/ sábado 9 de abril de 2016

Se debe otorgar responsabilidad de la seguridad pública dentro de la Constitución de la Ciudad de México

LaConstitución de la Ciudad de México debe otorgar a la alcaldíasla responsabilidad de la seguridad pública, propuso ayer ArturoAlvarado Mendoza, investigador del Colegió de México, alparticipar en los foros informativos sobre ese tema, que seefectuaron en dicha institución.

En su ponencia "Seguridad yDerechos Ciudadanos", el catedrático comentó que aún faltadefinir las obligaciones estatales para salvaguardar a las personasy sus bienes, con el propósito de llegar sistemáticamente a unEstado de Derecho.

Al respecto, propuso generarbases para combatir la inseguridad, coordinar a los cuerpospoliciales, tanto locales como metropolitanos, y crear formasefectivas de participación ciudadana que establezcan unequilibrio.

A su vez, José EncarnaciónAlfaro Cázares, presidente de la Comisión Especial para laReforma Política de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal(ALDF), como que esa transformación es la base para el desarrollode la capital, razón por la que "es nuestra responsabilidadinformar a la gente porque solo la ubican como un cambio de nombrey no distinguen sus alcances y trascendencia, que es fortalecer alas instancias de gobierno a fin de que ofrezcan mejores serviciospúblicos".

El asambleísta priísta señalóque será competencia de la ALDF la elaboración de las leyesorgánicas de la Administración Pública de las alcaldías, de lospoderes locales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y la deinstituciones y procedimientos electorales.

Agradeció la participación deacadémicos e investigadores del Colegio de México,   toda vez que las propuestaspresentadas servirán para avanzar en la elaboración de lasmencionadas leyes.

Académicosincluidos

En ese sentido, la presidenta deEl Colegio de México, Silvia Elena Giorguli Saucedo, reconocióque la iniciativa de la Comisión de Gobierno de incluir a los académicos e investigadores de las principales institucioneseducativas servirá para dar un mejor rumbo a la legislaciónlocal.

Durante su participación con eltema Derechos humanos e indígenas en la Constitución, elsociólogo Rodolfo Stavenhagen indicó que el gran desafío para laCarta Magna consiste en incluir a este sector con la finalidad deubicarlos y visibilizarlos, principalmente a los indígenas de lospueblos originarios,  migrantes y a los ya residentes en las zonasurbanas.

Respecto del tema Derechosreproductivos y sexuales, Gabriela Cano, catedrática del propioColegio de México, apuntó que éstos son realidades biológicasantes que sociales. Consideró que en el texto constitucional debendistinguirse conceptos centrales sobre estos derechos, porque noson claros, advirtió. En otra de las ponencias sobre El sistemaelectoral, la representación y los derechos políticos de laciudadanía, la catedrática Silvia Gómez Tagle expuso que esfundamental plasmar el derecho a votar por nuestros representantes,a ser elegido para un cargo público y a informarse sobre lasacciones de sus gobernantes.

Asimismo, planteó que en elCongreso de la Ciudad de México exista el mismo número derepresentantes electos y proporcionales (plurinominales), y dotarde autonomía a los órganos electorales.

Trabajo digno en igualdad deoportunidades, fomento y promoción a la actividad económica,horarios escalonados, economía sostenible, mayor movilidad de laspersonas y sus bienes, son algunos de los preceptos para laactividad económica y el empleo que propuso el académico LuisJaime Sobrino.

En su oportunidad, laespecialista en desarrollo urbano, Martha Schteingart, planteó quela desigualdad social está directamente relacionada con ladivisión del espacio público debido al crecimiento explosivo dela mancha urbana por equivocadas políticas de vivienda quepropiciaron la construcción en zonas naturales.

La ineficacia de los serviciospúblicos representa una ruptura entre los funcionarios y laciudadanía. Así lo expresó el secretario académico de ElColegio de México, Vicente Ugalde, por lo que urgió que en eltexto constitucional se defina claramente la organización de lospoderes públicos en aras de ofrecer mejores servicios.Ejemplificó este tipo de ruptura con la atención que brindan lasVentanillas Únicas Delegacionales, donde se pone en evidencia quequienes emprenden trámites burocráticos, o deben disponer detiempo o de dinero para realizarlos.

