El Instituto Nacional de Transparencia instruyó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dar a conocer el expediente relacionado con presuntas violaciones a las garantías individuales de 33 personas con deficiencias mentales, incluidos menores de edad, que se encontraban albergadas en una casa hogar.
En sesión del pleno, el comisionado Carlos Bonnin Erales indicó que, de acuerdo con información pública localizada, las personas que habitaron la Casa Hogar Esperanza para Deficientes Mentales S.C, habrían sido víctimas de graves abusos en contra de sus derechos humanos.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tiene el reporte de una asociación civil sobre que "19 hombres y 14 mujeres ahí albergados podrían haber sido víctimas de abusos, golpes, sujeciones físicas, explotación laboral, negligencias en su cuidado, además de habitar en condiciones inhumanas y degradantes”.
Durante la revisión del caso, se observó que existen indagatorias relacionadas con posibles abusos sexuales de mujeres y se constató, asimismo, que en el albergue se encontraba un menor de edad y que algunas de las personas tenían la calidad de menores al momento de ingresar a éste, mismas que posiblemente fueron sujetas de maltrato.
Sin embargo, bajo el principio de interés superior de la niñez, debieron ser sujetos de una protección especial, máxime que su vulnerabilidad se acrecienta por tener una discapacidad.
En ese sentido, se concluyó que se debe privilegiar el derecho de acceso a la información, pues se encuentra debidamente acreditada su legitimidad.
Por lo expuesto, el pleno del INAI, por unanimidad, resolvió modificar la respuesta de la CDHDF y le instruyó a entregar versión pública del expediente CDHDF/ IV/122/MHGO/16/D5361, relativo al caso de la Casa Hogar Esperanza en el que únicamente se proteja la información relacionada con las carpetas de investigación, nombres y firmas de servidores públicos con actividades operativas en materia de seguridad. Asimismo, en particular los datos personales y personales sensibles de las presuntas víctimas que incluyen videos, fotografías, dictámenes médicos, o cualquier otro que pudieran hacerlas identificables y dañar su intimidad.
El comisionado Bonnin Erales afirmó que la información solicitada se constituye como un elemento útil para visibilizar los temas, posicionarlos en la agenda y debate público, para así, consolidar consensos e innovación en las dinámicas sociales y las políticas públicas relacionadas con la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial y mental.
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