Fernando Ríos / El Sol de México
Ciudad de México.- Jorge Romero, coordinador de losasambleístas panistas, propuso ayer eliminar el ejercicio del vetode bolsillo por parte del jefe de Gobierno capitalino, a fin deabatir el rezago y agilizar la práctica parlamentaria y establecerun plazo de 10 días para que la Consejería Jurídica y ServiciosLegales capitalina promulgue y publique las leyes aprobadas por loslegisladores locales.
Explicó que el Distrito Federal es la única entidad del paísdonde existe el veto de bolsillo, y que ello niega la soberanía dela Asamblea Legislativa capitalina.
Explicó que al derogar, desaparecer y romper el esquema delveto de bolsillo, la Consejería Jurídica y Servicios Legalestendría un plazo máximo de 10 días para publicar las leyesaprobadas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal(ALDF).
Destacó que a pesar de que los legisladores locales discuten yaprueban leyes, éstas no pueden entrar en vigencia hasta supromulgación y publicación en la Gaceta Oficial del DistritoFederal, por lo que existe “completa discrecionalidad por partedel Poder Ejecutivo de la capital del país”, dijo.
Advirtió que mientras exista el “veto de bolsillo”, seniega la soberanía del recinto de la ALDF y se convierte en unaburla para los procesos legislativos capitalinos.
Consideró que la Asamblea Legislativa no debe depender delcriterio unilateral del Gobierno central para que las leyes localesvotadas en ese recinto legislativo surtan efecto.
Dijo que la propuesta de reforma al Artículo 92 de la LeyOrgánica de la ALDF pretende terminar con la absolutadiscrecionalidad por el Poder Ejecutivo para la promulgación ypublicación de leyes discutidas en sesiones, meses, e inclusoperiodos, por parte de los legisladores locales.
Destacó que en caso de que el que el jefe de Gobierno no cumplacon los plazos legales, de aprobarse la ley, serían promulgadaspor el ministerio de ley, para ordenar su publicación.
Recordó que de 268 reformas a leyes aprobadas en la pasadalegislatura local, no se han publicado 69, es decir, el 26 porciento. De 44 leyes nuevas, no se han promulgado ocho, equivalenteal 8.18 por ciento, o sea que una de cada cuatro reformas sequedarán en el cajón y una de cada 10 leyes no sonpromulgadas.
Finalmente, mencionó los casos de la Ley de los Derechos de lasNiñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Dignificación Policial,la Ley de Derechos Culturales, la Ley de Gobierno Electrónico y laLey para la Protección Integral de Personas Defensoras de DerechosHumanos y Periodistas, entre otras.
