/ miércoles 5 de septiembre de 2018

ALDF tendrá periodo extraordinario para desahogar pendientes

Entre los temas postergado está la iniciativa en materia de reconstrucción


Para resolver el nombramiento de una magistrada del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, de la titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, así como una iniciativa en materia de reconstrucción, el Pleno de la Asamblea Legislativa tendrá que sesionar antes del 17 de septiembre.

El presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Leonel Luna, señaló que aún no tienen definida la fecha en la que se convocará al periodo extraordinario, sin embargo este jueves podrían alcanzarse los acuerdos en el seno de la sesión de la Diputación Permanente, la cual se pospuso para hoy luego de que ayer tuvo seis horas de retraso.

El diputado perredista señaló que el periodo extraordinario tendrá que realizarse de manera forzosa, pues obedece a la resolución de un juez que ordena a la Asamblea Legislativa dar el nombramiento a María Espino del Castillo Barrón como magistrada del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, de lo contrario caerían en desacato.

“Hemos recibido la resolución de un juez correspondiente a un asunto que tiene pendiente esta Asamblea Legislativa donde nos ordenan en primera instancia procesar el tema en la Comisión correspondiente, que preside el diputado Israel Betanzos y convocar necesariamente al Pleno, este es un asunto que nos llegó el martes y obliga a convocar al Pleno”, detalló Luna Estrada.

Sobre la posibilidad de que el mandatario capitalino, José Ramón Amieva, no acuda a la sede del Congreso capitalino a rendir el sexto y último informe de gobierno, Luna Estrada explicó que el estatuto de gobierno no lo obliga a acudir, sin embargo sí deberá remitir un informe por escrito sobre el estado que guarda la administración pública local.

“Existen dos alternativas, de que venga o envíe el informe correspondiente, lo que precisa el estatuto de gobierno es que el jefe de gobierno tiene que enviar al Congreso el informe de labores correspondiente, pero no se precisa que necesariamente deba de acudir a un acto protocolario como se ha venido estilando a lo largo de las últimas legislaturas”, apuntó.



Para resolver el nombramiento de una magistrada del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, de la titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, así como una iniciativa en materia de reconstrucción, el Pleno de la Asamblea Legislativa tendrá que sesionar antes del 17 de septiembre.

El presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Leonel Luna, señaló que aún no tienen definida la fecha en la que se convocará al periodo extraordinario, sin embargo este jueves podrían alcanzarse los acuerdos en el seno de la sesión de la Diputación Permanente, la cual se pospuso para hoy luego de que ayer tuvo seis horas de retraso.

El diputado perredista señaló que el periodo extraordinario tendrá que realizarse de manera forzosa, pues obedece a la resolución de un juez que ordena a la Asamblea Legislativa dar el nombramiento a María Espino del Castillo Barrón como magistrada del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, de lo contrario caerían en desacato.

“Hemos recibido la resolución de un juez correspondiente a un asunto que tiene pendiente esta Asamblea Legislativa donde nos ordenan en primera instancia procesar el tema en la Comisión correspondiente, que preside el diputado Israel Betanzos y convocar necesariamente al Pleno, este es un asunto que nos llegó el martes y obliga a convocar al Pleno”, detalló Luna Estrada.

Sobre la posibilidad de que el mandatario capitalino, José Ramón Amieva, no acuda a la sede del Congreso capitalino a rendir el sexto y último informe de gobierno, Luna Estrada explicó que el estatuto de gobierno no lo obliga a acudir, sin embargo sí deberá remitir un informe por escrito sobre el estado que guarda la administración pública local.

“Existen dos alternativas, de que venga o envíe el informe correspondiente, lo que precisa el estatuto de gobierno es que el jefe de gobierno tiene que enviar al Congreso el informe de labores correspondiente, pero no se precisa que necesariamente deba de acudir a un acto protocolario como se ha venido estilando a lo largo de las últimas legislaturas”, apuntó.


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