/ sábado 9 de abril de 2016

Se debe otorgar responsabilidad de la seguridad pública dentro de la Constitución de la Ciudad de México

La Constitución de la Ciudad de México debe otorgar a la alcaldías la responsabilidad de la seguridad pública, propuso ayer Arturo Alvarado Mendoza, investigador del Colegió de México, al participar en los foros informativos sobre ese tema, que se efectuaron en dicha institución.

En su ponencia "Seguridad y Derechos Ciudadanos", el catedrático comentó que aún falta definir las obligaciones estatales para salvaguardar a las personas y sus bienes, con el propósito de llegar sistemáticamente a un Estado de Derecho.

Al respecto, propuso generar bases para combatir la inseguridad, coordinar a los cuerpos policiales, tanto locales como metropolitanos, y crear formas efectivas de participación ciudadana que establezcan un equilibrio.

A su vez, José Encarnación Alfaro Cázares, presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), como que esa transformación es la base para el desarrollo de la capital, razón por la que "es nuestra responsabilidad informar a la gente porque solo la ubican como un cambio de nombre y no distinguen sus alcances y trascendencia, que es fortalecer a las instancias de gobierno a fin de que ofrezcan mejores servicios públicos".

El asambleísta priísta señaló que será competencia de la ALDF la elaboración de las leyes orgánicas de la Administración Pública de las alcaldías, de los poderes locales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y la de instituciones y procedimientos electorales.

Agradeció la participación de académicos e investigadores del Colegio de México,   toda vez que las propuestas presentadas servirán para avanzar en la elaboración de las mencionadas leyes.

Académicos incluidos

En ese sentido, la presidenta de El Colegio de México, Silvia Elena Giorguli Saucedo, reconoció que la iniciativa de la Comisión de Gobierno de incluir a los  académicos e investigadores de las principales instituciones educativas servirá para dar un mejor rumbo a la legislación local.

Durante su participación con el tema Derechos humanos e indígenas en la Constitución, el sociólogo Rodolfo Stavenhagen indicó que el gran desafío para la Carta Magna consiste en incluir a este sector con la finalidad de ubicarlos y visibilizarlos, principalmente a los indígenas de los pueblos originarios,  migrantes y a los ya residentes en las zonas urbanas.

Respecto del tema Derechos reproductivos y sexuales, Gabriela Cano, catedrática del propio Colegio de México, apuntó que éstos son realidades biológicas antes que sociales. Consideró que en el texto constitucional deben distinguirse conceptos centrales sobre estos derechos, porque no son claros, advirtió. En otra de las ponencias sobre El sistema electoral, la representación y los derechos políticos de la ciudadanía, la catedrática Silvia Gómez Tagle expuso que es fundamental plasmar el derecho a votar por nuestros representantes, a ser elegido para un cargo público y a informarse sobre las acciones de sus gobernantes.

Asimismo, planteó que en el Congreso de la Ciudad de México exista el mismo número de representantes electos y proporcionales (plurinominales), y dotar de autonomía a los órganos electorales.

Trabajo digno en igualdad de oportunidades, fomento y promoción a la actividad económica, horarios escalonados, economía sostenible, mayor movilidad de las personas y sus bienes, son algunos de los preceptos para la actividad económica y el empleo que propuso el académico Luis Jaime Sobrino.

En su oportunidad, la especialista en desarrollo urbano, Martha Schteingart, planteó que la desigualdad social está directamente relacionada con la división del espacio público debido al crecimiento explosivo de la mancha urbana por equivocadas políticas de vivienda que propiciaron la construcción en zonas naturales.

La ineficacia de los servicios públicos representa una ruptura entre los funcionarios y la ciudadanía. Así lo expresó el secretario académico de El Colegio de México, Vicente Ugalde, por lo que urgió que en el texto constitucional se defina claramente la organización de los poderes públicos en aras de ofrecer mejores servicios. Ejemplificó este tipo de ruptura con la atención que brindan las Ventanillas Únicas Delegacionales, donde se pone en evidencia que quienes emprenden trámites burocráticos, o deben disponer de tiempo o de dinero para realizarlos.

