Uno de los efectos inmediatos de la regulación aplicada por la Secretaría de Movilidad a empresas de bicicletas sin anclaje y monopatines eléctricos podría ser el aumento de sus tarifas para absorber el pago de la contraprestación que definió el martes la autoridad.
Así lo dieron a conocer a El Sol de México dos de los tres operadores de bicicletas sin anclaje que lograron entrar en la fase final para obtener el permiso anual: Mobike y Dezba, que opera unidades con pedaleo asistido.
Como resultado de la subasta que hizo la Secretaría de Movilidad (Semovi), Mobike pagará dos mil 600 pesos por cada una de las dos mil 400 bicicletas que se le autorizaron. Dezba hará lo propio con un pago de mil 800 pesos por 500 unidades autorizadas.
Al respecto, el director de Mobike en México, René Ojeda, comentó que “el primer efecto va a ser el aumento en los precios. Como los habías dicho y fue parte de nuestras solicitudes a Semovi no se debía afectar al usuario”.
“Esto va a ser lo primero que va a suceder, incrementando precios en algunos casos de hasta el 20 o 25% y esto es lo que siempre quisimos evitar al ser un sistema tan económico”, dijo Ojeda en entrevista con este diario.
Por su parte, la directora de Políticas Públicas y Comunicación de Dezba, Karina Licea, dijo que están “evaluando el impacto de la contraprestación sobre nuestro modelo de negocio y posteriormente evaluaremos la tarifa”.
El directivo de Mobike alertó que la Secretaría de Movilidad aún no tiene claro cómo se realizará el pago de la contraprestación, cuya fecha límite para cubrirlo es el 26 de junio a las 15:00 horas, ni tampoco si se deberá modificar el Código Fiscal.
“Seguimos teniendo incertidumbre de cuáles son las decisiones que van a tomar con las revisiones, como inversionistas y directores de estas empresas sí nos preocupa mucho porque la ciudadanía es la que sale perdiendo”, remarcó.
Insatisfacción
Ambos directivos coincidieron en que la definición de las flotas y el pago de contraprestación generaron insatisfacción, ya que, por ejemplo Dezba, consideró injusto un pago de mil 800 por bici cuando a Jump –de Uber- se le concedió un monto de mil 300 por cada una de las mil 900 unidades autorizadas.
“La subasta se focalizó mucho en tratar de brindar el permiso al que más dinero diera y eso le quita mucho al tema de sustentabilidad. Como empresa mexicana sentimos que se incentivó a empresas cuyo único fin el de posicionarse dentro del mercado”, acusó Licea.
Y Ojeda añadió: “seguimos insatisfechos en el tema de las contraprestaciones, seguimos creyendo que esta regulación no es la más idónea para fomentar la competitividad en la ciudad, precisamente por lo alto que es la contraprestación”.
Este diario solicitó los comentarios de las dos empresas de scooters que lograron entrar en la última fase, Lime y Grin. La primera informó que será hasta después de este jueves cuando emitan una postura mientras que la segunda no respondió hasta el cierre de esta edición.
