/ miércoles 15 de junio de 2016

Sanciones con más rigor a los agresores sexuales recurrentes, plantea Incháustegui

El aumento de las penas a los agresores sexuales recurrentes planteó Teresa Incháustegui Romero, directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX), quien aseguró que la violencia de género “es la violación más grave a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, pues impide el ejercicio de sus demás derechos”.

Durante la presentación del “Programa CDMX ciudad segura amigable para mujeres y niñas” ante habitantes de la delegación Iztapalapa, la funcionaria afirmó que la denuncia es un indicador de éxito en las estrategias de los gobiernos y que antes de la puesta en marcha de la “Estrategia 30-100 contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y los espacios públicos”, se registraban de 280 a 360 denuncias al año y posterior a la implementación, en lo que va del año, se han recibido 320 denuncias.

Ante esta situación, explicó que eso significa que las mujeres ya no están dispuestas a tolerar el acoso y encuentran seguridad institucional al plantear su denuncia.

Sin embargo, la titular de Inmujeres CDMX solicitó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) “mejorar los instrumentos jurídicos para facilitar la denuncia de las mujeres y las niñas víctimas de violencia sexual”, tanto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como en el Código Penal.

En compañía de la asambleísta perredista, Janet A. Hernández Sotelo consideró que entre las reformas jurídicas se debe incluir el trabajo con los agresores, así como contemplar la progresividad de las penas en caso de que los agresores sean recurrentes.

Agregó que el Gobierno de la Ciudad de México está comprometido con la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, sin embargo, señaló que la violencia sexual es un problema social profundo a nivel mundial, multifactorial, que está arraigado en las sociedades.

Adelantó que el Inmujeres CDMX, en coordinación con ONU Mujeres, prepara una campaña que incluye todo el espectro comunicacional con el objetivo de que las mujeres conozcan sus derechos, el procedimiento para ejercerlos y la sociedad se involucre en la cultura de respeto al derecho de las mujeres de transitar con libertad por los espacios públicos.

A su vez, la asambleísta anunció que presentará un Punto de Acuerdo para que en los 66 módulos de los legisladores y legisladoras locales se capacite sobre el uso del silbato a las mujeres que lo soliciten, asimismo planteará capacitación a Ministerios Públicos, policías y personal encargado de responder al llamado de esta herramienta de disuasión.

“El silbato es parte de la Estrategia 30-100, alerta y rompe el silencio, permite a las mujeres transitar libremente y más seguras en el transporte y espacios públicos, poniendo a la vanguardia a la Ciudad de México con propuestas innovadoras que han funcionado en otros países”, concluyó.

El aumento de las penas a los agresores sexuales recurrentes planteó Teresa Incháustegui Romero, directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX), quien aseguró que la violencia de género “es la violación más grave a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, pues impide el ejercicio de sus demás derechos”.

Durante la presentación del “Programa CDMX ciudad segura amigable para mujeres y niñas” ante habitantes de la delegación Iztapalapa, la funcionaria afirmó que la denuncia es un indicador de éxito en las estrategias de los gobiernos y que antes de la puesta en marcha de la “Estrategia 30-100 contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y los espacios públicos”, se registraban de 280 a 360 denuncias al año y posterior a la implementación, en lo que va del año, se han recibido 320 denuncias.

Ante esta situación, explicó que eso significa que las mujeres ya no están dispuestas a tolerar el acoso y encuentran seguridad institucional al plantear su denuncia.

Sin embargo, la titular de Inmujeres CDMX solicitó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) “mejorar los instrumentos jurídicos para facilitar la denuncia de las mujeres y las niñas víctimas de violencia sexual”, tanto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como en el Código Penal.

En compañía de la asambleísta perredista, Janet A. Hernández Sotelo consideró que entre las reformas jurídicas se debe incluir el trabajo con los agresores, así como contemplar la progresividad de las penas en caso de que los agresores sean recurrentes.

Agregó que el Gobierno de la Ciudad de México está comprometido con la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, sin embargo, señaló que la violencia sexual es un problema social profundo a nivel mundial, multifactorial, que está arraigado en las sociedades.

Adelantó que el Inmujeres CDMX, en coordinación con ONU Mujeres, prepara una campaña que incluye todo el espectro comunicacional con el objetivo de que las mujeres conozcan sus derechos, el procedimiento para ejercerlos y la sociedad se involucre en la cultura de respeto al derecho de las mujeres de transitar con libertad por los espacios públicos.

A su vez, la asambleísta anunció que presentará un Punto de Acuerdo para que en los 66 módulos de los legisladores y legisladoras locales se capacite sobre el uso del silbato a las mujeres que lo soliciten, asimismo planteará capacitación a Ministerios Públicos, policías y personal encargado de responder al llamado de esta herramienta de disuasión.

“El silbato es parte de la Estrategia 30-100, alerta y rompe el silencio, permite a las mujeres transitar libremente y más seguras en el transporte y espacios públicos, poniendo a la vanguardia a la Ciudad de México con propuestas innovadoras que han funcionado en otros países”, concluyó.