TLALNEPANTLA, Edomex.- Más de 10mil habitantes de la zona de San Juan Ixhuatepec están en riesgo,advirtió ayer el presidente de la Asociación Círculo 264, JavierLópez, quien solicitó a la Secretaría Técnica del ConsejoNacional de Protección Civil que vigile la zona, porque existen 35empresas con riesgos químicos y las 10 empresas gaseras manejandiariamente 10 millones de litros de gas L.P., esta zona deberíatener los polígonos de seguridad y además, no cuentan conprotocolos, que deben ser retomados.
En conferencia de prensa, JavierLópez aseguró que el polígono de seguridad de San JuanIxhuatepec sigue con las mismas irregularidades desde hace años yse sigue violentando los derechos humanos de las personas quehabitan la zona.
Javier López, aseguró que laDirección de Protección Civil de esta localidad desconoce losprotocolos de seguridad, y no ha implementado programas locales,para dar seguridad a las 10 mil familias que ahí viven.
En los polígonos de seguridadfueron autorizados de manera irregular 2 mil viviendas singarantizar las medidas de seguridad, por lo que están exponiendola vida de esos habitantes.
“A la presidenta le dicen que nopasa nada, pero el Plan Estratégico de Desarrollo de la zona fuemodificado por el exalcalde Marco Antonio Rodríguez, quien quitólos protocolos y autorizó las viviendas, y cuando llega Ugaldese restituyen pero no se hace nada, porque se siguen autorizandolicencias de funcionamiento se dan permisos de factibilidad y semantiene la situación así”, aseguró Javier López.
Precisó que a Pablo Basáñez se lepidió que asumiera su responsabilidad, no lo quiso hacer y dijoque un accidente era improbable en San Juan Ixhuatepec y hoy másde 10 mil familias siguen en peligro.
Mencionó que no se pide quedesalojen a las gaseras, o a los habitantes de San Juan Ixhuatepec,lo que se está solicitando urgentemente es que Protección Civildel Gobierno del Estado de México, encabece una mesa de trabajocon la Secretaría de Gobernación federal y autoridadesmexiquenses.
Recordó que la Organización delas Naciones Unidas implementó el modelo Apell, tras la explosiónde los gasoductos en noviembre de 1984.