/ domingo 19 de julio de 2020

Avanza la justicia digital a tropezones en CDMX

Es normal que se presenten ciertos problemas en su implementación porque es nuevo, dijo Gerardo Carrasco, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

La pandemia obligó a los poderes judiciales estatales y al federal a dar pasos apresurados hacia la instauración de una justicia digital, que agilice juicios y evite la presencia física en los juzgados, sin embargo, en el camino se han dado traspiés que impiden el pleno acceso a ella.

Un ejemplo de los tropiezos: Ruta Cívica y Suma Urbana se ampararon en contra del proceso de designación del Instituto de Planeación de la Ciudad de México, pero el juez a cargo del proceso no pudo notificar al Congreso y a la Jefatura de Gobierno por no tener los correos electrónicos actualizados, y el proceso se detuvo.

El 26 de junio ocurrió otro caso en el Senado. A través de un oficio la Dirección General de Asuntos Jurídicos responde a la Cámara de Diputados que “la Cámara de Senadores y/o la Comisión Permanente, no ha autorizado o habilitado correo electrónico alguno para recibir notificaciones, atender requerimientos y/o emplazamientos a juicios de amparo vía electrónica”.

Abogados consultados por El Sol de México ubican el problema para notificar como uno de los principales de la justicia digital. De nada sirve que los poderes judiciales emitan acuerdos para priorizar la justicia en línea, si las autoridades ejecutivas o legislativas del país no pueden ser notificadas por no tener un correo electrónico para ello, coinciden.

“Esto ya no es una cuestión del juzgado, porque le dio entrada al asunto, pero hay un problema si las autoridades no están proporcionando los medios para que se siga con el juicio. Podría ser que mandaran al actuario a notificar, pero se rompería toda la lógica de los juicios en línea”, dice el abogado en materia administrativa, penal y de amparo Héctor Hidalgo.

Gerardo Carrasco, director Jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), consideró que “es normal que se estén presentando ciertos problemas en su implementación porque es algo nuevo. Es natural que conforme al ensayo y error se vayan apretando tuercas que mientras se van implementando durante la pandemia este tipo de procedimientos”.

Y apuntó que ha vivido las dos caras de la moneda: “Me he encontrado con tribunales colegiados en donde les he pedido una audiencia vía Zoom de un día para otro y me la han otorgado. Me mandan el link vía mail y se da charla con los magistrados y no hay ningún problema.

“Pero me he encontrado con juzgados que no están abiertos al público físicamente y se ven bastante cerrados para dar información vía telefónica a quienes litigamos.”.

Para Eduardo Carrera Pérez, abogado por la Universidad de Guadalajara y fundador de Legal 360, “no podemos decir que la justicia no se detiene, porque la verdad es que sí se detiene, pero por cuestiones ajenas al Poder Judicial de la Federación, sino por cuestiones de autoridades del Poder Ejecutivo. Habrá que hallar la manera en que en esta transición a lo digital veamos el andamiaje jurídico para que todas las autoridades ya tengan su correo independiente de que exista una contingencia, esto debe de ser algo del día a día”.

Y reflexiona: “no sirve tener un andamiaje robusto en materia judicial si las autoridades no van a tener la obligatoriedad y en su caso sanciones por ser omisos y tener todos sus amparos detenidos justamente por la excusa de que no tienen habilitado un correo institucional. Esto (de la justicia digital) ya es la nueva normalidad, ya no hay vuelta atrás”.

Informe de Transparencia Mexicana

Una vez que se cumplieron 100 días de la declaración de la emergencia sanitaria Transparencia Mexicana informó que 23 poderes judiciales estatales y el Poder Judicial de la Federación reactivaron sus plazos.

Indicó que sólo 10 poderes judiciales estatales permiten el seguimiento completo de sus casos a través del juicio en línea. En la Ciudad de México el jueves pasado iniciaron los divorcios virtuales.

