Los cargos de directores de Obras Públicas Delegacionales fueron repartidos como cuotas políticas y sin cumplir con los requisitos de ley, sin importar que esto pone en riesgo a la población, aseguró el presidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros, Marcos Theurel Cotero.
Señaló que 50 por ciento de los directores de Obras Públicas Delegacionales no acreditan conocimientos de construcción.
En entrevista, señaló que lo más grave es que 38 por ciento de los directores de Obras Públicas Delegacionales acreditan solo estudios de preparatoria, es decir, seis de 16, mientras que dos son abogados y sostuvo que solo el 50 por ciento restante acredita títulos y cédulas de ingenieros y/o arquitectos.
Theurel Cotero advirtió que es más peligroso vivir en una delegación donde los funcionarios públicos, particularmente los directores de Obras, son negligentes o incapaces, que vivir cerca de una falla geológica.
Comentó que de acuerdo con los análisis que realizaron después del sismo del 19 de septiembre, el riesgo de colapso de edificios en delegaciones donde los directores de Obras Públicas no cuentan con estudios fue 2.5 veces mayor, que en las demarcaciones donde los directores de Obras son ingenieros o arquitectos.
Detalló que 71 por ciento de los edificios colapsados (27 de 38) se ubicaron en las delegaciones donde los directores de Obras Públicas solo estudiaron preparatoria y no acreditan cédula profesional y mencionó que solo 29 por ciento de los edificios colapsados se ubicaron en delegaciones donde los directores de Obras Públicas son ingenieros o arquitectos con cédula profesional.
Entre los directores de Obras Públicas que apenas tienen preparatoria mencionó a los de Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Iztacalco y Magdalena Contreras.
Indicó que el de la Benito Juárez, Nicias René Aridjis Vázquez, ya fue cesado; en tanto que el encargado de la delegación Cuauhtémoc, Humberto Chavarría Echartea, aparece en la página de Internet de la demarcación con su currículum en blanco.
Por otro lado, el diputado local de Nueva Alianza, Juan Gabriel Corchado, cuestionó que justo después del sismo del 19 de septiembre, el Sistema de Información Geográfica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), que permite conocer los usos de suelo y los trámites, así como el listado de Directores Responsables de Obra (DRO) se haya caído.
Coincidió con la propuesta del asambleísta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Alberto Chávez, de incrementar sanciones a los directores de obra, así como a los propietarios de inmuebles cuando no cumplan con sus obligaciones.
La propuesta propone reformar el artículo 329 Bis del Código Penal para la Ciudad de México, que contempla hasta 10 años de prisión a un DRO que autorice o permita el desarrollo de una construcción, de la que otorgó su responsiva, sin apego a la licencia, autorización o permiso de las leyes de la capital.
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