/ domingo 3 de noviembre de 2019

Descubren anomalías en reconstrucción tras sismos del 19S

Se entregaron apoyos sin contar con la emisión del Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo

Fueron detectadas irregularidades en el proceso para entregar recursos de apoyo a damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, lo que infló hasta 35 por ciento los trabajos de rehabilitación de inmuebles, sin tener derecho a este apoyo, según un reporte de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, del año 2018.

El segundo informe parcial de la fiscalización superior de la cuenta pública de la Ciudad de México del ejercicio 2018, que fue entregado el pasado jueves al Congreso capitalino, da cuenta que ese año la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) ejerció en su totalidad 125 mil 347 pesos de los apoyos para la reconstrucción de vivienda y unidad habitacional de la Ciudad de México, por lo que la auditoría determinó revisar 17 expedientes de proyectos.

Los 17 expedientes contaron con el dictamen como inmuebles no habitables que no pueden ser rehabilitados -emitido por el Instituto de Seguridad para las Construcciones, un corresponsable en seguridad estructural o un Director Responsable de Obra con registro vigente- sin embargo, seis presentaron deficiencias, ya que se tramitaron y entregaron los apoyos sin contar con el Dictamen para la aplicación de la Ley de Reconstrucción y emisión del Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo en su modalidad de Reconstrucción de Vivienda (CURVI) Ese año la secretaría estuvo a cargo de Felipe de Jesús Gutiérrez, quien ahora es requerido ante la justicia por desviar recursos destinados a la reconstrucción.

“La Seduvi contó con la autorización de su titular para ejercer los recursos del rubro en revisión; que las ayudas se sujetaron a criterios de solidaridad social, equidad de género, transparencia, accesibilidad, objetividad, corresponsabilidad y temporalidad; sin embargo, se materializaron riesgos con impacto en las operaciones, ya que la dependencia tramitó y entregó ayudas económicas a seis personas que no cumplieron la totalidad de los requisitos para su asignación, lo que derivó en el otorgamiento de un incremento de hasta 35 por ciento de potencial constructivo”, se lee en la auditoría.

El documento añade que en el análisis de la información proporcionada por la Seduvi se determinó que aún cuando las seis personas citadas sí eran candidatos a ser beneficiarias de los apoyos económicos, el hecho de no contar con el dictamen representó que se les entregaran dichos apoyos con este incremento.

La actual titular de la Seduvi, Ileana Villalobos, fue terminante durante su comparecencia en el Congreso local el mes pasado: “En la Seduvi nadie confía, estamos cuesta arriba construyendo esa confianza y esa credibilidad institucional que se requiere. Desde que llegan a la puerta, a la ventanilla, ya todo mundo está dudando de la Seduvi”.

Ahora le tocará cumplir la recomendación ASCM-3-18-6-SEDUVI, la cual dicta que es necesario que la secretaría a su cargo implemente mecanismos de control y supervisión para asegurar que los montos de las ayudas otorgadas se calculen conforme a la normatividad.

Fueron detectadas irregularidades en el proceso para entregar recursos de apoyo a damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, lo que infló hasta 35 por ciento los trabajos de rehabilitación de inmuebles, sin tener derecho a este apoyo, según un reporte de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, del año 2018.

El segundo informe parcial de la fiscalización superior de la cuenta pública de la Ciudad de México del ejercicio 2018, que fue entregado el pasado jueves al Congreso capitalino, da cuenta que ese año la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) ejerció en su totalidad 125 mil 347 pesos de los apoyos para la reconstrucción de vivienda y unidad habitacional de la Ciudad de México, por lo que la auditoría determinó revisar 17 expedientes de proyectos.

Los 17 expedientes contaron con el dictamen como inmuebles no habitables que no pueden ser rehabilitados -emitido por el Instituto de Seguridad para las Construcciones, un corresponsable en seguridad estructural o un Director Responsable de Obra con registro vigente- sin embargo, seis presentaron deficiencias, ya que se tramitaron y entregaron los apoyos sin contar con el Dictamen para la aplicación de la Ley de Reconstrucción y emisión del Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo en su modalidad de Reconstrucción de Vivienda (CURVI) Ese año la secretaría estuvo a cargo de Felipe de Jesús Gutiérrez, quien ahora es requerido ante la justicia por desviar recursos destinados a la reconstrucción.

“La Seduvi contó con la autorización de su titular para ejercer los recursos del rubro en revisión; que las ayudas se sujetaron a criterios de solidaridad social, equidad de género, transparencia, accesibilidad, objetividad, corresponsabilidad y temporalidad; sin embargo, se materializaron riesgos con impacto en las operaciones, ya que la dependencia tramitó y entregó ayudas económicas a seis personas que no cumplieron la totalidad de los requisitos para su asignación, lo que derivó en el otorgamiento de un incremento de hasta 35 por ciento de potencial constructivo”, se lee en la auditoría.

El documento añade que en el análisis de la información proporcionada por la Seduvi se determinó que aún cuando las seis personas citadas sí eran candidatos a ser beneficiarias de los apoyos económicos, el hecho de no contar con el dictamen representó que se les entregaran dichos apoyos con este incremento.

La actual titular de la Seduvi, Ileana Villalobos, fue terminante durante su comparecencia en el Congreso local el mes pasado: “En la Seduvi nadie confía, estamos cuesta arriba construyendo esa confianza y esa credibilidad institucional que se requiere. Desde que llegan a la puerta, a la ventanilla, ya todo mundo está dudando de la Seduvi”.

Ahora le tocará cumplir la recomendación ASCM-3-18-6-SEDUVI, la cual dicta que es necesario que la secretaría a su cargo implemente mecanismos de control y supervisión para asegurar que los montos de las ayudas otorgadas se calculen conforme a la normatividad.

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