/ viernes 26 de marzo de 2021

Abre Banco de ADN de agresores sexuales y feminicidas

Almacenará la información genética de violadores, feminicidas y secuestradores sentenciados

El 31 de marzo comenzará a operar el Banco de ADN con la información genética de agresores sexuales y feminicidas sentenciados. El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) tiene la orden de inscribir en el Registro de Agresores Sexuales a ocho personas con sentencia y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) solicitó a los jueces la inscripción de otros casos aplicables.

Así lo anunció Ernestina Godoy, fiscal General de Justicia, durante la presentación virtual de los avances de la Alerta por Violencia contra las Mujeres.

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En la primera etapa, el Banco podrá almacenar nueve mil registros para ser cotejados en investigaciones de otros delitos como homicidio, privación de la libertad personal con fines sexuales, incesto, secuestro, violación, estupro y feminicidio.

“Estamos terminando y afinando la instalación de equipo muy especializado y delicado y dando los últimos detalles. En cuanto al Registro Público de Agresores, es otra de las medidas que se tomó en la Alerta. La ley faculta a los jueces para ordenar el registro de agresores con sentencia firme por feminicidio, violación, abuso sexual en personas menores de 12 años, turismo sexual y trata de personas”, explicó la funcionaria.

La publicación del registro estará a cargo de la Secretaría de Gobierno y ya tiene listo el portal, y el Poder Judicial ha solicitado, por el momento, la inscripción de ocho agresores con sentencia, que está en curso, mencionó.

Además, informó que la FGJ reclasificó ocho casos, en lo que después de un análisis fueron validados como feminicidios y no como homicidios dolosos.

“Aparentes suicidios y otras muertes clasificadas como hechos no delictivos, y se aplicó la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos Mariana Lima Buendía y Karla Pontigo, para investigar con perspectiva de género toda muerte violenta de mujer y en no dar por hecho supuestos suicidios ni accidentes”, expuso Incidencia Delictiva.

La Fiscalía General dio a conocer que hubo incrementos en delitos cometidos en contra de las mujeres. La trata de personas aumentó 3.6 por ciento y la violencia familiar 3.8 por ciento respecto a febrero de 2020.

De acuerdo con los datos presentados, en febrero de 2021 se registraron dos casos de homicidio doloso en los que la víctima fue una mujer, con lo cual pasaron de seis a ocho carpetas de investigación comparados en el mismo mes del año 2020.

El feminicidio se ubicó 35.3 por ciento por debajo del mismo mes del año pasado. Durante febrero de este año se registraron cinco casos y en febrero de 2020 ocurrieron ocho casos, según la cifra oficial.

En las denuncias por abuso sexual hay una disminución de 28.7 por ciento y el acoso sexual disminuyó 45 por ciento.

Por otra parte, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que ayer el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial cesó a dos jueces, por falta de perspectiva de género, porque liberaron al presunto feminicida de Abril Pérez.

La decisión se tomó después que el gobierno local presentó una denuncia en el Consejo de la Judicatura. Los asesinos materiales están detenidos, pero falta la detención del presunto asesino.




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El 31 de marzo comenzará a operar el Banco de ADN con la información genética de agresores sexuales y feminicidas sentenciados. El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) tiene la orden de inscribir en el Registro de Agresores Sexuales a ocho personas con sentencia y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) solicitó a los jueces la inscripción de otros casos aplicables.

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En la primera etapa, el Banco podrá almacenar nueve mil registros para ser cotejados en investigaciones de otros delitos como homicidio, privación de la libertad personal con fines sexuales, incesto, secuestro, violación, estupro y feminicidio.

“Estamos terminando y afinando la instalación de equipo muy especializado y delicado y dando los últimos detalles. En cuanto al Registro Público de Agresores, es otra de las medidas que se tomó en la Alerta. La ley faculta a los jueces para ordenar el registro de agresores con sentencia firme por feminicidio, violación, abuso sexual en personas menores de 12 años, turismo sexual y trata de personas”, explicó la funcionaria.

La publicación del registro estará a cargo de la Secretaría de Gobierno y ya tiene listo el portal, y el Poder Judicial ha solicitado, por el momento, la inscripción de ocho agresores con sentencia, que está en curso, mencionó.

Además, informó que la FGJ reclasificó ocho casos, en lo que después de un análisis fueron validados como feminicidios y no como homicidios dolosos.

“Aparentes suicidios y otras muertes clasificadas como hechos no delictivos, y se aplicó la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos Mariana Lima Buendía y Karla Pontigo, para investigar con perspectiva de género toda muerte violenta de mujer y en no dar por hecho supuestos suicidios ni accidentes”, expuso Incidencia Delictiva.

La Fiscalía General dio a conocer que hubo incrementos en delitos cometidos en contra de las mujeres. La trata de personas aumentó 3.6 por ciento y la violencia familiar 3.8 por ciento respecto a febrero de 2020.

De acuerdo con los datos presentados, en febrero de 2021 se registraron dos casos de homicidio doloso en los que la víctima fue una mujer, con lo cual pasaron de seis a ocho carpetas de investigación comparados en el mismo mes del año 2020.

El feminicidio se ubicó 35.3 por ciento por debajo del mismo mes del año pasado. Durante febrero de este año se registraron cinco casos y en febrero de 2020 ocurrieron ocho casos, según la cifra oficial.

En las denuncias por abuso sexual hay una disminución de 28.7 por ciento y el acoso sexual disminuyó 45 por ciento.

Por otra parte, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que ayer el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial cesó a dos jueces, por falta de perspectiva de género, porque liberaron al presunto feminicida de Abril Pérez.

La decisión se tomó después que el gobierno local presentó una denuncia en el Consejo de la Judicatura. Los asesinos materiales están detenidos, pero falta la detención del presunto asesino.




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