de 2016

CDHDF: Persiste dilación en acceso a la justicia en la PGJDF

Al hacer ayer del conocimiento de la sociedad, la emisión de la Recomendación 2/2016 en contra de la Procuraduría General de Justicia capitalina en calidad de autoridad responsable, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, sostuvo que las violaciones a derechos humanos acreditadas por este organismo por parte de servidores públicos de esa dependencia, se refieren a 19 expedientes de queja registrados en esta Comisión entre los años 2009 a 2014.

Dijo que todos son hechos relacionados con el inicio e integración de averiguaciones previas en las que la falta de diligencia y la dilación se tradujo, por un lado, en un impedimento para el acceso a la justicia por parte de las víctimas de delito y, por otro, en una re-victimización de las mismas.

Agregó que aunque cada uno de los expedientes investigados por la  comisión tiene particularidades definidas ya sea por el tipo de delito que se investigó, o por el propio contexto de las indagatorias, se detectó que en ellos se conculcaron los derechos: al debido proceso por falta de determinación adecuada en un plazo razonable; al acceso a la justicia, y al trato digno y la integridad psicoemocional.

Durante la presentación del documento, la presidenta de la comisión manifestó su preocupación por esta situación, porque la CDHDF ha posicionado el tema desde 1993, a través de 27 recomendaciones.

En tales documentos, añadió, se ponen de manifiesto las violaciones recurrentes a los derechos humanos por irregularidades en la averiguación previa, dilación u omisión para integrar y determinar las indagatorias, así como la negativa de acceso a la justicia en agravio de las víctimas de delitos.

La CDHDF, dijo, identificó que en todos los casos, los denunciantes tuvieron participación activa durante el trámite de sus respectivos expedientes, ya sea aportando pruebas para acreditar la probable responsabilidad o dándole seguimiento a las indagatorias.

La doctora Gómez Gallardo advirtió que los agentes del Ministerio Público de la PGJDF y sus respectivos oficiales secretarios, incurrieron en omisiones para tomar medidas para la ubicación, localización y citación a declarar de los probables responsables.

Estas omisiones, apuntó, derivaron también en falta de realización de diligencias tendientes a recabar elementos de prueba, no se solicitaron dictámenes de criminalística, se ejercitó la acción penal indebidamente, se incumplieron disposiciones legales, se incurrieron en errores técnicos, en fallas para dar un seguimiento puntual y oportuno a las indagatorias, entre otras.

Para esta Comisión, remarcó, dichas omisiones contribuyeron a la prolongación o demora injustificada en la investigación de las averiguaciones previas, en una temporalidad que va de los dos y hasta más de 13 años.

En cuanto a la afectación a las víctimas, la presidenta de la CDHDF observó que las indagatorias no condujeron a la determinación de sanciones y a la reparación del daño, pues, este organismo confirmó que de las indagatorias: en 6 prescribió la pretensión punitiva; 8 están concluidas por diversas causas; y, 7 aún se encuentran en investigación.

Por estos motivos, la CDHDF dirigió a la PGJDF la Recomendación 2/2016 que consta de siete puntos, entre los que destacan: determinar las responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos que incurrieron en dilación, indemnización y tratamiento psicológico a las víctimas y llevar a cabo un acto general de reconocimiento de responsabilidad.

También se le solicita a la Procuraduría capitalina la revisión y modificación de los acuerdos A/010/2009 y A/016/2009 del procurador, a fin de reforzar las garantías de cumplimiento de los plazos establecidos en los mismos para la realización de diligencias necesarias y sustantivas en plazos razonables.

/arm

Al hacer ayer del conocimiento de la sociedad, la emisión de la Recomendación 2/2016 en contra de la Procuraduría General de Justicia capitalina en calidad de autoridad responsable, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, sostuvo que las violaciones a derechos humanos acreditadas por este organismo por parte de servidores públicos de esa dependencia, se refieren a 19 expedientes de queja registrados en esta Comisión entre los años 2009 a 2014.

Dijo que todos son hechos relacionados con el inicio e integración de averiguaciones previas en las que la falta de diligencia y la dilación se tradujo, por un lado, en un impedimento para el acceso a la justicia por parte de las víctimas de delito y, por otro, en una re-victimización de las mismas.

Agregó que aunque cada uno de los expedientes investigados por la  comisión tiene particularidades definidas ya sea por el tipo de delito que se investigó, o por el propio contexto de las indagatorias, se detectó que en ellos se conculcaron los derechos: al debido proceso por falta de determinación adecuada en un plazo razonable; al acceso a la justicia, y al trato digno y la integridad psicoemocional.

Durante la presentación del documento, la presidenta de la comisión manifestó su preocupación por esta situación, porque la CDHDF ha posicionado el tema desde 1993, a través de 27 recomendaciones.

En tales documentos, añadió, se ponen de manifiesto las violaciones recurrentes a los derechos humanos por irregularidades en la averiguación previa, dilación u omisión para integrar y determinar las indagatorias, así como la negativa de acceso a la justicia en agravio de las víctimas de delitos.

La CDHDF, dijo, identificó que en todos los casos, los denunciantes tuvieron participación activa durante el trámite de sus respectivos expedientes, ya sea aportando pruebas para acreditar la probable responsabilidad o dándole seguimiento a las indagatorias.

La doctora Gómez Gallardo advirtió que los agentes del Ministerio Público de la PGJDF y sus respectivos oficiales secretarios, incurrieron en omisiones para tomar medidas para la ubicación, localización y citación a declarar de los probables responsables.

Estas omisiones, apuntó, derivaron también en falta de realización de diligencias tendientes a recabar elementos de prueba, no se solicitaron dictámenes de criminalística, se ejercitó la acción penal indebidamente, se incumplieron disposiciones legales, se incurrieron en errores técnicos, en fallas para dar un seguimiento puntual y oportuno a las indagatorias, entre otras.

Para esta Comisión, remarcó, dichas omisiones contribuyeron a la prolongación o demora injustificada en la investigación de las averiguaciones previas, en una temporalidad que va de los dos y hasta más de 13 años.

En cuanto a la afectación a las víctimas, la presidenta de la CDHDF observó que las indagatorias no condujeron a la determinación de sanciones y a la reparación del daño, pues, este organismo confirmó que de las indagatorias: en 6 prescribió la pretensión punitiva; 8 están concluidas por diversas causas; y, 7 aún se encuentran en investigación.

Por estos motivos, la CDHDF dirigió a la PGJDF la Recomendación 2/2016 que consta de siete puntos, entre los que destacan: determinar las responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos que incurrieron en dilación, indemnización y tratamiento psicológico a las víctimas y llevar a cabo un acto general de reconocimiento de responsabilidad.

También se le solicita a la Procuraduría capitalina la revisión y modificación de los acuerdos A/010/2009 y A/016/2009 del procurador, a fin de reforzar las garantías de cumplimiento de los plazos establecidos en los mismos para la realización de diligencias necesarias y sustantivas en plazos razonables.

/arm