/ lunes 12 de septiembre de 2016

Recorte presupuestario no debe ser pretexto para privatizar el agua: Texta Solís

El presidente de la comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Iván Texta Solís, advirtió ayer que el recorte presupuestario del Gobierno federal no debe ser pretexto para privatizar el agua.

Subrayó que eso implica carestía y aumento en el pago por el suministro, donde los sectores con menos recursos serían los más afectados ante dicha medida que encarece el acceso al vital líquido, lo que se convierte en un factor de exclusión.

El legislador llamó a todas las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados a cerrar el paso a la intención de “descongelar” la iniciativa de la ley general de aguas, con la cual se busca privatizar el servicio de distribución del líquido, además de incrementar las tarifas como medida para enfrentar el recorte del gasto público  anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El asambleísta perredista advirtió que sin hacerlo público, algunos diputados federales tienen interés en “revivir” la propuesta que atenta contra el derecho humano al acceso del agua, permitiendo la intervención de particulares en su explotación y distribución.

Explicó que la iniciativa de ley general de aguas, elaborada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y apoyada por legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, cuya aprobación está pendiente en la Cámara de Diputados, abre la participación de particulares en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal.

Precisó que de acuerdo al artículo 19 de la propuesta, la Conagua podrá celebrar contratos de obra pública y servicios; además de otorgar concesión total o parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica construida por el Gobierno federal, así como la prestación de los servicios asociados a esta, y otorgar concesión total o parcial para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica federal, así como para prestar los servicios asociados a ésta.

Dijo que también se mantienen las disposiciones de la actual Ley de Aguas Nacionales en materia de concesiones para la explotación, uso y aprovechamiento del recurso, en el cual se regula el llamado “trasvase”, o explotación y aprovechamiento de aguas nacionales trasladadas de una cuenca para su utilización en una distinta, sin que mantenga una conexión natural.

Contradictoriamente, dijo, la nueva propuesta de ley prevé garantizar una dotación de 50 litros diarios de líquido por habitante, aunque el suministro del líquido no está asegurado para toda la población y a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció una jurisprudencia en la que se requieren entre 50 y 100 litros de agua por persona al día.

para garantizar el derecho al agua.

El presidente de la comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Iván Texta Solís, advirtió ayer que el recorte presupuestario del Gobierno federal no debe ser pretexto para privatizar el agua.

Subrayó que eso implica carestía y aumento en el pago por el suministro, donde los sectores con menos recursos serían los más afectados ante dicha medida que encarece el acceso al vital líquido, lo que se convierte en un factor de exclusión.

El legislador llamó a todas las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados a cerrar el paso a la intención de “descongelar” la iniciativa de la ley general de aguas, con la cual se busca privatizar el servicio de distribución del líquido, además de incrementar las tarifas como medida para enfrentar el recorte del gasto público  anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El asambleísta perredista advirtió que sin hacerlo público, algunos diputados federales tienen interés en “revivir” la propuesta que atenta contra el derecho humano al acceso del agua, permitiendo la intervención de particulares en su explotación y distribución.

Explicó que la iniciativa de ley general de aguas, elaborada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y apoyada por legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, cuya aprobación está pendiente en la Cámara de Diputados, abre la participación de particulares en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal.

Precisó que de acuerdo al artículo 19 de la propuesta, la Conagua podrá celebrar contratos de obra pública y servicios; además de otorgar concesión total o parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica construida por el Gobierno federal, así como la prestación de los servicios asociados a esta, y otorgar concesión total o parcial para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica federal, así como para prestar los servicios asociados a ésta.

Dijo que también se mantienen las disposiciones de la actual Ley de Aguas Nacionales en materia de concesiones para la explotación, uso y aprovechamiento del recurso, en el cual se regula el llamado “trasvase”, o explotación y aprovechamiento de aguas nacionales trasladadas de una cuenca para su utilización en una distinta, sin que mantenga una conexión natural.

Contradictoriamente, dijo, la nueva propuesta de ley prevé garantizar una dotación de 50 litros diarios de líquido por habitante, aunque el suministro del líquido no está asegurado para toda la población y a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció una jurisprudencia en la que se requieren entre 50 y 100 litros de agua por persona al día.

para garantizar el derecho al agua.