La FGJ, ante el reto de la justicia online

Uno de los retos de la Fiscalía General de Justicia local hacia la nueva normalidad, es caminar hacia un nuevo esquema de procuración de justicia en línea, por lo que se tienen que establecer nuevas formas de relacionarse con el público que requiere los servicios, así como con los imputados, indicó su titular Ernestina Godoy Ramos.<EP>Destacó que con motivo de la contingencia sanitaria se amplió el catálogo de delitos para la Agencia de Denuncia Digital, entre ellos los de violencia familiar y sustracción de menores, principalmente.


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La pandemia obligó a los poderes judiciales estatales y al federal a dar pasos apresurados hacia la instauración de una justicia digital, que agilice juicios y evite la presencia física en los juzgados, sin embargo, en el camino se han dado traspiés que impiden el pleno acceso a ella.

Un ejemplo de los tropiezos: Ruta Cívica y Suma Urbana se ampararon en contra del proceso de designación del Instituto de Planeación de la Ciudad de México, pero el juez a cargo del proceso no pudo notificar al Congreso y a la Jefatura de Gobierno por no tener los correos electrónicos actualizados, y el proceso se detuvo.

El 26 de junio ocurrió otro caso en el Senado. A través de un oficio la Dirección General de Asuntos Jurídicos responde a la Cámara de Diputados que “la Cámara de Senadores y/o la Comisión Permanente, no ha autorizado o habilitado correo electrónico alguno para recibir notificaciones, atender requerimientos y/o emplazamientos a juicios de amparo vía electrónica”.

Abogados consultados por El Sol de México ubican el problema para notificar como uno de los principales de la justicia digital. De nada sirve que los poderes judiciales emitan acuerdos para priorizar la justicia en línea, si las autoridades ejecutivas o legislativas del país no pueden ser notificadas por no tener un correo electrónico para ello, coinciden.

“Esto ya no es una cuestión del juzgado, porque le dio entrada al asunto, pero hay un problema si las autoridades no están proporcionando los medios para que se siga con el juicio. Podría ser que mandaran al actuario a notificar, pero se rompería toda la lógica de los juicios en línea”, dice el abogado en materia administrativa, penal y de amparo Héctor Hidalgo.

Gerardo Carrasco, director Jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), consideró que “es normal que se estén presentando ciertos problemas en su implementación porque es algo nuevo. Es natural que conforme al ensayo y error se vayan apretando tuercas que mientras se van implementando durante la pandemia este tipo de procedimientos”.

Y apuntó que ha vivido las dos caras de la moneda: “Me he encontrado con tribunales colegiados en donde les he pedido una audiencia vía Zoom de un día para otro y me la han otorgado. Me mandan el link vía mail y se da charla con los magistrados y no hay ningún problema.

“Pero me he encontrado con juzgados que no están abiertos al público físicamente y se ven bastante cerrados para dar información vía telefónica a quienes litigamos.”.

Para Eduardo Carrera Pérez, abogado por la Universidad de Guadalajara y fundador de Legal 360, “no podemos decir que la justicia no se detiene, porque la verdad es que sí se detiene, pero por cuestiones ajenas al Poder Judicial de la Federación, sino por cuestiones de autoridades del Poder Ejecutivo. Habrá que hallar la manera en que en esta transición a lo digital veamos el andamiaje jurídico para que todas las autoridades ya tengan su correo independiente de que exista una contingencia, esto debe de ser algo del día a día”.

Y reflexiona: “no sirve tener un andamiaje robusto en materia judicial si las autoridades no van a tener la obligatoriedad y en su caso sanciones por ser omisos y tener todos sus amparos detenidos justamente por la excusa de que no tienen habilitado un correo institucional. Esto (de la justicia digital) ya es la nueva normalidad, ya no hay vuelta atrás”.

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Una vez que se cumplieron 100 días de la declaración de la emergencia sanitaria Transparencia Mexicana informó que 23 poderes judiciales estatales y el Poder Judicial de la Federación reactivaron sus plazos.

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