/ martes 16 de junio de 2020

Con vivienda de interés social buscan reactivar el desarrollo inmobiliario en CDMX

El Gobierno habilitó el Programa de Reactivación Económica y Producción de Vivienda Incluyente, Popular y de Trabajadores

El sector inmobiliario será uno de los motores para reactivar la economía de la Ciudad de México. Dos semanas después de que la industria de la construcción fue considera como actividad esencial, el gobierno capitalino habilitó el Programa de Reactivación Económica y Producción de Vivienda Incluyente, Popular y de Trabajadores.

El objetivo, se lee en el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial, es “acelerar la tramitación e inicio de obra, para reactivar este ramo de la industria de manera inmediata y multiplicar la disponibilidad de vivienda incluyente en la Ciudad de México”. Para ello se creó una Mesa de Seguimiento a los Proyectos Constructivos.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda presidirá la Mesa de Seguimiento; la de Administración y Finanzas ocupará la secretaría técnica y serán integrantes la del Medio Ambiente; el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el Instituto de Vivienda, la paraestatal Servicios Metropolitanos y las alcaldías.

En esta Mesa, que sesionará cada jueves a las 10:00 horas, se encargará de la revisión y simplificación de trámites de cada proyecto y en ella se tomarán los acuerdos pertinentes, que tendrán que ser por consenso, para facilitar el desarrollo del proyecto inmobiliario del que se trate. Su actuar quedará registrado en minutas de trabajo.

“En tanto entra en vigor la simplificación” de trámites, “para los proyectos que participen en el presente Programa, se amplía el término para subsanar la prevención en los trámites de Registro de Manifestación de Construcción hasta en 60 días hábiles y aquellos que no rebasen los 15 mil metros cuadrados de construcción podrán iniciar obra en tanto subsanan las deficiencias en el Registro de Manifestación.

Las personas físicas o morales interesadas en desarrollar proyectos de vivienda en el marco de este programa deberán manifestarlo dentro de un plazo de 90 días naturales contados a partir de este 16 de junio, mediante un formato de registro que se ingresará ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda o de Administración y Finanzas.

En esta manifestación de interés se deberán proporcionar datos de la persona física o representante legal de la persona moral que promueve el proyecto; el nombre de la persona que funja como Director Responsable de Obra, Perito en Desarrollo Urbano, Prestadora de Servicios Ambientas y una tercera persona acreditada.

También se deberán incluir datos del proyecto como su ubicación, número de niveles, de viviendas, de cajones de estacionamiento, la inversión total estimado y los empleos que se generarían durante el desarrollo de la obra.

“Una vez inscritas en el Programa, las personas interesadas estarán obligadas a culminar la incorporación de su proyecto en el programa (…) Podrán iniciar obra en el momento en que ingresen el Registro de Manifestación de Construcción correspondiente, el cual deberán concluir conforme al seguimiento otorgado en la Mesa”, se indica en el acuerdo.

En el documento se indica que “de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019 el valor real de la producción de las empresas constructoras disminuyó 12%, lo que se reflejó en la pérdida de 14,873 empleos en el sector, equivalente al 1.3%”.

Y “de acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, entre el primer semestre de 2018 y el primer semestre de 2019, el valor de la construcción en la Ciudad de México disminuyó en un 10.9 %, mientras que durante el mismo periodo el número de empleados en el sector disminuyó en un 8.4%”.

Además de que “la producción de vivienda asequible para la población de menores ingresos ha decrecido en la última década, mientras el costo del suelo urbano se ha incrementado en casi 10% anual, como consecuencia del traslado de la oferta hacia el 30% de la población con mayores ingresos, lo que ha derivado en la expulsión de habitantes hacia los municipios conurbados del Estado de México”.

Aunado a esto y al impacto económico que trajo consigo la pandemia por Covid-19 se reconoce que es “indispensable adoptar medidas que fortalezcan la situación económica de la Ciudad de México” y “articular los distintos instrumentos de política pública con que cuenta el Gobierno para impulsar la reactivación de la industria de la construcción, y de la economía en general”.

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El sector inmobiliario será uno de los motores para reactivar la economía de la Ciudad de México. Dos semanas después de que la industria de la construcción fue considera como actividad esencial, el gobierno capitalino habilitó el Programa de Reactivación Económica y Producción de Vivienda Incluyente, Popular y de Trabajadores.

El objetivo, se lee en el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial, es “acelerar la tramitación e inicio de obra, para reactivar este ramo de la industria de manera inmediata y multiplicar la disponibilidad de vivienda incluyente en la Ciudad de México”. Para ello se creó una Mesa de Seguimiento a los Proyectos Constructivos.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda presidirá la Mesa de Seguimiento; la de Administración y Finanzas ocupará la secretaría técnica y serán integrantes la del Medio Ambiente; el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el Instituto de Vivienda, la paraestatal Servicios Metropolitanos y las alcaldías.

En esta Mesa, que sesionará cada jueves a las 10:00 horas, se encargará de la revisión y simplificación de trámites de cada proyecto y en ella se tomarán los acuerdos pertinentes, que tendrán que ser por consenso, para facilitar el desarrollo del proyecto inmobiliario del que se trate. Su actuar quedará registrado en minutas de trabajo.

“En tanto entra en vigor la simplificación” de trámites, “para los proyectos que participen en el presente Programa, se amplía el término para subsanar la prevención en los trámites de Registro de Manifestación de Construcción hasta en 60 días hábiles y aquellos que no rebasen los 15 mil metros cuadrados de construcción podrán iniciar obra en tanto subsanan las deficiencias en el Registro de Manifestación.

Las personas físicas o morales interesadas en desarrollar proyectos de vivienda en el marco de este programa deberán manifestarlo dentro de un plazo de 90 días naturales contados a partir de este 16 de junio, mediante un formato de registro que se ingresará ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda o de Administración y Finanzas.

En esta manifestación de interés se deberán proporcionar datos de la persona física o representante legal de la persona moral que promueve el proyecto; el nombre de la persona que funja como Director Responsable de Obra, Perito en Desarrollo Urbano, Prestadora de Servicios Ambientas y una tercera persona acreditada.

También se deberán incluir datos del proyecto como su ubicación, número de niveles, de viviendas, de cajones de estacionamiento, la inversión total estimado y los empleos que se generarían durante el desarrollo de la obra.

“Una vez inscritas en el Programa, las personas interesadas estarán obligadas a culminar la incorporación de su proyecto en el programa (…) Podrán iniciar obra en el momento en que ingresen el Registro de Manifestación de Construcción correspondiente, el cual deberán concluir conforme al seguimiento otorgado en la Mesa”, se indica en el acuerdo.

En el documento se indica que “de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019 el valor real de la producción de las empresas constructoras disminuyó 12%, lo que se reflejó en la pérdida de 14,873 empleos en el sector, equivalente al 1.3%”.

Y “de acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, entre el primer semestre de 2018 y el primer semestre de 2019, el valor de la construcción en la Ciudad de México disminuyó en un 10.9 %, mientras que durante el mismo periodo el número de empleados en el sector disminuyó en un 8.4%”.

Además de que “la producción de vivienda asequible para la población de menores ingresos ha decrecido en la última década, mientras el costo del suelo urbano se ha incrementado en casi 10% anual, como consecuencia del traslado de la oferta hacia el 30% de la población con mayores ingresos, lo que ha derivado en la expulsión de habitantes hacia los municipios conurbados del Estado de México”.

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