/ martes 17 de enero de 2017

Entregan 12 amparos más contra gasolinazo

*Demandaron al Poder Judicial resolver con perspectiva jurídica

El Gobierno de la Ciudad de México y reconocidos juristas entregaron ayer 12 amparos en contra de los precios diferenciados de la gasolina en la Capital, por considerar que carecen de fundamentos y violar los principios de equidad y proporcionalidad, ante el Juzgado 15 en Materia Administrativa.

El consejero jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados Covarrubias, acompañado de los juristas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Carrancá y Rivas, Eduardo López Betancourt, así como de Juan Nájera de la Barra Mexicana de Abogados, Jesús Schmall, y de Jorge Gaviño Ambriz, abogado y director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), demandaron al Poder Judicial resolver con perspectiva jurídica y no política este asunto.

Precisó a las afueras del Juzgado que el amparo interpuesto a su nombre, aduce a la falta de fundamentación y motivación en el esquema tarifario de la gasolina, “violentando los principios de igualdad, pero también haciendo alusión a la falta de equidad”.

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Destacó que los juristas se sumaron a esta acción, porque se trata de un problema social que afecta la economía de los mexicanos, razón por la que el Poder Judicial debe dar un cauce legal y pronunciarse respetando el derecho, pero sobre todo que se resuelva con sensibilidad social.

Granados comentó que el amparo es una estrategia jurídica instruida por el jefe de Gobierno contra los acuerdos por los que se han flexibilizado los precios de los combustibles, acción a la que además de la suma de connotados juristas y organizaciones también se prevé la de los ciudadanos.

Por ello, informó que el formato de juicio de amparo estará en un link de la página de la Cejur, consejeria.cdmx.gob.mx, con el propósito de que la ciudadanía y organizaciones civiles se sumen a esa estrategia jurídica contra los precios diferentes que se han designado en las 16 delegaciones políticas, y de esta forma acompañar la estrategia jurídica del Gobierno capitalino.

“Estamos impugnando los acuerdos por los que se permite la flexibilización en el costo de las gasolinas, es decir, no puede haber una regionalización, porque desde nuestra óptica hay estudio y análisis jurídico, hay una violación constitucional”, precisó.

Señaló que los amparos que presentaron van en dos vertientes: tanto por la falta de fundamentación como por motivaciones de los acuerdos, por lo que se ha generado la flexibilización en los precios, con lo que se violentaron los principios de igualdad, y hacen alusión a la falta de equidad y proporcionalidad.

Además de la impugnación a la constitucionalidad del Artículo 27 de la Ley de los Órganos Coordinadores de Energía, por el que se establece que no se otorgará suspensión en el juicio de amparo tratándose de la materia energética.

“Los criterios del Poder Judicial deben ser apegados a derecho, bajo los principios de constitucionalidad y sobre todo, confiando también en que es el Poder Judicial quien tiene que pronunciarse, respetando el Estado de derecho y sobre todo que resuelven con sensibilidad social”.

*Demandaron al Poder Judicial resolver con perspectiva jurídica

El Gobierno de la Ciudad de México y reconocidos juristas entregaron ayer 12 amparos en contra de los precios diferenciados de la gasolina en la Capital, por considerar que carecen de fundamentos y violar los principios de equidad y proporcionalidad, ante el Juzgado 15 en Materia Administrativa.

El consejero jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados Covarrubias, acompañado de los juristas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Carrancá y Rivas, Eduardo López Betancourt, así como de Juan Nájera de la Barra Mexicana de Abogados, Jesús Schmall, y de Jorge Gaviño Ambriz, abogado y director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), demandaron al Poder Judicial resolver con perspectiva jurídica y no política este asunto.

Precisó a las afueras del Juzgado que el amparo interpuesto a su nombre, aduce a la falta de fundamentación y motivación en el esquema tarifario de la gasolina, “violentando los principios de igualdad, pero también haciendo alusión a la falta de equidad”.

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Destacó que los juristas se sumaron a esta acción, porque se trata de un problema social que afecta la economía de los mexicanos, razón por la que el Poder Judicial debe dar un cauce legal y pronunciarse respetando el derecho, pero sobre todo que se resuelva con sensibilidad social.

Granados comentó que el amparo es una estrategia jurídica instruida por el jefe de Gobierno contra los acuerdos por los que se han flexibilizado los precios de los combustibles, acción a la que además de la suma de connotados juristas y organizaciones también se prevé la de los ciudadanos.

Por ello, informó que el formato de juicio de amparo estará en un link de la página de la Cejur, consejeria.cdmx.gob.mx, con el propósito de que la ciudadanía y organizaciones civiles se sumen a esa estrategia jurídica contra los precios diferentes que se han designado en las 16 delegaciones políticas, y de esta forma acompañar la estrategia jurídica del Gobierno capitalino.

“Estamos impugnando los acuerdos por los que se permite la flexibilización en el costo de las gasolinas, es decir, no puede haber una regionalización, porque desde nuestra óptica hay estudio y análisis jurídico, hay una violación constitucional”, precisó.

Señaló que los amparos que presentaron van en dos vertientes: tanto por la falta de fundamentación como por motivaciones de los acuerdos, por lo que se ha generado la flexibilización en los precios, con lo que se violentaron los principios de igualdad, y hacen alusión a la falta de equidad y proporcionalidad.

Además de la impugnación a la constitucionalidad del Artículo 27 de la Ley de los Órganos Coordinadores de Energía, por el que se establece que no se otorgará suspensión en el juicio de amparo tratándose de la materia energética.

“Los criterios del Poder Judicial deben ser apegados a derecho, bajo los principios de constitucionalidad y sobre todo, confiando también en que es el Poder Judicial quien tiene que pronunciarse, respetando el Estado de derecho y sobre todo que resuelven con sensibilidad social”.