/ viernes 14 de febrero de 2020

Castigarán con 16 años de cárcel a policías en CDMX que filtren datos sobre feminicidios

La medida sólo aplicará a los servidores públicos y policías, Godoy Ramos precisó que para el caso de los medios de información es la Segob quien regula

Con hasta 16 años de cárcel castigarán a aquellos policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que filtren imágenes, videos o datos sensibles de casos de feminicidio.

Para ello, este viernes la fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, presentó una iniciativa para adicionar un artículo 293 Quater al Código Penal de la Ciudad de México, misma que fue recibida por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, Isabela Rosales.

En entrevista posterior, la fiscal detalló que dicha reforma aplicará solamente para los servidores públicos y policías que filtren datos sensibles, videos o imágenes que sean parte de una carpeta de investigación o bien que estén presentes en la escena de los delitos.

"Esta (sanción) es para servidores públicos, porque de otra manera estaríamos criminalizando a los medios de comunicación y eso tiene otra regulación", aclaró Godoy Ramos, quien precisó que para el caso de los medios de información es la Secretaría de Gobernación (Segob) quien regula.

De acuerdo con el texto presentado, se dará una pena de dos a ocho años de cárcel a aquel servidor público que "indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, video grabe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la ley señala como delito".

Además de la pena de cárcel, se impondrá una sanción de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización, que irían de 43 mil 440 a 86 mil 880 pesos.

Sin embargo, se consideran tres agravantes que podrían aumentar la pena:

"Si se trata de imágenes, audios, videos de cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias de su muerte o de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarán hasta en una tercera parte".

"Tratándose de imágenes, audios, videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de lesiones o estado de salud, las penas se incrementarán hasta en una mitad".

"Cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de alguna corporación policiaca, las penas previstas se incrementarán hasta en una mitad".

Por ejemplo, para el caso de los policías que filtraron fotografías del cuerpo de Ingrid, las penas podrían ser de hasta 16 años, sin embargo, estas no aplicarán hasta en tanto el Congreso no apruebe la iniciativa y la Consejería Jurídica la publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Respecto a la investigación de los servidores públicos que filtraron las imágenes del cuerpo de Ingrid, la fiscal informó que están rindiendo declaración y se trata de seis policías , así como de seis peritos de la Fiscalía que acudieron al lugar de los hechos.

"Espero poder judicializar esta carpeta, ahorita están declarando y estamos pidiendo autorización al juez de control para la intervención de sus teléfonos, para que todo sea legal. Estoy en eso (de separarlos de sus cargos), está la Secretaría de Seguridad con sus órganos internos y nosotros también", comentó.

Con hasta 16 años de cárcel castigarán a aquellos policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que filtren imágenes, videos o datos sensibles de casos de feminicidio.

Para ello, este viernes la fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, presentó una iniciativa para adicionar un artículo 293 Quater al Código Penal de la Ciudad de México, misma que fue recibida por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, Isabela Rosales.

En entrevista posterior, la fiscal detalló que dicha reforma aplicará solamente para los servidores públicos y policías que filtren datos sensibles, videos o imágenes que sean parte de una carpeta de investigación o bien que estén presentes en la escena de los delitos.

"Esta (sanción) es para servidores públicos, porque de otra manera estaríamos criminalizando a los medios de comunicación y eso tiene otra regulación", aclaró Godoy Ramos, quien precisó que para el caso de los medios de información es la Secretaría de Gobernación (Segob) quien regula.

De acuerdo con el texto presentado, se dará una pena de dos a ocho años de cárcel a aquel servidor público que "indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, video grabe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la ley señala como delito".

Además de la pena de cárcel, se impondrá una sanción de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización, que irían de 43 mil 440 a 86 mil 880 pesos.

Sin embargo, se consideran tres agravantes que podrían aumentar la pena:

"Si se trata de imágenes, audios, videos de cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias de su muerte o de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarán hasta en una tercera parte".

"Tratándose de imágenes, audios, videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de lesiones o estado de salud, las penas se incrementarán hasta en una mitad".

"Cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de alguna corporación policiaca, las penas previstas se incrementarán hasta en una mitad".

Por ejemplo, para el caso de los policías que filtraron fotografías del cuerpo de Ingrid, las penas podrían ser de hasta 16 años, sin embargo, estas no aplicarán hasta en tanto el Congreso no apruebe la iniciativa y la Consejería Jurídica la publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Respecto a la investigación de los servidores públicos que filtraron las imágenes del cuerpo de Ingrid, la fiscal informó que están rindiendo declaración y se trata de seis policías , así como de seis peritos de la Fiscalía que acudieron al lugar de los hechos.

"Espero poder judicializar esta carpeta, ahorita están declarando y estamos pidiendo autorización al juez de control para la intervención de sus teléfonos, para que todo sea legal. Estoy en eso (de separarlos de sus cargos), está la Secretaría de Seguridad con sus órganos internos y nosotros también", comentó.

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