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El sector automotriz no termina de ver con buenos ojos los cambios a la verificación vehicular en la Ciudad de México. Para la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) que los autos nuevos no obtengan el holograma Doble Cero por dos o cuatro años seguidos por el simple hecho de ser nuevos, obedece más a una medida de corte recaudatorio que ambiental.
En entrevista con El Sol de México el director general de la AMIA, Fausto Cuevas, comentó que los propietarios de vehículos con condiciones técnicas que los podrían hacer aspirantes al holograma Doble Cero, bajo el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria (PVVO) vigente, podrán aspirar al Cero en caso de no cumplir con el rendimiento y sí, circular a diario, pero verificar cada seis meses.
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De esta manera, si los autos nuevos en 2019 pagaron 251 pesos para obtener un holograma Doble Cero por dos años, ahora los autos nuevos que no cumplan con el rendimiento requerido para obtener esta certificación deberán pagar 564 pesos cada seis meses para obtener un holograma Cero, es decir, dos mil 256 pesos en dos años.
La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México modificó el PVVO para este año y endureció el acceso al holograma Doble Cero. Esta calcomanía ahora solamente la podrán obtener, por un periodo de cuatro años, los autos que tengan un rendimiento de 16 kilómetros por litro de combustible o más, y por un periodo de dos años los que tengan más de 13 y menos de 16 kilómetros por litro de rendimiento.
Al respecto Cuevas Mesa consideró que estos cambios no son “una política pública integral que atienda la necesidad de mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México, más bien nos parece que es una medida un tanto cuanto con miras recaudatorias” y que no apunta a otro tipo de vehículos como es el transporte público o de cargo, que contamina más.
“Los afectados son los vehículos nuevos que ya cumplen con una norma y que por el cambio de criterios van a dejar de obtener este holograma Doble Cero y estos vehículos son los que generan el 1% de partículas PM10 y el 0.8% de PM2.5 que son las que generaron las condiciones críticas el año pasado.
“Es decir, el grueso de los vehículos que contaminan no está siendo sujeto de adecuaciones en los criterios, por ejemplo, el caso del transporte público, el transporte de carga, que emiten el 15 o 20% de este tipo de contaminantes no están en esta consideración, en realidad el efecto es sobre vehículos limpios que están teniendo regulaciones más estrictas”, señaló el directivo.
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Comentó que para poder cumplir con un cambio como el que aplicó el gobierno de la Ciudad de México, el cual consideró apresurado o drástico, la industria automotriz requiere por lo menos de tres años para hacer la transición “porque los vehículos que yo voy a vender en 2021 y 2022 ya los tengo decididos conforme a lo que está en vigor”.
“Entonces si la autoridad me dice que en seis meses esta es la nueva norma, definitivamente no puedo cumplir, yo tengo que ver con mi cadena de proveeduría los ajustes para que en el momento en el que yo fabrico el vehículo, ya está conforme a ciertas regulaciones que están en vigor”, argumentó.
Aclaró que desde la AMIA no se ha promovido ni se promoverá algún recurso legal en contra de las nuevas disposiciones del PVVO vigente y confió en que mediante el diálogo con la Secretaría del Medio Ambiente se podrá encontrar una salida a esta problemática.
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