Al hacerayer del conocimiento de la sociedad, la emisión de laRecomendación 2/2016 en contra de la Procuraduría General deJusticia capitalina en calidad de autoridad responsable, lapresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal(CDHDF), Perla Gómez Gallardo, sostuvo que las violaciones aderechos humanos acreditadas por este organismo por parte deservidores públicos de esa dependencia, se refieren a 19expedientes de queja registrados en esta Comisión entre los años2009 a 2014.
Dijo que todos son hechosrelacionados con el inicio e integración de averiguaciones previasen las que la falta de diligencia y la dilación se tradujo, por unlado, en un impedimento para el acceso a la justicia por parte delas víctimas de delito y, por otro, en una re-victimización delas mismas.
Agregó que aunque cada uno delos expedientes investigados por la comisión tiene particularidadesdefinidas ya sea por el tipo de delito que se investigó, o por elpropio contexto de las indagatorias, se detectó que en ellos seconculcaron los derechos: al debido proceso por falta dedeterminación adecuada en un plazo razonable; al acceso a lajusticia, y al trato digno y la integridadpsicoemocional.
Durante la presentación deldocumento, la presidenta de la comisión manifestó supreocupación por esta situación, porque la CDHDF ha posicionadoel tema desde 1993, a través de 27 recomendaciones.
En tales documentos, añadió, seponen de manifiesto las violaciones recurrentes a los derechoshumanos por irregularidades en la averiguación previa, dilación uomisión para integrar y determinar las indagatorias, así como lanegativa de acceso a la justicia en agravio de las víctimas dedelitos.
La CDHDF, dijo, identificó queen todos los casos, los denunciantes tuvieron participación activadurante el trámite de sus respectivos expedientes, ya seaaportando pruebas para acreditar la probable responsabilidad odándole seguimiento a las indagatorias.
La doctora Gómez Gallardoadvirtió que los agentes del Ministerio Público de la PGJDF y susrespectivos oficiales secretarios, incurrieron en omisiones paratomar medidas para la ubicación, localización y citación adeclarar de los probables responsables.
Estas omisiones, apuntó,derivaron también en falta de realización de diligenciastendientes a recabar elementos de prueba, no se solicitarondictámenes de criminalística, se ejercitó la acción penalindebidamente, se incumplieron disposiciones legales, seincurrieron en errores técnicos, en fallas para dar un seguimientopuntual y oportuno a las indagatorias, entre otras.
Para esta Comisión, remarcó,dichas omisiones contribuyeron a la prolongación o demorainjustificada en la investigación de las averiguaciones previas,en una temporalidad que va de los dos y hasta más de 13años.
En cuanto a la afectación a lasvíctimas, la presidenta de la CDHDF observó que las indagatoriasno condujeron a la determinación de sanciones y a la reparacióndel daño, pues, este organismo confirmó que de las indagatorias:en 6 prescribió la pretensión punitiva; 8 están concluidas pordiversas causas; y, 7 aún se encuentran eninvestigación.
Por estos motivos, la CDHDFdirigió a la PGJDF la Recomendación 2/2016 que consta de sietepuntos, entre los que destacan: determinar las responsabilidadesadministrativas y penales de los servidores públicos queincurrieron en dilación, indemnización y tratamiento psicológicoa las víctimas y llevar a cabo un acto general de reconocimientode responsabilidad.
También se le solicita a laProcuraduría capitalina la revisión y modificación de losacuerdos A/010/2009 y A/016/2009 del procurador, a fin de reforzarlas garantías de cumplimiento de los plazos establecidos en losmismos para la realización de diligencias necesarias y sustantivasen plazos razonables.
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