/arm

LaConstitución de la Ciudad de México debe otorgar a la alcaldíasla responsabilidad de la seguridad pública, propuso ayer ArturoAlvarado Mendoza, investigador del Colegió de México, alparticipar en los foros informativos sobre ese tema, que seefectuaron en dicha institución.

En su ponencia "Seguridad yDerechos Ciudadanos", el catedrático comentó que aún faltadefinir las obligaciones estatales para salvaguardar a las personasy sus bienes, con el propósito de llegar sistemáticamente a unEstado de Derecho.

Al respecto, propuso generarbases para combatir la inseguridad, coordinar a los cuerpospoliciales, tanto locales como metropolitanos, y crear formasefectivas de participación ciudadana que establezcan unequilibrio.

A su vez, José EncarnaciónAlfaro Cázares, presidente de la Comisión Especial para laReforma Política de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal(ALDF), como que esa transformación es la base para el desarrollode la capital, razón por la que "es nuestra responsabilidadinformar a la gente porque solo la ubican como un cambio de nombrey no distinguen sus alcances y trascendencia, que es fortalecer alas instancias de gobierno a fin de que ofrezcan mejores serviciospúblicos".

El asambleísta priísta señalóque será competencia de la ALDF la elaboración de las leyesorgánicas de la Administración Pública de las alcaldías, de lospoderes locales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y la deinstituciones y procedimientos electorales.

Agradeció la participación deacadémicos e investigadores del Colegio de México,   toda vez que las propuestaspresentadas servirán para avanzar en la elaboración de lasmencionadas leyes.

Académicosincluidos

En ese sentido, la presidenta deEl Colegio de México, Silvia Elena Giorguli Saucedo, reconocióque la iniciativa de la Comisión de Gobierno de incluir a los académicos e investigadores de las principales institucioneseducativas servirá para dar un mejor rumbo a la legislaciónlocal.

Durante su participación con eltema Derechos humanos e indígenas en la Constitución, elsociólogo Rodolfo Stavenhagen indicó que el gran desafío para laCarta Magna consiste en incluir a este sector con la finalidad deubicarlos y visibilizarlos, principalmente a los indígenas de lospueblos originarios,  migrantes y a los ya residentes en las zonasurbanas.

Respecto del tema Derechosreproductivos y sexuales, Gabriela Cano, catedrática del propioColegio de México, apuntó que éstos son realidades biológicasantes que sociales. Consideró que en el texto constitucional debendistinguirse conceptos centrales sobre estos derechos, porque noson claros, advirtió. En otra de las ponencias sobre El sistemaelectoral, la representación y los derechos políticos de laciudadanía, la catedrática Silvia Gómez Tagle expuso que esfundamental plasmar el derecho a votar por nuestros representantes,a ser elegido para un cargo público y a informarse sobre lasacciones de sus gobernantes.

Asimismo, planteó que en elCongreso de la Ciudad de México exista el mismo número derepresentantes electos y proporcionales (plurinominales), y dotarde autonomía a los órganos electorales.

Trabajo digno en igualdad deoportunidades, fomento y promoción a la actividad económica,horarios escalonados, economía sostenible, mayor movilidad de laspersonas y sus bienes, son algunos de los preceptos para laactividad económica y el empleo que propuso el académico LuisJaime Sobrino.

En su oportunidad, laespecialista en desarrollo urbano, Martha Schteingart, planteó quela desigualdad social está directamente relacionada con ladivisión del espacio público debido al crecimiento explosivo dela mancha urbana por equivocadas políticas de vivienda quepropiciaron la construcción en zonas naturales.

La ineficacia de los serviciospúblicos representa una ruptura entre los funcionarios y laciudadanía. Así lo expresó el secretario académico de ElColegio de México, Vicente Ugalde, por lo que urgió que en eltexto constitucional se defina claramente la organización de lospoderes públicos en aras de ofrecer mejores servicios.Ejemplificó este tipo de ruptura con la atención que brindan lasVentanillas Únicas Delegacionales, donde se pone en evidencia quequienes emprenden trámites burocráticos, o deben disponer detiempo o de dinero para realizarlos.

/arm

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