El derecho a una muerte digna o sea la eutanasia fue aprobadaayer por la Asamblea Constituyente, que mantiene también elderecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de lapersonalidad, con lo cual queda vigente la interrupción legal delembarazo.
Sin embargo, no prosperó la propuesta de establecer el derechode uso recreativo de la marihuana.
También se aprobó que todas las formas de comunidad familiarsean reconocidas en igualdad de derechos.
La Asamblea Constituyente aprobó, en lo general, el artículo11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, referidoa Ciudad de libertades y derechos, con una votación de 83 enfavor, tres en contra y tres abstenciones. En la discusión en loparticular se aprobó una reserva con la que se consagra la muertedigna.
Después de un largo debate, en la que se desecharon diversasreservas para incluir el derecho a la vida, fue aprobada lapropuesta del asambleísta constituyente perredista, Jesús Ortega,quien enfatizó que todos las discusiones sobre la Constitucióndeben estar al margen de cualquier moral religiosa.
En su reserva al artículo 11, Apartado A, el legislador delPartido de la Revolución Democrática (PRD) propuso hacer unagregado al texto del dictamen de la Comisión de la Carta deDerechos, el cual quedó como sigue:
“Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libredesarrollo de una personalidad. Este derecho humano fundamentaldeberá posibilitar que todas las personas puedan ejercerplenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida dignacontiene implícitamente el derecho a una muerte digna”. Estareserva fue aprobada por 56 votos en favor, 27 en contra y unaabstención.
En este artículo también se aprobaron los derechos de lasfamilias en los que se señala que todas las estructuras,manifestaciones y formas de comunidad familiar son reconocidas enigualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley yapoyadas en sus tareas de cuidado.
Con respecto al derecho a la vida, se manifestaron a favor lasasambleístas priístas, Yolanda de la Torre y Lizbeth HernándezLecona, los panistas Cecilia Romero y Gonzalo Altamirano Dimas;Alejandro Bustos, legislador del Partido Verde Ecologista deMéxico (PVEM), y Hugo Eric Flores, del Partido Encuentro Social(PES), entre otros.
Entre los argumentos que se expusieron está el de que en laAsamblea Constituyente se estaba aprobando el derecho a morir y noel derecho a vivir. Negaron que se desee criminalizar a lasmujeres, pero “no tenemos derecho a disponer del cuerpo de otrapersona”. También se dijo que es falso que con el abortodisminuyan las muertes de mujeres y se indicó que en la Ciudad deMéxico se da el mayor número de fallecimientos por terminacióndel embarazo y la mayor cantidad de embarazos entre adolescentes.También se negó que haya miles de mujeres condenadas porinterrumpir sus embarazos en los estados donde se ha aprobado elderecho a la vida. Se enfatizó que los instrumentosinternacionales de derechos humanos consagran el derecho a la viday que el Estado mexicano debe hacerlo cumplir, dado que los haratificado.
La asambleísta Hernández Lecona precisó que el derecho a lavida fue apoyado por 19 mil firmas y 16 diferentes iniciativas;mientras que la legisladora del Partido RevolucionarioInstitucional (PRI) De la Torre, se manifestó en favor del derechoa la vida, como ya se mencionó, pero al mismo tiempo dijo apoyarel derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo. En elmismo sentido se expresó la asambleísta designada por elEjecutivo Federal, Beatriz Pagés.
El constituyente Altamirano Dimas aseguró que el derecho a lavida es un concepto mucho más amplio que lo referente a “desdeel momento de la concepción”, por lo que insistió enincorporarlo a la Constitución. Dijo que este derecho tiene quever con lo que vive actualmente el país en materia de ejecucionesy desaparición de personas.
Aunque las reservas sobre este tema no fueron admitidas adiscusión, tampoco prosperaron las propuestas para que en materiade derecho a la integridad se agregara que toda persona tiene elderecho a disponer de su propio cuerpo.
Por su parte, la asambleísta del Movimiento Ciudadano (MC)Esthela Damián, insistió en su propuesta para incluir en laConstitución el derecho de los ciudadanos al uso recreativo ymedicinal de la marihuana.
Aunque este tema estaba propuesto en el proyecto original deConstitución enviado por el jefe de Gobierno, la Comisión deCarta de Derechos lo desechó.
Argumentó que entre enero de 2006 y septiembre 2011 seregistraron 47 mil 338 muertes relacionadas con el combate alnarcotráfico, según datos de Presidencia de la República. Entanto, desde 2006 hasta 2011 han ocurrido 2 mil muertes por uso dedrogas. “Estos números nos indican que es mucho menor elproblema de muertes relacionadas directamente con el consumo dedrogas que el de la violencia asociada al narcotráfico y ladelincuencia organizada, y por eso las autoridades deben diseñarpolíticas públicas en consecuencia”.
La Asamblea Constituyente ni siquiera admitió la reserva adiscusión, con una votación de 63 en contra, 16 en pro y tresabstenciones.
El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional, JaimeCárdenas, propuso agregar un inciso J con el título“Proscripción de un régimen policiaco militar en la ciudad”,y explicó que la militarización de México es promovida porinstancias nacionales e internacionales; dijo que esa forma deorganización atenta contra el régimen democrático y el Estado dederecho, y tiende a conformar un régimen autoritario militar. Lareserva fue votada en contra.
También propuso que para que los servidores públicos no eludansu responsabilidad, quedara establecido en la Constitución quetodas las autoridades tengan como obligación defender los derechoshumanos y sus garantías. Aunque obtuvo mayoría de votos, noalcanzó mayoría calificada. De igual forma se desechó unareserva del mismo legislador sobre el acceso a la justicia yprohibición del derecho penal del enemigo.
Olga Sánchez Cordero (Constitucionalista), la perredistaDolores Padierna, el panista Santiago Creel, Bernando Bátiz porMorena, Alejandro Chanona por MC y Claudia Aguilar (PoderEjecutivo) propusieron agregar al Apartado C, numeral 1, que nosólo las personas, sino también los grupos y comunidades tienenderecho al nombre, a su propia imagen y reputación, así como alreconocimiento de su identidad y personalidad jurídica. Elpropósito es facilitar el acceso a la justicia, argumentó laexministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el artículo 11 quedaron establecidos: el derecho a laautodeterminación personal; derecho a la integridad; derecho a laidentidad y a la seguridad jurídica; derechos de las familias;derechos sexuales; derechos reproductivos; derecho a defender losderechos humanos, y acceso a la justicia y libertad decreencias.
Finalmente, dicho precepto fue aprobado en lo particular por 69votos en pro, siete en contra y cero abstenciones.