/arm

La Constitución de la Ciudad de México debe otorgar a la alcaldías la responsabilidad de la seguridad pública, propuso ayer Arturo Alvarado Mendoza, investigador del Colegió de México, al participar en los foros informativos sobre ese tema, que se efectuaron en dicha institución.

En su ponencia "Seguridad y Derechos Ciudadanos", el catedrático comentó que aún falta definir las obligaciones estatales para salvaguardar a las personas y sus bienes, con el propósito de llegar sistemáticamente a un Estado de Derecho.

Al respecto, propuso generar bases para combatir la inseguridad, coordinar a los cuerpos policiales, tanto locales como metropolitanos, y crear formas efectivas de participación ciudadana que establezcan un equilibrio.

A su vez, José Encarnación Alfaro Cázares, presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), como que esa transformación es la base para el desarrollo de la capital, razón por la que "es nuestra responsabilidad informar a la gente porque solo la ubican como un cambio de nombre y no distinguen sus alcances y trascendencia, que es fortalecer a las instancias de gobierno a fin de que ofrezcan mejores servicios públicos".

El asambleísta priísta señaló que será competencia de la ALDF la elaboración de las leyes orgánicas de la Administración Pública de las alcaldías, de los poderes locales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y la de instituciones y procedimientos electorales.

Agradeció la participación de académicos e investigadores del Colegio de México,   toda vez que las propuestas presentadas servirán para avanzar en la elaboración de las mencionadas leyes.

Académicos incluidos

En ese sentido, la presidenta de El Colegio de México, Silvia Elena Giorguli Saucedo, reconoció que la iniciativa de la Comisión de Gobierno de incluir a los  académicos e investigadores de las principales instituciones educativas servirá para dar un mejor rumbo a la legislación local.

Durante su participación con el tema Derechos humanos e indígenas en la Constitución, el sociólogo Rodolfo Stavenhagen indicó que el gran desafío para la Carta Magna consiste en incluir a este sector con la finalidad de ubicarlos y visibilizarlos, principalmente a los indígenas de los pueblos originarios,  migrantes y a los ya residentes en las zonas urbanas.

Respecto del tema Derechos reproductivos y sexuales, Gabriela Cano, catedrática del propio Colegio de México, apuntó que éstos son realidades biológicas antes que sociales. Consideró que en el texto constitucional deben distinguirse conceptos centrales sobre estos derechos, porque no son claros, advirtió. En otra de las ponencias sobre El sistema electoral, la representación y los derechos políticos de la ciudadanía, la catedrática Silvia Gómez Tagle expuso que es fundamental plasmar el derecho a votar por nuestros representantes, a ser elegido para un cargo público y a informarse sobre las acciones de sus gobernantes.

Asimismo, planteó que en el Congreso de la Ciudad de México exista el mismo número de representantes electos y proporcionales (plurinominales), y dotar de autonomía a los órganos electorales.

Trabajo digno en igualdad de oportunidades, fomento y promoción a la actividad económica, horarios escalonados, economía sostenible, mayor movilidad de las personas y sus bienes, son algunos de los preceptos para la actividad económica y el empleo que propuso el académico Luis Jaime Sobrino.

En su oportunidad, la especialista en desarrollo urbano, Martha Schteingart, planteó que la desigualdad social está directamente relacionada con la división del espacio público debido al crecimiento explosivo de la mancha urbana por equivocadas políticas de vivienda que propiciaron la construcción en zonas naturales.

La ineficacia de los servicios públicos representa una ruptura entre los funcionarios y la ciudadanía. Así lo expresó el secretario académico de El Colegio de México, Vicente Ugalde, por lo que urgió que en el texto constitucional se defina claramente la organización de los poderes públicos en aras de ofrecer mejores servicios. Ejemplificó este tipo de ruptura con la atención que brindan las Ventanillas Únicas Delegacionales, donde se pone en evidencia que quienes emprenden trámites burocráticos, o deben disponer de tiempo o de dinero para realizarlos.

/arm