/ miércoles 13 de noviembre de 2019

Acusan opacidad en fideicomisos de obras en Benito Juárez

Urbanistas señalan que los recursos no regresan a donde se generan ni benefician el entorno

El problema real que trajo consigo el boom inmobiliario en la ahora alcaldía de Benito Juárez llegó cuando la sobreexplotación de un terreno evidenció que la infraestructura existente no era suficiente para estos terrenos, ello a pesar de que todas las desarrolladoras están obligadas a pagar un impuesto al gobierno de la Ciudad de México para que éste tenga las herramientas adecuadas y mejore la infraestructura que rodea un nuevo edificio con mayor número de viviendas.

“Cuando los desarrolladores le dan dinero al gobierno, ese dinero va a una cuenta única de la Ciudad de México sin que regrese a las zonas donde se generó. Ese es un sistema muy perverso. ¿Por qué no regresan a las zonas donde se desarrollan o por qué no se mandan a otras partes de la ciudad? Porque si en tu colonia se construye un edificio de 20 pisos por encima de la norma te va a molestar y el desarrollador lo que te va a decir es a ver, yo ya le pagué a la ciudad por construir estos 20 pisos adicionales. Pregúntale a la ciudad por qué no ha venido a mejorar banquetas... Ahí hay un tema perverso”, denuncia el maestro Enrique Soto, urbanista de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México plantea que hay medidas de mitigación a través de estudios de impacto, y según estos mismos estudios se determinan cuáles son las mitigaciones, es decir, a mayor número de plantas o espacio construido, las constructoras deben responder con mejoras en la zona como la construcción de parques, y resaneado de banquetas, entre otras obras.

“Hace muchos años se manejaba que era un porcentaje y se iba a la Tesorería Central y de ahí nosotros lo llamábamos hoyo negro, porque no sabíamos dónde acababa ese recurso. Siempre era necesario pagar el aguinaldo de los burócratas”, cuestiona el arquitecto Daniel Escoto, coordinador de asesores de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y exdirector de la Autoridad del Espacio Público del entonces Gobierno del Distrito Federal.

Escoto también señala que poco a poco ese dinero se fue revirtiendo y se empezó a hacer que las medidas de mitigación fueran pagadas en especie, es decir, que los desarrolladores tuvieran la obligación de construir, mejorar o habilitar ciertos espacios casi alrededor de la zona.

“En los últimos años se inventaron otro modelo que lo llamaron SAC (Sistema de Actuación por Cooperación), que era como adelantar esas mitigaciones para esos grandes polígonos. Por ejemplo, La Mexicana en Santa Fe es una medida de mitigación por un SAC, como un pago adelantado de mejoras urbanas, pero porque vienen 1,600 viviendas ahí al lado. Es adelantarse y curarse en salud. Como decir, -ya hice el parque, ahora obliga al gobierno a darme las licencias para 1,600 viviendas”, explica.

El experto o también destaca que, aunque las medidas sí se pagan no son suficientes, porque no pasan del cuatro o cinco por ciento del costo de la obra total de construcción. “Ni siquiera de la venta con utilidad que casi puedes duplicar la inversión. Y pues la ciudad acaba perdiendo”.

Por el contrario, las constructoras se defienden afirmando que ellos pagan lo que estipula la ley. De hecho, lo único que señalan es que existen diferentes fideicomisos encargados de recaudar estos impuestos para ser reinyectados dentro del rubro de infraestructura en la ciudad. Y de estos fideicomisos se genera un presupuesto anual que va directamente a las alcaldías y ellas deciden cómo distribuirlo.

Se buscó al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, ya que durante su administración en el gobierno capitalino se concedió el mayor número de Polígonos de Actuación, pero no hubo respuesta de su parte. Esta investigación forma parte de un proyecto académico realizado en la maestría de Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara.

El problema real que trajo consigo el boom inmobiliario en la ahora alcaldía de Benito Juárez llegó cuando la sobreexplotación de un terreno evidenció que la infraestructura existente no era suficiente para estos terrenos, ello a pesar de que todas las desarrolladoras están obligadas a pagar un impuesto al gobierno de la Ciudad de México para que éste tenga las herramientas adecuadas y mejore la infraestructura que rodea un nuevo edificio con mayor número de viviendas.

“Cuando los desarrolladores le dan dinero al gobierno, ese dinero va a una cuenta única de la Ciudad de México sin que regrese a las zonas donde se generó. Ese es un sistema muy perverso. ¿Por qué no regresan a las zonas donde se desarrollan o por qué no se mandan a otras partes de la ciudad? Porque si en tu colonia se construye un edificio de 20 pisos por encima de la norma te va a molestar y el desarrollador lo que te va a decir es a ver, yo ya le pagué a la ciudad por construir estos 20 pisos adicionales. Pregúntale a la ciudad por qué no ha venido a mejorar banquetas... Ahí hay un tema perverso”, denuncia el maestro Enrique Soto, urbanista de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México plantea que hay medidas de mitigación a través de estudios de impacto, y según estos mismos estudios se determinan cuáles son las mitigaciones, es decir, a mayor número de plantas o espacio construido, las constructoras deben responder con mejoras en la zona como la construcción de parques, y resaneado de banquetas, entre otras obras.

“Hace muchos años se manejaba que era un porcentaje y se iba a la Tesorería Central y de ahí nosotros lo llamábamos hoyo negro, porque no sabíamos dónde acababa ese recurso. Siempre era necesario pagar el aguinaldo de los burócratas”, cuestiona el arquitecto Daniel Escoto, coordinador de asesores de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y exdirector de la Autoridad del Espacio Público del entonces Gobierno del Distrito Federal.

Escoto también señala que poco a poco ese dinero se fue revirtiendo y se empezó a hacer que las medidas de mitigación fueran pagadas en especie, es decir, que los desarrolladores tuvieran la obligación de construir, mejorar o habilitar ciertos espacios casi alrededor de la zona.

“En los últimos años se inventaron otro modelo que lo llamaron SAC (Sistema de Actuación por Cooperación), que era como adelantar esas mitigaciones para esos grandes polígonos. Por ejemplo, La Mexicana en Santa Fe es una medida de mitigación por un SAC, como un pago adelantado de mejoras urbanas, pero porque vienen 1,600 viviendas ahí al lado. Es adelantarse y curarse en salud. Como decir, -ya hice el parque, ahora obliga al gobierno a darme las licencias para 1,600 viviendas”, explica.

El experto o también destaca que, aunque las medidas sí se pagan no son suficientes, porque no pasan del cuatro o cinco por ciento del costo de la obra total de construcción. “Ni siquiera de la venta con utilidad que casi puedes duplicar la inversión. Y pues la ciudad acaba perdiendo”.

Por el contrario, las constructoras se defienden afirmando que ellos pagan lo que estipula la ley. De hecho, lo único que señalan es que existen diferentes fideicomisos encargados de recaudar estos impuestos para ser reinyectados dentro del rubro de infraestructura en la ciudad. Y de estos fideicomisos se genera un presupuesto anual que va directamente a las alcaldías y ellas deciden cómo distribuirlo.

Se buscó al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, ya que durante su administración en el gobierno capitalino se concedió el mayor número de Polígonos de Actuación, pero no hubo respuesta de su parte. Esta investigación forma parte de un proyecto académico realizado en la maestría de Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara.

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