“¡Agua sí, inmobiliarias no!”. Es la consigna con la que ayer un centenar de vecinos de la recién creada Coordinadora de Pueblos, Barrios y Colonias en Contra de la Corrupción Inmobiliaria marcharon al Congreso y al Gobierno capitalino, para exigir cambios normativos que les permita tener participación directa en la vigilancia de las construcciones.
Para René Rivas, de la colonia General Anaya en la alcaldía de Benito Juárez, el gobierno saliente y la última legislatura de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dieron manga ancha al “embate inmobiliario”, que, acusó, ha traído consecuencias como la falta de agua, hundimientos, socavones, tráfico y tala indiscriminada de árboles.
Por considerar que los ciudadanos están en desventaja ante los grandes desarrolladores inmobiliarios, Rivas Valladares planteó la creación de una Procuraduría Ciudadana de Construcciones, a través de la cual los habitantes que colinden con una megaobra puedan revisar –sin goce de sueldo- el expediente con asesoría de ingenieros y arquitectos.
“Es necesario vincular permanentemente al ciudadano en el desarrollo de cualquier obra desde el inicio hasta el final, para que quede satisfecho y sea un coadyuvante del Gobierno de la Ciudad y de las alcaldías para la revisión de los mismos”, consideró Rivas en entrevista con El Sol de México durante la marcha, que partió del Hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central.
Desde las escalinatas del Congreso capitalino, Oscar Ruiz, de la colonia Cuauhtémoc, en la alcaldía del mismo nombre, levantó la voz para exigir “no más corruptela” entre autoridades e inmobiliarias y para ello reiteró la exigencia de que los vecinos puedan supervisar los desarrollos a través de un mecanismo que llamó “huella de vivienda”.
Se trate de que “de manera muy puntual se sepa quién construye, cómo construye, cuándo construye, la vocación del predio, las medidas de mitigación, el programa de protección civil, la calidad de los materiales, el impacto ambiental, quién autorizó, cómo autorizó y aplicaría para obras en proceso y las nuevas”, se explicó.
La recién creada Coordinadora de Pueblos, Barrios y Colonias en Contra de la Corrupción Inmobiliaria logró que tres diputados salieran del Congreso para recibir su documento: Fernando Aboitiz, Guadalupe Aguilar y Héctor Barrera, presidentes de las comisiones de Desarrollo Urbano, Gestión Integral del Agua y Gestión de Riesgos, respectivamente.
Incluso lograron que los tres legisladores, del PES, Morena y PAN, respectivamente, les dieran cita para una reunión de seguimiento: el martes se reunirán con el diputado Barrera y luego con el diputado Aboitiz, y el viernes 19 de octubre harán lo propio con la diputada Aguilar Solache.
En el documento entregado a los legisladores los vecinos refirieron casos de megadesarrollos en Periférico Sur como Mantik Pedregal en el número 5178; City Express Hoteles, en el 5120-A y Be Grand Alto Pedregal en el 5146, todos en la colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía de Coyoacán.
Entre las afectaciones mencionan falta de infraestructura hidrosanitaria, construcción de pisos de más. Otro caso es el residencial de Quiero Casa en Ignacio Zaragoza 838, en la colonia Ampliación Civil, alcaldía de Venustiano Carranza, donde se construyen casi mil departamentos.
