Redacción / El Sol de México
Ciudad de México.- La actitud de jueces y magistrados esreprobable al oponerse a las atribuciones adquiridas en la Ley deTransparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición deCuentas de la Ciudad de México, la cual incluye la Declaración3de3 como obligatoria, expresó ayer el asambleísta panistaErnesto Sánchez Rodríguez.
En un comunicado, el presidente de la Comisión de Transparenciaa la Gestión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal(ALDF) afirmó que es una prioridad que los cambios que se dan enla capital vayan encaminados crear un Sistema LocalAnticorrupción.
Advirtió que la fracción panista velará porque esa ley detransparencia se aplique para todos, ya que Acción Nacional estáen contra de la corrupción y esta medida, es una herramienta quela previene, además de transparentar a dónde termina el dinero delos capitalinos.
“Los jueces y magistrados son pagados con recurso que surge delos impuestos de la ciudadanía, por lo cual deben someterse todosservidores públicos a lo que establece la ley sin excepción”,enfatizó Sánchez Rodríguez.
Se manifestó a favor de instalar una mesa de diálogo conjueces y magistrados con objeto de intercambiar puntos de vista ydesahogar sus inquietudes sobre los criterios de esta nueva ley detransparencia que tiene, señaló, elementos para una lucha frontalen contra de la corrupción.
Confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estáa favor de la ciudadanía y la aplicación de leyes; y dijo,“sin duda los tribunales locales resienten los cambios queestamos haciendo desde la Asamblea dirigidos a evitar lacorrupción, no es un tema en contra de ellos ni de nadie, soncambios que son necesarios para tener mejores servidores públicos,además de atender las demandas ciudadanas de disminuir lacorrupción y transparentar los recursos”.
El panista recordó que la ley de transparencia fue avalada porla ALDF durante el periodo extraordinario pasado, con 41 votos afavor y en la cual, se incluyó la voz de los académicos expertosen la materia, así como de organizaciones de la sociedadcivil.
Finalmente, se sumó a la exigencia de su partido por conocer lapropuesta de redacción del Gobierno federal a los textosobservados en la Ley de Responsabilidades Administrativas, por loque aprovechó para invitar a los institutos políticos enrespaldar toda acción que inhiba actos ilícitos y de corrupciónque dañan a la sociedad.